La descarnada guerra por el poder del mundo notarial

“Estimadas/os: Estamos solicitando un aporte extraordinario a todos nuestros asociados, sean titulares o interinos, ya que necesitamos financiamiento para cubrir gastos en informes para presentar en las sesiones de los senadores y posteriormente en sala”, fue la introducción de un correo electrónico -al que accedió LT Domingo- que el pasado 17 de julio llegó a cada uno de los casi 400 miembros de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile.

“Conscientes de que la situación económica está a la baja, el directorio no ha bajado la guardia en el trabajo para resguardar en lo máximo al gremio (...) Esto requiere contratar servicios externos de personas profesionales y su remuneración no es barata”, continuó diciendo el mensaje, que luego, pidiendo $ 500 mil por asociado, apuntaría directamente a los intentos del gremio por incidir en la resistida reforma al sistema notarial, la que con diferentes proyectos de ley se discute en el Congreso desde hace 17 años.

El último de los episodios legislativos se vivió el pasado 1 de agosto en la sala del Senado en torno al proyecto ingresado el año 2018 -bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera- que “modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales”. Entre varias materias, la norma cambia desde el Poder Judicial al Consejo de Alta Dirección Pública y al Presidente de la República el nombramiento de notarios, conservadores y archiveros; obliga a jubilarse a los notarios nombrados antes de 1995 que tengan más de 75 años, y permite que se abran, dividan o fusionen los diferentes oficios, afectando de esa manera una industria que, según un informe de la Fiscalía Nacional Económica de 2018, tan sólo en “rentas monopólicas” genera a las notarías cerca de US$ 25 millones al año.

Por ello, en la sala del Senado causó extrañeza cuando el primer día de agosto el senador y subjefe de la bancada de RN, Rafael Prohens, pidió -sin entregar mayores fundamentos- que la iniciativa legal que venía de ser discutida en detalle durante cinco meses en la Comisión de Constitución, pasara a un inédito nuevo trámite de debate en la Comisión de Gobierno, presidida por su correligionario Manuel José Ossandón (RN).

Minutos más tarde, y por el descuido de un micrófono abierto, quedaría clara la motivación de Prohens: “El Cote (apodo del senador Ossandón) me lo pidió, poh. No puedo decir lo que tengo que decir. Haznos caso, Matías (Walker). No te vái a arrepentir. Ya poh, Pepe (apodo de José García Ruminot), no te vái a arrepentir”, se escuchó decir a Prohens en la testera dirigida por García Ruminot (RN) y Walker (Demócratas). Una maniobra que, para sectores del oficialismo, fue leída como un gesto más de la poderosa influencia del gremio de los notarios. Una que en sectores de la derecha, reconocen en privado las mismas fuentes, tendría el objetivo político de evitar que el actual gobierno nombre a los suplentes de los casi 90 funcionarios que deberán dejar sus cargos por el límite de edad.

Trece días antes de ese episodio, los argumentos de la directiva del gremio notarial para pedir a sus socios el “aporte extraordinario” de $ 500 mil, daría cuenta de su estado de ánimo ante los cambios al sistema. “Los titulares que pronto cumplen 75 años, esta función les ha dado ingresos para vivir bien o más que bien. Apoyen a los titulares que aún estarán en funciones más años y compartan con ellos la experiencia de trabajar tranquilamente con ingresos adecuados”, fue el primer argumento usado en el correo para invitar a la donación.

En segundo lugar, se conminó a que “los titulares que recién comienzan o les quedan varios años, aporten para que las modificaciones que sean aprobadas sean beneficio para ustedes, para entregar un buen servicio y estar constantemente actualizados con los procesos tecnológicos, disfrutando por varios años de seguridad en su trabajo”. Mientras que a “los interinos o interinas, han sido nombrados por su interés en el trabajo que desarrollan notarios, conservadores y archiveros. Lo más probable es que les interese postular al servicio y ser nombrados. Viendo este proyecto, resguarden su función a futuro”, concluyó la misiva digital.

Se trata de lo que actores políticos, notarios y altas fuentes de gobierno califican como los preparativos de la “guerra santa” por el poder notarial. Una que amenaza con seguir dilatando la esperada reforma al sistema y que, incluso, podría terminar en una agria disputa en los Tribunales de Justicia.

