El difícil presente de los indultados del estallido social

Una semana después de recibir el indulto y salir de prisión, los 12 condenados por los hechos de violencia durante el estallido social que fueron beneficiados con la remisión condicional de sus penas por el Presidente Gabriel Boric -el decimotercer indultado, el exfrentista Jorge Mateluna, cumplía una condena anterior por delitos que no estaban relacionados con las violentas movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre de 2019-, debieron presentarse en el Centro de Reinserción Social correspondiente al lugar de su domicilio. Ahí escucharon las normas que obligatoriamente debían seguir si querían conservar su libertad hasta el cumplimiento definitivo de sus condenas.

Algunas de las obligaciones eran: firmar mensualmente en el CRS, no cometer nuevos delitos, y no participar de marchas ni desórdenes públicos. Pero no sólo eso. También se les intruyó no dar entrevistas y mantener un bajo perfil por largo tiempo, dado el impacto mediático y la polémica que rodeó su excarcelación. Una instrucción que se les repitió con más fuerza cuando uno de ellos, Luis Castillo Opazo, grabara un video al salir de prisión en Copiapó, que luego publicó en sus redes, donde llamaba a “salir de las trincheras, no bajar los brazos, seguir luchando y mantener las convicciones intactas”.

Desde el Departamento de Reinserción Social del Ministerio de Justicia aseguraron que desde diciembre pasado, cuando salieron de la cárcel, los 12 indultados han cumplido con la obligación de la firma mensual y que han mantenido contacto con sus tutores en los CRS.

Varios han recibido ofertas de cursos de capacitación laboral en el mismo CRS donde firman y se controlan, aunque no todos lo han aprovechado.

La falta de trabajo es uno de los principales problemas que enfrentan: pese al indulto, la condena y su paso por la cárcel, no se borra de los papeles de antecedentes. Y a diferencia de Castillo Opazo, la mayoría los indultados contactados para este reportaje dice que lo único que desean es “dar vuelta la página” y recuperar sus vidas previas al estallido.

Aseguran que se han mantenido alejados de las movilizaciones y protestas, incluso algunos desistieron de seguir apoyando las marchas de pobladores en toma en las zonas donde viven y a las cuales se sumaban hasta antes de su detención.

Hoy casi no manejan redes sociales y pasan la mayor parte del tiempo junto a sus familiares, como es el caso de Claudio Romero Domínguez, el joven de 22 años de Alto Hospicio condenado a cinco años de presidio por porte y lanzamiento de bombas molotov.

“No hay nada más que decir, esto ya se cerró”, dice desde el norte el padre de Claudio.

Lo mismo ocurre con Alejandro Carvajal Gutiérrez (23), quien fuera condenado a cinco años de cárcel en febrero de 2021 por su participación en el incendio de la sede de la Universidad Pedro de Valdivia en Vicuña Mackenna, a pasos de Plaza Italia.

“Lo sentimos mucho, pero Alejandro ni nadie de la familia está disponible para hablar”, señalan sus familiares.

El joven vive junto a su familia en un céntrico cité ubicado en el barrio Yungay, a sólo dos cuadras de la casa del Presidente Gabriel Boric.

-Ahí viene el Fran -dice uno de sus hermanos, apuntando a un joven que se acerca caminando por el angosto pasaje de una población de pequeñas casas pareadas justo en la frontera de las comunas de La Florida y La Granja, en la zona sur de Santiago.

Francisco Andrés Hernández Riquelme (24) avanza bajo el sol, vestido con una polera negra y bluejeans. En una mano lleva una bolsa de pan y en la otra, unos jugos y algunas cosas más que acaba de comprar en el negocio de la esquina. Es miércoles 11 de octubre, a las 16 horas, y a ninguno de los vecinos parece llamarle la atención que Hernández se encuentre a esa hora en casa con su familia. Así ha sido la mayor parte del tiempo desde que salió de la cárcel, en diciembre pasado, donde purgaba una condena de cinco años por lanzamiento de artefacto incendiario en las inmediaciones de Plaza Italia.

“No puedo hablar. Me recomendaron no decir nada, como estoy con el ‘foco puesto’, no conviene que diga nada”, dice.

Su tono es pausado y calmo. No parece estar a la defensiva, aun cuando admite que ha sido difícil reinsertarse. “No tengo pega. Con los papeles manchados no encuentras pega en ningún lado”, cuenta. Se las arregla con algunos ‘pololitos’ que esporádicamente le caen.

Hernández ya estaba fuera de la cárcel, cumpliendo condena en medio libre, cuando el Presidente Gabriel Boric le concedió el indulto. Por eso, es el único del grupo que no tiene la obligación de firmar mensualmente en el CRS.

Pero aunque el decreto no lo sacó de la cárcel, igual le benefició. Cuando salió de prisión, le habían puesto una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos. Estaba obligado a permanecer en su domicilio todas las noches desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana siguiente. Así debía ser hasta el 2024, cuando cumpliría su condena.

