El “plan enero” del oficialismo para poner acelerador al 2024

En la histórica Casa Museo Michoacán de los Guindos de la comuna de La Reina, que Delia del Carril compartió junto al poeta Pablo Neruda, el Partido Comunista (PC) realizará mañana su tradicional Caldillo de Congrio. Desde allí lanzará su carta de navegación para el 2024, centrada en las prioridades presidenciales: pensiones y pacto tributario. Pero el PC se guardó una carta: buscará que La Moneda impulse una robusta agenda social, abriendo un foco de presión al gobierno del Presidente Gabriel Boric en los inicios de un año electoral y a días del cónclave de Cerro Castillo -programado para enero- donde se definirá la hoja de ruta para los dos años que le restan de mandato.

La evaluación interna de Palacio y de los partidos oficialistas es que el reloj empezó a jugar en contra y que lo que no se alcance a hacer en 2024 (que tampoco se ve fácil por los comicios municipales y de gobernadores de octubre) será más difícil de concretar en un 2025 terciado por la campaña presidencial. Por ello es que este enero cobra una principal relevancia en los equipos de gobierno.

El primer brochazo de lo que buscará La Moneda en estas primeras semanas de 2024 lo dio el propio Jefe de Estado el 18 de diciembre. Ese lunes, en el primer comité político ampliado después del triunfo del “En contra” por un 55% en el plebiscito del 17-D -que le otorgó un respiro a su gobierno-, solicitó a su equipo bajar el tono con la oposición y buscar consensos para sacar adelante con urgencia sus emblemáticas reformas en previsión y tributos.

La decisión del Mandatario y su equipo fue no dejar esa voluntad entre cuatro paredes. Y, por eso, dos días después, en el inicio de obras del Teleférico Bicentenario, sostuvo: “Hago un llamado, no un emplazamiento; no un apuntar con el dedo, sino un llamado fervoroso, convencido de que lo que nos pide el pueblo de Chile es llegar a acuerdos, llegar a consensos y sacar adelante políticas que vayan en mejora de la calidad de vida de nuestra gente”.

Su postura tuvo efectos. Chile Vamos, después de haber marcado distancia con las reformas emblemáticas del Ejecutivo tras el plebiscito, abrió un debate respecto de los acuerdos, marcando así diferencias con el partido fundado por José Antonio Kast.

“La búsqueda de consensos será el mantra”, dice una fuente de Palacio.

El puntapié político en el “plan enero” de la administración Boric lo tiene la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), a raíz del lío de platas entre fundaciones y el Estado, y que se votará el 4 de ese mes.

Su desactivación está a cargo del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, también PS. Este será uno de los hitos relevantes, que La Moneda espera que sea positivo para el inicio de año. A solo semanas del triunfo del “En contra” en el plebiscito, en Palacio apuestan a que el rechazo al libelo para destituir al barón socialista ofrezca un segundo respiro a la administración.

Para ello, la estrategia de la Segpres será amarrar los 66 votos del oficialismo que suman los partidos de gobierno. A ese grupo anexan los cinco diputados decé, los cuatro de la bancada de Demócratas y el único diputado de Amarillos, lo que hace un total de 76. Si consiguen el apoyo de los independientes Carlos Bianchi y Viviana Delgado la cifra se eleva a 78, la meta necesaria para salvar a Montes. Todos ellos se han mostrado reacios a apoyar la acusación, por lo que la apuesta hasta el momento dista de estar cuesta arriba. La derecha, a su vez, sabe que no cuenta con los votos para sortear la Cámara.

A pesar de ello, en el oficialismo no se oculta que las definiciones del “Plan enero” de Cerro Castillo se adoptarán en medio de un complejo escenario. Y no sólo por la acusación. También por las peticiones de renuncia del jefe de los asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), por el caso Democracia Viva; las tensiones cruzadas que hay en el oficialismo por este tema; la disolución de Comunes -uno de los partidos de la coalición base de la actual administración-, solicitada por el Servel, por faltas graves y reiteradas en sus rendiciones de cuentas; la crisis en seguridad y los problemas económicos. En lo positivo, se destaca -además del resultado en el plebiscito- la alianza entre Codelco-SQM para la producción de litio.

Fuentes de La Moneda confidencian que aparte de concentrar los esfuerzos en la reforma previsional y pacto fiscal, durante este mes habrá, además, varios hitos en materia económica, un área que se quiere potenciar a nivel de crecimiento y empleo, y que tendrá especial visibilidad. Si 2023 fue el año del litio, en Palacio comentan que 2024 será el año del hidrógeno verde. Y que para enfrentar la crisis en seguridad -con el aumento de los delitos violentos como los homicidios, el combate a las bandas de crimen organizado o la irrupción de los secuestros extorsivos- el acento se va a poner en el despacho del ansiado Ministerio de Seguridad Pública.

Por otro lado, aunque hay voces que desde los partidos del Socialismo Democrático urgen por un ajuste ministerial, el propio Boric ha dicho que no habrá un cambio pronto, lo que fue refrendado por Elizalde esta semana.

Por ahora, el único ajuste, aunque fuera del área ministerial, se produjo el miércoles pasado con la sorpresiva salida de la jefa de prensa del Presidente Boric, Tatiana Klima, por diferencias internas. “El nuevo ciclo que comienza a partir del 2024 -dijo la exasesora- requiere renovar y reforzar nuestros liderazgos”. A ella luego se sumó la remoción de casi todo el equipo de comunicaciones.