El 9 de enero pasado fue un día clave para la reforma al sistema notarial en el Senado. En esa jornada comenzó a discutirse en particular el proyecto de ley presentado en 2018 y que, tras su aprobación en la Cámara de Diputados, llegó a la Cámara Alta en enero de 2020. Tuvieron que pasar cuatro años para entrar en el debate de fondo sobre qué se mantenía y qué se cambiaría en el segundo trámite constitucional.

En el papel, la iniciativa presentada por Hernán Larraín, como ministro de Justicia, quien en su periodo calificó de “lobby feroz” las presiones del gremio notarial para evitar cambios, había pasado relativamente indemne por la Cámara Baja. “Salvo enmiendas menores, logramos mantener el corazón del proyecto”, asegura una alta autoridad de la administración anterior.

Hasta ese momento, con el proyecto se crearía la figura de los “fedatarios”, quienes reemplazarían a los notarios en los trámites más simples y comunes que realiza la población. Además, los notarios y otros funcionarios auxiliares de la justicia podrían permanecer en sus puestos hasta los 75 años o hasta cumplir 21 años en el cargo, y se dividiría en cuatro oficios al poderoso Conservador de Bienes Raíces de Santiago, ejercido hoy por tres personas, que se estima en conjunto tienen ganancias mensuales por casi $ 600 millones.

Aunque uno de los focos de mayor interés en el mundo político y judicial era el cambio radical propuesto a la forma en que notarios, conservadores, archiveros -y sus respectivos suplentes e interinos- son seleccionados, nombrados en sus cargos y supervisados en sus funciones: todo lo cual hoy está totalmente concentrado de manera discrecional en las cortes de Apelaciones de todo el país.

“Todos estamos emparentados. De hecho, muchos notarios tienen hijos o hijas de ministros trabajando en esos lugares. No nos vamos a ver la suerte entre gitanos, eso siempre ha sido así. Pero también hay hijos de políticos. Así que ahí está la respuesta de por qué el sistema no se va a reformar nunca”, relató un ministro de la Corte Suprema a La Tercera en septiembre de 2020.

Ejemplo de ello fue un estudio realizado por la fundación América Transparente el año 2022, el que arrojó que, a esa fecha, un 51% de los notarios, conservadores y archiveros judiciales tenía algún grado de parentesco con un funcionario o exfuncionario del Estado, entre ellos, miembros del Congreso, del Poder Judicial y del Ejecutivo. Incluso, un 26% de estos auxiliares de justicia eran familiares de algún otro notario, conservador o archivero, ya sea titular o retirado.

Para lidiar con este problema, la administración de Piñera propuso que la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) se hiciera cargo de los concursos y la selección de los candidatos bajo un sistema “objetivo”, “transparente” y “en igualdad de condiciones”. “El sistema hoy es muy opaco, porque las cortes de Apelaciones elaboran y envían ternas al ministro de Justicia en las que no deben fundamentar el porqué eligieron a un candidato por sobre otro. Alguien puede quedar en el decimoquinto lugar por puntaje, pero sus contactos o influencia lo llevan a quedar igual entre los tres primeros”, afirma una alta fuente de Justicia en el actual gobierno.

Desde 2015, quienes deseen postular a algún cargo vacante de notario, conservador o archivero judicial deben rendir una prueba de conocimientos elaborada por la CAPJ. “Es una prueba que no está regulada. Tanto así que, año a año, la prueba se filtra y circula por WhatsApp con las respuestas correctas. Eso puede explicar por qué hay tantos puntajes perfectos”, detalla un notario de la comuna de Santiago, crítico al actual sistema, quien exhibió a LT Domingo uno de los test filtrados.

Bajo la propuesta de Piñera, la CAPJ debía elaborar una terna, desde la que luego un “Consejo de Nombramientos”, integrado por el ministro de Justicia, un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) y un decano de una facultad de Derecho, debía elegir fundadamente al ganador. Pero una vez en el Senado, y con la llegada del gobierno de Gabriel Boric, la propuesta tuvo un nuevo giro. De esa manera, el nuevo titular de Justicia, Luis Cordero, propuso que ahora todo el proceso de postulación estuviera en manos del Sistema de ADP, para que luego un “Comité de Selección”, compuesto por dos integrantes de Justicia y un directivo del Consejo ADP, proponga una terna al Presidente de la República, quien deberá tomar la decisión final.