Pero una semana después del indulto, lo llamaron del CRS para sacarle la tobillera electrónica. “Fue un enorme alivio. Ahora puedo moverme libremente a toda hora. Además, la tobillera estaba fallando y tenía que ir a reclamar todo el tiempo, porque a veces no registraba donde me encontraba y alguien podría creer que estaba incumpliendo mi condena”, dice.

Aunque liberarse de la tobillera fue un alivio, el indulto, por otro lado, lo dejó sin posibilidad de realizar un curso de capacitación laboral.

Poco antes de que saliera el decreto, en el CRS la tutora a cargo de su caso le había ofrecido la posibilidad de capacitarse. Él había elegido un curso que lo habilitaba como conductor de grúa horquilla, certificado que le hubiera permitido mejorar sus opciones laborales. Tras el indulto, no lo pudo tomar, ya que figura como egresado del sistema.

“Estoy alejado de todo”, dice. Sólo por redes sociales sabe algo de los otros detenidos durante el estallido social, aunque dice no contactarse con ellos. Es consciente de que debe mantenerse alejado de cualquier problema, lo que es ratificado por algunos vecinos y familiares.

-”De verdad que no puedo hablar más”, reitera y se despide con un apretón de manos para luego entrar a su casa a dejar el pan y las cosas para el té familiar.

Jordano Santander Riquelme (39) alcanzó a estar en prisión tres de los siete años a los que fue condenado el 21 de abril de 2021 por el delito de homicidio frustrado de un funcionario de la PDI. El hecho ocurrió en marzo de 2020. Santander conducía un automóvil, desde el cual lanzaban balines y objetos contundentes contra los vidrios de los edificios de San Antonio, Quinta Región, cuando fueron detenidos por un control policial. En ese momento, Santander intentó huir, embistiendo el automóvil de los detectives.

“Desde que salió gracias al indulto, él ha ido a firmar al CRS de San Antonio, lo hace en los primeros días de cada mes. El mes pasado, de hecho, estuvo haciendo un curso de barbería al que lo invitó el CRS y ahora está esperando la ceremonia de graduación y que le den su diploma”, relata Tania Parada, pareja de Jordano.

“En el CRS la tutora le preguntó qué pensaba hacer. Él le dijo que de verdad estaba enfocado en salir adelante, recuperar el tiempo con su hijo. Además, él por voluntad propia ya había hecho entre marzo y mayo un curso de carpintería gruesa. Actualmente, Jordano está trabajando como carpintero, empastando, pintando y arreglando casas en San Antonio. También corta el pelo a algunos vecinos de la toma donde vivimos, pero no les cobra, no hay caso, pero él dice que así aprende un poco más”, dice Parada.

De acuerdo con el relato de su pareja, la tutora que está a cargo del caso de Santander en el CRS fue clara al advertirle que tenía que cuidarse, “que no podía ni asomarse a una marcha, ni para tomar fotos, menos participar en protestas”. Asegura que ha seguido estrictamente esa recomendación. “Ya no le interesa eso. En San Antonio se han realizado varias marchas de pobladores en toma, él antes iba a apoyarlas, pero ahora no participa en nada, ni siquiera las comenta”. También le recomendaron que mantuviera un bajo perfil y que no diera entrevistas.

“A veces cuando ve las noticias, Jordano me dice que siente que estamos viviendo un retroceso terrible. Una vez me dijo: ‘Nunca imaginé salir así, siempre pensé que cuando saliera me encontraría con un Chile muy distinto y no peor a como era antes del estallido’”.

La salud de Santander, asegura su pareja, ha seguido complicada. Toma remedios para el dolor de espalda y tres veces a la semana va a un sicólogo del programa para personas que han sido víctimas de violencia de agentes del Estado. Hace algunas semanas lo derivaron al siquiatra, pero aún no logra que le den una hora en salud mental.

“Las sesiones son en la sede de la Gobernación de San Antonio, lo que es muy estresante para Jordano, porque está muy cerca de la cárcel. Nunca ha ido solo, siempre lo acompaño yo o su padre, porque él no se atreve a salir solo a la calle. Cuando se va al trabajo, debo llamarlo para saber si llegó y calmarlo. Tampoco le gusta mucho quedarse solo en la casa, debemos ir turnándonos para que siempre haya alguien acompañándolo, porque si no, comienza a desesperarse”, afirma Parada.

Según su pareja, Santander no salió bien de la cárcel. “La sicóloga que lo trata nos dijo que él ya no era el mismo que conocíamos cuatro años antes. Es otro Jordano. Jordano sigue muy perseguido, se asusta cuando ve a la policía, se le tensa completo el cuerpo cuando ve un auto de la PDI. El otro día estaba muy enfermo, pero se negaba a ir a urgencia, porque eso significaba pasar al lado del cuartel de la PDI y no es capaz de hacerlo”.

