El general no tiene quien le informe: El interrogatorio a Rozas por el caso Gatica

“El detalle no lo conozco”, “no tengo la información, la haré llegar a la fiscalía”, repitió en más de una ocasión durante el 25 de noviembre pasado.

Ese día, el general director de Carabineros, Mario Rozas, fue interrogado en calidad de testigo en la investigación de uno de los casos más emblemáticos del estallido social: ese que busca determinar quién o quiénes fueron los carabineros de Fuerzas Especiales que la tarde del 8 de noviembre dispararon perdigones en una manifestación y dejaron ciego al joven Gustavo Gatica. En varios pasajes de su declaración, el mandamás de Carabineros se queda sin respuestas ante las interrogantes del Ministerio Público.

A casi cinco meses de que el estudiante de Sicología de 21 años recibiera disparos en su cara con escopetas antidisturbios, la Fiscalía Centro Norte ordenó los últimos peritajes que buscan establecer -más allá de ninguna duda- la identidad de los autores de un hecho que se calificará ante tribunales como un apremio ilegítimo, una figura penal que se encuadra en los delitos de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado.

Seis días antes del interrogatorio en la Fiscalía Centro Norte, el general director había anunciado el cese del uso de escopetas antidisturbios que a esa altura, según información del INDH, había provocado cientos de lesiones oculares, siendo el caso más grave el de Gatica. Por tal motivo, las primeras preguntas de los investigadores se enmarcaron en la circular N°1832 sobre el uso de la fuerza y la actualización de dicha normativa. Entonces, Rozas señala que como jefe de servicio tiene que ver la parte estratégica de la institución y dejar por escrito la normativa sobre el uso de la fuerza. Añade que para ello se conformó, junto al Ministerio del Interior, una mesa de trabajo, y una vez acordadas las instrucciones, se publican en el Diario Oficial y se socializan entre los carabineros de la institución. “¿Quiénes intervienen en este proceso de actualización por parte del Ministerio del Interior?”, le preguntan los fiscales. El alto oficial hace una pausa y responde: “El detalle no lo conozco”.

Luego vino el turno de las escopetas y los balines que ocupaban sus carabineros. Rozas confirma que se usan escopetas de repetición marca Hatsan, modelo Escort, que se utilizan “balines de goma y el super sock”, y que no recordaba que se usara otro tipo de arma no letal. Pero el comisario de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, Cristián Lizama, lo interrumpe. Le insiste sobre si no sabe del uso de más escopetas. “A su pregunta, comisario, se utiliza también la carabina antidisturbios como lanzagases, que es un disuasivo químico. A su pregunta, no tengo la información sobre la época en que se adquirieron las escopetas. Sí tengo claro que no fue en mi período. Haré llegar a la fiscalía la información”.

En la toma de declaración los fiscales le preguntan cómo Carabineros determina el tipo de munición, es decir, cómo escogen si van a usar súper sock o balín con perdigones con componentes de goma. “Entiendo que se determina de acuerdo al escenario, pero en la parte operativa, no tengo un detalle”, sostiene el jefe de la institución.

Algo incómodo, Rozas se apura en explicar que “cada operación policial tiene una planificación, ahí consta qué armamento se utiliza, municiones y también el responsable de la operación”.

En ese momento, el fiscal Francisco Ledezma guía la conversación hacia uno de los lugares a los que el Ministerio Público quería llegar. El persecutor le pide detalles de qué hace esa jefatura, es decir, el “responsable de la operación”, como acababa de decir el general. “El responsable lo es en forma integral, es decir, por ejemplo, da orden de disparar, previene que existan abusos, él se hace cargo de todos los cursos de acción para cumplir el objetivo de la operación misma”, responde.

Fue entonces cuando Rozas admite que “cada jefe de servicio, en cada operación, decide qué munición se utiliza”. Deslindando responsabilidad, Rozas sostiene ante Ledezma, la fiscal Ximena Chong y el comisario Lizama: “La diferencia entre una y otra munición es un tema operativo que no está dentro de mis competencias”. Frente a los requerimientos de mayor precisión en este ámbito por parte de los investigadores, el mandamás de la policía uniformada señala que “por lo general se estaba utilizando la munición no letal perdigón, por lo menos eso es lo que se me ha informado y es la que ha causado la mayor cantidad de lesiones”.

Gustavo Gatica estaba sacando fotografías el viernes 8 de noviembre en medio de una concentración en Plaza Baquedano tras el estallido social. El estudiante estaba con su cámara y había recién llegado, entre las 17.30 y 18.30 horas, a la intersección de las calles Vicuña Mackenna con Carabineros de Chile, cuando de manera imprevista, mientras miraba hacia el poniente, recibió un perdigón en cada uno de sus ojos. Entre lo sufrido por el joven de 21 años y la declaración de Rozas ante la fiscalía pasaron exactos 17 días.