“La decisión del Ejecutivo ha sido clara desde un principio: sacar al Poder Judicial del sistema institucional de nombramientos”, explicitó Cordero a los senadores en la sesión de la Comisión de Constitución del 14 de mayo pasado. Una medida que, para sectores de la oposición e incluso del oficialismo, como el senador Pedro Araya (PPD), no es garantía de total independencia. “El gran problema tiene que ver con la influencia que puede ejercer alguien al momento del nombramiento. Además, digamos las cosas como son: la Alta Dirección Pública está más cuoteada que la Corte Suprema”, explicó el legislador.

En la instancia, el Ejecutivo defendió que el nuevo sistema permitiría asegurar la transparencia y objetividad del proceso de selección. Sus argumentos convencieron a la mayoría de los miembros de la comisión, quienes, finalmente, aprobaron el cambio. Sin embargo, toda mención a los “fedatarios”, quienes asumirían parte de las tareas hoy en poder de los notarios, fue completamente borrada del proyecto.

“Para mí es un honor estar en esta sesión omnipotente, aunque sea por media hora. Rece, ore para que no sea permanente”, le dijo sonriente el senador Manuel José Ossandón (RN) al presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti (PS) en la sesión del 14 de mayo pasado. Según el propio Ossandón, quien no es integrante permanente de la instancia, llegó allí como reemplazo tras la solicitud de su par Rodrigo Galilea (RN), quien, a su vez, era reemplazante de la titular Paulina Núñez (RN), quien se encontraba con posnatal.

En medio del debate de las casi 500 indicaciones presentadas por el Ejecutivo y por senadores al proyecto de ley de reforma a los notarios, ese día tocaba decidir si, tal como definió la Cámara de Diputados, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el con mayores ingresos y ganancias en todo Chile, debía ser dividido en cuatro “oficios”. ¿El objetivo? Desconcentrar su alto poder y facilitar el acceso a sus servicios, ya que a su única oficina en Santiago Centro deben acudir a hacer trámites personas de comunas tan lejanas como Colina, por el norte; Maipú, por el surponiente, y La Florida, por el suroriente.

El organismo ubicado en calle Morandé, a un costado del Palacio de Justicia, hoy es servido por tres funcionarios con el rango de conservador: Luis Maldonado, de 79 años, en el cargo desde 1997 e hijo de un expresidente de la Corte Suprema (a cargo del Registro de Propiedad y Comercio); Carlos Miranda (a cargo del Registro de Hipotecas y Gravámenes) y Kamel Saquel (a cargo del Registro de Interdicciones y Prohibiciones).

Una indicación presentada por los senadores Karim Bianchi (Ind), Juan Enrique Castro (PSC) y Javier Macaya (UDI) propuso eliminar esa nueva norma y, en cambio, dejar al Conservador de Bienes Raíces de Santiago como el único en el país que, de ahora en adelante, no podría ser dividido, fusionado o absorbido, como sí podría ocurrir bajo decisión presidencial con todos sus colegas a lo largo del país. Desde un principio, los senadores Luz Ebensperger (UDI), Pedro Araya (PPD) y el propio Ossandón se mostraron contrarios a cualquier cambio o división del oficio.

El reemplazante Ossandón fue uno de los más vehementes defensores del modelo actual. “En el caso de Santiago, la preocupación es que es un conservador que funciona impecable, no sé para qué desarmar algo que está armado. Y, segundo, si se hiciera así, imagínese que el Presidente de la República decide vamos a hacer tres conservadores más, uno en Ñuñoa, uno en San Bernardo. ¿Y qué hace con esos 500 funcionarios? Hay un tema ahí sumamente complicado”, expresó delante del ministro Cordero y de la directiva de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros, la que asistió presencialmente a cada una de las más de 30 sesiones que hubo durante este año.

Ese día, con los votos a favor de los senadores Ebensperger, Araya y Ossandón, la indicación que permite que el Conservador de Santiago no sea dividido fue aprobada en la comisión. El debate continuó en la sesión del 29 de mayo, en la que el Ejecutivo trató de salvar parte de su propuesta, proponiendo que al menos se obligue al Conservador a abrir oficinas en otras comunas fuera de Santiago. Pero el senador Ossandón, quien nuevamente reemplazó a Galilea, se mostró contrario a la iniciativa.