La Moneda espera que el cónclave en Cerro Castillo sea el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, ello viene acompañado de la soterrada disputa que las dos coaliciones han sostenido desde los inicios del gobierno. Si bien en el oficialismo reconocen que llegan en su mejor momento, luego de demostrar que pueden convivir de igual a igual y en unidad -como lo hicieron en el proceso constitucional y la campaña del “En contra”-, las tensiones entre ambas almas aún están lejos de superarse.

El Frente Amplio (FA) quiere aprovechar el vuelo del triunfo del plebiscito para seguir impulsando su agenda. La señal de que la brújula apunta hacia allá tiene su huella más evidente en el análisis realizado por Convergencia Social (CS), el partido ancla del FA y del Mandatario. “La victoria del ‘En Contra’ nos da una oportunidad para pasar a la ofensiva en la disputa cultural por las ideas”, planteó la directiva de CS en un documento interno. Luego agregó: “El FA y CS deberán construir una estrategia ofensiva que haga posible una salida progresista al malestar social aún vigente, recuperando el valor de nuestro programa”.

En esa línea, hay varios frenteamplistas que son partidarios de correr un poco más el cerco y no solo conformarse con una reforma de pensiones y un pacto fiscal que, creen, terminará “diluido”. Por eso insistirán en ponerle fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y otros puntos clásicos del programa del FA. “Tenemos que dar una discusión profunda y ágil que nos permita de una vez por todas instalar de manera efectiva nuestra agenda de cuidados”, dice la diputada de CS Francisca Bello.

El Socialismo Democrático, en cambio, levanta la tesis del “realismo” para aprobar las dos prioridades presidenciales. Así lo cree, por ejemplo, el PS. “Debemos construir un acuerdo en materia de pensiones, salud y pacto fiscal. Este será el mayor desafío del próximo año. Dada la correlación de fuerzas en el Congreso, en este gobierno no hay posibilidad de reformas estructurales profundas y se requerirá de acuerdos con la oposición para avanzar”, reconoce el jefe de bancada de los diputados socialistas, Daniel Manouchehri.

Una idea parecida sustenta el radicalismo, partido que acaba de celebrar su aniversario número 160. “Si logramos sacar esos dos proyectos, de pensiones y pacto tributario, es un gran triunfo para el gobierno”, dice su presidente, Leonardo Cubillos, quien -aunque admite que el tema causa tensiones- plantea que “quienes obstaculicen la obra del gobierno -entre ellos Montes y Crispi- debieran dar un paso al costado”.

Desde Londres 43, sede del PPD, afirman que el objetivo es mantener la unidad del arco oficialista que se dio para el plebiscito del 17-D, dotándolo ahora de una mayor coordinación para aprobar las leyes priorizadas y mejorar -por la vía administrativa- las deficiencias que se constatan en terreno, optimizando la gestión.

“Se requiere de un ejercicio franco, con entrega de propuestas, identificar brechas y deficiencias; posteriormente, el gobierno debe usar su prerrogativa tanto para definir estrategia y prioridades como para eventuales ajustes”, dice el presidente del PPD, Jaime Quintana.

Otro actor clave para el bosquejo de la hoja de ruta es el PC. Los comunistas plantean que se necesita una amplia convocatoria para poner en el centro “las reformas de mayoría”. Entre ellas pensiones, pacto fiscal, seguridad y las de “impacto masivo”, como educación, vivienda y salud.

El PC lo que quiere es sacar al pizarrón a la derecha en medio de la campaña municipal y presidencial. “Va a depender de cuál es la disposición de la derecha, porque en 2024 y 2025 el fiscalizador -que se llama soberanía ciudadana- tiene un instrumento que le permite tomar definiciones frente a la postura que adopten los políticos ante las políticas públicas que se necesitan, y ese es el castigo electoral”, dice el timonel del PC, Lautaro Carmona.

La apuesta del PC, que está en formulación, es diseñar un paquete de propuestas enfocadas en las necesidades de la gente. “Debemos demostrar la necesidad de emprender políticas públicas sociales, ya sea administrativas o legislativas, que tengan impacto económico y social para recuperar el empleo y el crecimiento. Tenemos que impulsar medidas sociales directas que puedan ayudar en lo inmediato a la ciudadanía”, sostiene Luis Cuello, jefe de bancada del PC.

En esa línea se evalúa como positivo que el gobierno a través de la reforma de pensiones -que impulsa la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC)- proponga un autopréstamo de hasta un millón de pesos, desde los fondos previsionales. No obstante, ese punto no es compartido por la oposición, como tampoco la fórmula de repartición del 6% de cotización adicional.

Una fuente del PC va más allá. En medio de la preparación de los lineamientos del partido para este 1 de enero, sostiene que la idea que prevalece es que las reformas previsional y tributaria están desdibujadas y que, por tanto, el gobierno debe entregar ayudas directas a la gente que lo está pasando mal desde la pandemia, vía bonos, transferencias, soluciones habitacionales, para visibilizar su gestión y subir los niveles de respaldo.

El impulso legislativo no es fácil. La visión de La Moneda es que enfrenta un Congreso “atomizado”, donde no tiene mayorías. Pese a ello, hay quienes creen que una meta “optimista” es que durante enero, antes del receso legislativo, se logre despachar de la Cámara la reforma de pensiones. Una vez que se despeje la acusación contra Montes, los equipos de la Segpres podrán volcarse a analizar qué tanto piso hay para conseguir los 78 votos que se necesitan para darle luz verde, al menos en su primer trámite, a este proyecto.

La premura obedece a que la administración Boric quiere empezar a marcar con prontitud su sello, ante las dificultades de imponer su agenda en los dos años restantes, que serán virtualmente más cortos, por estar marcados por los comicios municipales y de gobernadores de 2024 y la presidencial de 2025.