Sobre cómo empezó a operar Carabineros con los civiles fallecidos o lesionados post estallido, Rozas reconoce que tras el 18 de octubre se le informaba de estas situaciones a través del director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez, con quien se reunía a diario, y si algo le llamaba la atención le consultaba. Pero “sin meterme en el ámbito de las operaciones”, dijo.

La primera pregunta sobre el caso de Gatica surge varios minutos después del interrogatorio.

-¿Cómo y cuándo se enteró usted de este hecho?-, le preguntan.

-Me entero por la prensa, no sé si en un programa de televisión o alguien me pregunta sobre esto, pero los detalles específicos yo no los conozco.

Tras las lesiones sufridas por Gatica, el general Rozas fue requerido en varias ocasiones por la prensa, que pedía información sobre el caso. Rozas, entonces, aseguró que los policías estaban identificados. “Quiero explicar que cuando yo en prensa indiqué que se sabía quiénes eran los funcionarios me refería que sabiendo día y lugar, es posible cruzar la información y determinar qué funcionarios estuvieron en el lugar”, dice ante los fiscales. De hecho, en su declaración el general director devela no manejar el detalle del caso por el cual estaba ahí sentado. “Hoy recién me entero que la ubicación del hecho es calle Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna, yo tenía entendido que era en Pío Nono. No recuerdo quién me entregó esa información. A la pregunta del fiscal Ledezma, pese a la trascendencia del caso, yo no indagué formalmente sobre quiénes pudieron tener participación”.

Fue entonces cuando Chong y Ledezma, ambos de la Unidad de Alta Complejidad, le exhiben a Rozas un video de una entrevista en CNN. “General, se han publicado en diversos medios declaraciones suyas en que afirma que la persona que disparó a Gustavo Gatica está identificada. ¿Qué información tiene usted?”, le pregunta la investigadora. Rozas responde: “No. Como le explico, yo sostengo que con un día, lugar y hora se puede determinar. Es ese el correcto sentido de lo que dije”.

Al afrontar la pregunta si se ordenó un sumario al conocer el caso de Gatica, el general director dijo que sí, pero “no sé el detalle de quién lo tiene a cargo, pero lo puedo hacer llegar. Me basta con saber que exista sumario, pero por el volumen de información, aunque me encantaría, no conozco otros detalles. No sé dónde está radicado el sumario, pero le puedo enviar la información”.

A los interrogadores les quedaban muchas preguntas pendientes. En ese momento, le consultan si habiendo conocido las consecuencias del caso de Gatica, dio una orden sobre el uso del arma en cuanto a distancia y dirección de los disparos. “No hay día en que yo no reitere la orden de procedimiento conforme a la ley, conforme al estado de derecho, el control y el buen trato de los detenidos. Permanentemente le reitero al alto mando la instrucción estratégica de respetar los derechos humanos y hacer un buen uso del material fiscal”.

Los fiscales le refieren a un oficio del 23 de octubre, en que el Ministerio del Interior le pide a Carabineros informar por casos de civiles lesionados o fallecidos en base a la contingencia. Rozas, sin dar cuenta si lo recibió, dijo que le hacía sentido esa coordinación.

-¿Informó usted el caso de Gustavo Gatica?.

-Tendría que levantar la información, a nivel de director de Orden y Seguridad o de secretario general se remitió esa información.

En el texto se da cuenta del estado de conocimiento del mandamás de Carabineros respecto de los hechos que estaban sucediendo. Por ejemplo, dice que conoció del informe sobre traumas oculares que hizo el Hospital del Salvador, “solo como usuario de prensa”, porque “para restringir el uso de las escopetas el detalle de ese informe no fue un factor, me fue suficiente como información oficial la cifra de afectados”.

Sobre el uso de las cámaras Go-Pro dijo que al momento de lo sucedido con Gatica aún no se determinaba que cada funcionario con escopeta llevara una. Dijo no saber de qué tipo de tarjeta estaban dotadas y que desconocía si cuando se denunciaba un hecho que los implicaba a ellos, estas imágenes se ponían de inmediato a disposición de la fiscalía. Ello, en circunstancias que su llegada al mando de Carabineros se dio precisamente porque unos oficiales manipularon pruebas -entre ellas, una tarjeta de Go Pro- para ocultar las circunstancias de muerte del comunero Camilo Catrillanca, cuestión que abrió una crisis en la institución que terminó con la remoción de su antecesor.

