Fui amenazado: Los amedrentamientos que alertan a La Moneda

El mensaje llegó a su teléfono en medio del debate por el retiro del 10% de los fondos de las AFP. Justo antes de presidir la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, el diputado Matías Walker (DC) leyó los WhatsApp que una sobrina le envió con una serie de pantallazos publicados en Twitter. Se trataba de una cuenta anónima, supuestamente ligada a la extinta Patria y Libertad, que publicaba la dirección de su casa y lo amenazaba de muerte.

“Invitaban a pegarme un balazo, haciendo referencia al grupo Patria y Libertad. Estaba empezando a presidir la comisión y dije que en esas condiciones no podía continuar. Había amenazas en contra de mi familia y yo estaba en Valparaíso. Tenía que hacer la denuncia correspondiente”, detalla el legislador.

La efervescencia que generó el proyecto de ley que abre la puerta al retiro de una parte de los fondos de pensiones encendió el debate público, cambió la agenda del gobierno y, de paso, avivó a grupos radicales que a punta de amenazas intentaban influir en la votación final que, el miércoles, profundizó la crisis entre el oficialismo y La Moneda.

Finalizada la sesión, Walker relató a sus pares lo ocurrido. Salió de la sala y habló con Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados. Poco después se reunió con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien le expresó su preocupación y respaldo a la denuncia.

Solo después de aquellas reuniones volvió a la sesión.

“He entregado todos los antecedentes al secretario de la Cámara para que la corporación haga la denuncia respectiva. Lamentablemente, no es la primera situación de amenazas que enfrentamos estos días”, detalló Walker, quien, posteriormente, denunció lo ocurrido al Cibercrimen de la PDI.

Esa semana, Walker no fue el único parlamentario que dio a conocer las amenazas en su contra. A través de su cuenta de Twitter, el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, expuso su caso y mostró el correo electrónico con el que intentaron amedrentarlo. “Es la primera vez que me ocurre, el texto me relaciona con la DC. Yo fui DC años atrás, de manera que es alguien que conoce mi historial político. Me preocupó. Me pidieron que lo hiciera público, que era mejor, y lo hice público el miércoles”, detalla el parlamentario.

¿Qué tan frecuentes son las amenazas contra las autoridades? Con un aumento de cerca del 20% de casos, en comparación con meses anteriores, las amenazas publicadas contra legisladores y funcionarios públicos son una materia que preocupa en el Alto Mando de Carabineros y en los pasillos de La Moneda.

Al igual que los diputados Walker (DC) y Mulet (FRVS), los amedrentamientos se han extendido a militantes del oficialismo. Es el caso del diputado UDI Jaime Bellolio, quien hace 70 días cuenta -por orden de la fiscalía- con medidas de protección tras recibir amenazas. “Sufrí amenazas y la divulgación de mis datos personales que llegaron a raíz de una votación para ver la admisibilidad del proyecto de retiro de fondos de las AFP. Esta fue una campaña organizada”, enfatiza.

Según Bellolio, tras la votación del pasado miércoles, los amedrentamientos se intensificaron e, incluso, “después de la votación del miércoles, me llegaron 15 amenazas más diciendo que saben dónde encontrarme, vamos a ir a tu casa, te vamos a patear”.

Además del diputado Bellolio, su par de RN Diego Schalper -denunciado por negociación incompatible, cohecho e infracción a ley de lobby en el marco de la votación por el 10% del retiro de pensiones- también enfrentó este tipo de situaciones durante la tramitación de esta ley. Tras recibir amenazas a través de Facebook, donde se buscaba “vivo o muerto”, la policía detuvo a Sebastián Martínez, Emilio Moncada y Cristopher Lira, quienes fueron formalizados por la fiscal de Rancagua Paula Rosel, quien aseguró que los imputados realizaron amenazas de “agresión física y de muerte, por no estar conformes con ciertas decisiones y opiniones que ha manifestado el diputado en el Congreso Nacional”.

En el marco de esta investigación, análisis de inteligencia destacaron los vínculos familiares de Lira con exmiembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En abril de este año hubo otro caso grave. La diputada (PC) Carmen Hertz recibió amenazas de muerte en su celular. Parte de los mensajes hacían referencia a su esposo, ejecutado político en 1973. La Cámara de Diputados denunció la situación a la fiscalía.

“En las últimas semanas ha habido mayor presencia de estas amenazas. Y son las mismas autoridades afectadas las que las han dado a conocer”, asegura el coronel Juan González, jefe del Departamento OS-9.

Según las cifras de la policía uniformada, las amenazas de muerte contra autoridades, denunciadas de manera formal, pasaron de cinco en 2019 a siete en lo que va de este año. Y uno de los principales blancos de los amedrentamientos a través de redes sociales ha sido el Presidente Sebastián Piñera.

Es así como cuatro de las siete investigaciones que hoy lleva en curso el OS-9 han ido dirigidas contra el Mandatario. La última de ellas ocurrió el 8 de junio pasado, a través de Instagram, donde la policía identificó a dos personas y solicitó a la empresa entregar información de sus perfiles.

“La complejidad de estos casos está en cómo llegar a la persona propietaria de la red social donde se generó este comentario, esta amenaza o esta indicación (de domicilio del afectado). Obviamente, hay un interés y una seguridad en el caso del Presidente, donde efectivamente hay mayores medidas de resguardo, según sea la amenaza”, detalla el oficial de Carabineros.

Las amenazas de muerte contra el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, es otro de los casos que lleva adelante el OS-9 de Carabineros. El 1 de mayo se habría concretado la publicación a través de Instagram. La policía ya identificó al sospechoso de proferir la amenaza, lo ubicó en su domicilio y trató de tomar su declaración. Sin embargo, se acogió a su derecho a guardar silencio, en una causa que lleva adelante la Fiscalía Oriente.

Jaime Mañalich, exministro de Salud, también fue blanco de amenazas mientras ejercía el cargo. Una de las publicaciones que llevó a la otrora autoridad a denunciar los hechos ocurrió el 29 de marzo, cuando se divulgaron datos personales de su esposa. Tras la presentación de una querella, un equipo de carabineros fue designado para cumplir labores de vigilancia fuera de su casa.

Dada la transversalidad de las amenazas que han afectado a distintas autoridades, la policía destinó a un equipo de informáticos, investigadores y analistas que trabajan en el Departamento OS-9. Ellos, dice el coronel González, “están permanentemente monitoreando no solamente las amenazas, sino que los distintos hechos punibles que puedan circular por redes sociales, por ejemplo, tráfico de armas o trata de personas”.

Una de las complejidades de estas investigaciones es atribuir responsabilidad al autor de la amenaza. Pese a tener a personas identificadas en varios de los casos investigados por la fiscalía, los requerimientos de información a las empresas de redes sociales es una de las trabas para llevar ante la justicia a quienes realizan estos actos de intimidación. Este hecho preocupa tanto en la fiscalía como en la policía y el gobierno, debido a que muchas de estas amenazas tardarán meses en ser formalizadas.