Dos querellas por torturas en contra de funcionarios de la PDI presentaron con apoyo de Defensa Popular y el INDH, las que no han avanzado prácticamente nada. Hace poco, se dispuso el traslado de la causa desde San Antonio a una fiscalía de Santiago.

La presión mediática sobre su caso, sin embargo, no le ha afectado negativamente. Tras salir en libertad, dice Parada, mucha gente lo reconoce en la calle y se le acerca a abrazarlo. “En San Antonio muchos cabros y personas adultas lo reconocen y se le acercan para saludarlo, para decirle que bueno que esté libre y le dicen ‘¡aguante Jordano!’”.

A Santiago no le gusta venir. Lo hizo en febrero pasado, poco después de salir en libertad. Vino a ver a dos amigos que lo apoyaron en su paso por la cárcel. Aprovechó el viaje para ir a conocer “plaza Dignidad”, uno de los epicentros del estallido, y al que sólo había visto por televisión. “Estuvimos un rato muy corto, no quisimos exponer mucho a Jordano”.

El INDH le propuso que postulara a una pensión del Estado, pero Jordano Santander no aceptó.

No ha sido fácil para Matías Rojas Marambio (22 años) volver a estabilizarse tras su salida de la cárcel, cuentan sus cercanos: “La pasaron muy mal, por eso es mejor no ahondar en eso, lo único que él quiere es volver a tener una vida normal, algo que le ha costado mucho. Para todos nosotros fue una situación horrible y que no conocíamos, nunca antes habíamos pasado algo así”.

Rojas tuvo muchas dificultades para encontrar un trabajo: “Presentó más de 20 currículums, lo llamaban a entrevista porque es un cabro joven que les servía, pero cuando mostraba su papel de antecedentes, ya no lo volvían a llamar más”, relatan sus familiares.

Trabajó un tiempo como cargador de camiones hasta que hace poco un amigo de la familia logró convencer a su jefe de que Rojas estuvo preso a raíz del estallido social y no por otra cosa, para que le diera una oportunidad laboral en una distribuidora.

Matías Rojas fue condenado a cinco años de prisión por el lanzamiento de artefacto incendiario, siendo vinculado al atentado del hotel Principado de Asturias en Santiago Centro.

“Gracias a Dios ahora está bien”, remarcan. Trabaja de lunes a sábado, y como su pega está lejos de su casa en Pudahuel, sale cada día antes de las 6 de la mañana y regresa pasadas las 11 de la noche, “a puro dormir”.

La familia quedó en una situación económica muy complicada tras la detención de Matías. “Contrajimos muchas deudas para pagar su defensa y mantenerlo mientras estaba en la cárcel. Dos veces han estado por rematarnos la casa. Por eso Matías está full pega para ayudar a pagar esos créditos que pedimos”, cuentan.

“Queremos que Matías se olvide de lo que vivió, que se olvide del estallido y de lo que fue la cárcel. Lo único que queremos es que haga una vida normal. Nunca va a olvidar lo que pasó en la cárcel, lo pasó supermal, pero al menos que esté con su tiempo ocupado y que salga adelante”, señalan sus familiares.

Según sus cercanos, desde que Rojas salió de prisión, en diciembre pasado, no ha vuelto a participar en movilizaciones sociales ni protestas: “Ahora estamos enfocados por completo en otra cosa, él siente que eso ya no vale la pena”, aseguran sus cercanos.

El día 20 de cada mes, va al CRS Santiago Occidente a firmar el libro de control del cumplimiento de condena en remisión, trámite que tiene que hacer hasta el 6 de abril del 2025, el día en que hubiese cumplido su condena de no haber habido indulto.

Cristián Cayupán (31) se asoma por la reja de la casa de sus padres, ubicada en un pequeño pasaje en la zona sur de la comuna de Pudahuel, casi al borde de Maipú. Es miércoles 11 de octubre a las 13:45 horas, y aún no termina de almorzar en compañía de su papá.

La vivienda es pequeña y, con la puerta abierta, el comedor queda expuesto a la vista desde la calle.

Se ve más delgado de lo que figuraba en las fotografías que le tomaron al momento de ser detenido el 21 de diciembre de 2019, tras ser acusado de homicidio frustrado a una detective de la PDl, en Pudahuel, cuando Cayupán atropelló a la funcionaria, hecho por el que fue condenado a 15 años de prisión, pena que le fue conmutada por el indulto. La investigación nunca logró aclarar si las secuelas más graves de la detective fueron causadas por el atropello de Cayupán o por un disparo de otro policía durante el incidente.

Cayupán viste un chaleco gris y pantalón de tela color oscuro. Insistimos en conversar con él. Su mirada es triste. “De verdad que no puedo hablar, no es conveniente que hable con la prensa”, dice a modo de despedida.