En ese momento, los fiscales afinaron su puntería. “¿Cómo explica usted que existan registros de acciones de cobertura a civiles y no de acciones lesivas?”, preguntaron. “No sé el detalle de la instrucción; es cada escopetero una cámara. No sé si se activa al disparar o si cuando está disparando está grabando. Eso no lo sé, pese a que es una instrucción mía”. Agregó que ahora sabía que la Subsecretaría de Prevención del Delito tomó contacto con Carabineros para implementar cámaras que “no puedan manipularse y las imágenes ir directo a una nube”.

“Expreso mi voluntad de cooperar en esta y otras causas”, dijo el policía.

“¿Podría referirnos el número de escopetas antidisturbios que mantiene Carabineros y su distribución a nivel país?”, preguntaron los fiscales. “Tengo una cantidad y se lo puedo hacer llegar. Entiendo que son dos mil y algo distribuidas a nivel país. Asumo que la mayor cantidad debe estar en la Región Metropolitana, ya que acá se concentra el mayor número de operaciones”. La fiscalía insistió: “¿El armamento no letal antidisturbios corresponde a escopetas de repetición? ¿Se analizaron los efectos de esa condición a la hora de regular su uso?”. Rozas: “Desconozco ese detalle. Por lo que yo sé, nunca hemos utilizado escopetas tiro a tiro, por un tema de carácter práctico”.

Otro de los temas que se trataron en el interrogatorio fue si Rozas como general director conocía las reglas bajo las cuales Carabineros estaba facultado para ocupar esas armas no letales. “Se ha ido acotando”, dijo, y agregó que “lo último que yo dispuse es utilizarlas solo frente a peligro inminente de muerte”. En ese minuto, reconoce que existen discrepancias en la composición de los balines que fue descubierta por un estudio de la Universidad de Chile que cuestionó que solo fueran de goma y que incluía un alto porcentaje de metales. “Encargué un estudio en Chile y en el exterior”, les dijo el general director a los investigadores.

“¿Se evaluó el reemplazo de esas municiones?”, retrucó el fiscal Ledezma. Rozas dice que se revisó la compra y lo que decía el proveedor, pero que “con el estudio de la Universidad de Chile surge la primera duda razonable sobre la composición del perdigón y, en este caso, se decide, además, levantar la posibilidad de adquirir otro tipo de armamento no letal antidisturbios, que disminuya el riesgo de lesiones”. Según Rozas, de ahora en adelante, el arma que se habría utilizado contra Gatica y otros cientos de manifestantes solo se usaría en caso de peligro de muerte, pero de su instrucción de estudio no había documentos, sino solo una instrucción verbal a su director de Logística.

El número 1 de Carabineros asegura también que en cada capacitación había instrucciones para los uniformados sobre cómo se debían dirigir los disparos para causar menos daños a las personas. Sobre si él ordenó que se denunciara el mal uso de la fuerza, Rozas asegura que se dispuso realizar sumarios e informarle al Ministerio Público. “Por uso de perdigón o impacto balístico hay abiertos cerca de 400 a 480 sumarios. En Punta Arenas hay 54, según recuerdo, pero puedo enviarle la información exacta”, respondió.

Los fiscales le exhiben un documento del Labocar, una circular con instrucciones que decían que el tirador debía mantener distancia de su blanco para prevenir un daño mayor. El oficial dice que conoció del estudio por la prensa, pero aún no lograba corroborar que fuera de Labocar: “No sé el detalle”. Sobre si los balines fueron probados antes de su uso para el estallido social, Rozas contesta: “Desconozco”. Y requerido si a propósito de las manifestaciones después del 18 de octubre se habían adquirido más municiones, responde: “Desconozco”. “Le puedo enviar el detalle”, agregó, y añadió que él entendía que se seguía operando con la compra de municiones del año 2017.

Llegó el turno de una nueva pregunta de la fiscalía. “¿Cuántos oficiales y suboficiales de Carabineros están certificados para el uso de este armamento no letal antidisturbios?”. Rozas esperó unos segundos y admitió: “No lo manejo, pueden ser oficiales o suboficiales. No tengo el detalle tampoco sobre si hay certificación automática o si por sus funciones, siempre pueden utilizarlas funcionarios Gope o FF.EE”. Entonces los investigadores le piden señalar dónde constan dichas certificaciones, ante lo que el general dice que “no sé si el Gope o algún grupo de instructores certifica y capacita”. Para justificar su falta de respuestas, Rozas apuntó al general Ricardo Yáñez. “Esto está dentro del ámbito operativo y no sé si el director de Orden y Seguridad ha pedido ese detalle. Yo no lo he pedido en este periodo, en todo caso lo puedo entregar”.