“Con todo el respeto al senador Ossandón, su oposición significa que el único Conservador con privilegios en Chile es el Conservador de Bienes Raíces de Santiago”, respondió ofuscado el ministro Cordero. “Presidente, es el único Conservador que administra nueve millones de personas, que tiene un sindicato de 500 personas, por supuesto que por eso tiene condiciones distintas”, respondió Ossandón, quien no dio su voto para un cambio que requería unanimidad, por lo que también fue rechazado.

Lo que Ossandón nunca transparentó ante la comisión, y por lo que tampoco se inhabilitó de debatir y votar la iniciativa, es que su hijo, Juan Manuel Ossandón Lira (RN), tras terminar su periodo como convencional constituyente, desde noviembre de 2022 trabaja como abogado del Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Santiago, a cargo de Kamel Saquel, quien se vería directamente afectado por la iniciativa legal que el senador rechazó. Saquel confirmó a LT Domingo que Ossandón Lira trabaja en su oficio y respondió que “no conozco ni tengo ninguna vinculación con el senador Ossandón”.

La Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en su artículo 5°B, establece que “los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive”. Y que al participar del debate de temas de ese tiempo deben advertir “previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto”.

Ossandón respondió a LT Domingo que la discusión “no ameritaba que me inhabilitara. Primero, porque mi hijo entró el 2022 a trabajar al CBR por mérito propio”. Además, expresó que “el foco del debate para mí estaba puesto en los usuarios. Quienes, según mi experiencia, con la partición del Conservador de Puente Alto, solo sufren perjuicios debido a la mayor lentitud en los trámites y también al alza de los costos”.

Además, el senador RN aseguró que las normas del Senado “permiten a un legislador tratar materias de interés general como lo que ocurre con el Conservador de Bienes Raíces, cuyo funcionamiento afecta claramente a la ciudadanía”. “Inhabilitarse sería tan absurdo como que me tuviera que restar de la votación de una reforma de pensiones por estar en una AFP o de salud por estar en una isapre”, concluyó.

“Todo lo contrario, yo quiero que existan inhabilidades para los parientes de nosotros, los parlamentarios. Por lo tanto, mi hijo no puede ser ni conservador ni tampoco notario”, fue parte de la defensa que públicamente ha hecho el senador Ossandón por su actuar en la tramitación de la reforma a los notarios. En particular, apuntó sus dardos a los miembros de la Comisión de Constitución, quienes de manera unánime eliminaron la prohibición de que familiares de senadores y diputados puedan postular y ser elegidos en un futuro como notarios, conservadores y archiveros judiciales.

Esa discusión se dio el 12 de marzo pasado, luego de una indicación presentada por el ministro Cordero. Pero lo cierto es que el debate fue mucho más consensuado de lo que se cree. “Si por esas cosas del destino una hija o un hijo de un senador justo gana, nadie les va a sacar probablemente de la cabeza a los chilenos de que eso no fue transparente, de que hubo tráfico de influencias”, advirtió en ese momento el senador Galilea. Otro de los que intervinieron fue el senador Francisco Huenchumilla (DC), cuya esposa hoy es notaria pública y conservadora de bienes raíces en Lautaro, Región de La Araucanía, pese a lo cual tampoco se inhabilitó.

“Yo soy partidario de establecer inhabilidades (...) A veces una norma que tiene una buena intención tiene un efecto perverso por otro lado. Porque si tú colocas tantas inhabilidades estás espantando a mucho servidor público que pudiera ascender a ese cargo”, explicó ese día ante los presentes Huenchumilla. Lo cierto es que con el acuerdo de Cordero, por cuatro votos a cero, se eliminó la prohibición no sólo para familiares de senadores y diputados, sino que también para el fiscal nacional, los jueces del Tribunal Constitucional y los gobernadores regionales, “por no tener injerencia ni en el proceso de selección ni en los nombramientos”.

Otra materia que sí provocó divisiones fue la “jubilación obligatoria” que establece la reforma para todos aquellos notarios, conservadores o archiveros que, habiendo sido nombrados antes del año 1995, se encuentran hoy ejerciendo sus cargos con 75 y más años de edad. De acuerdo a estadísticas recogidas en el Senado, hoy son casi 90 los casos, de los cuales 44 corresponden a notarios en todo el país. Uno de ellos es justamente el conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado Croquevielle, de 79 años de edad.

De acuerdo a diversas fuentes del gremio de los notarios, el grupo de auxiliares de la justicia que están en casos como el de Maldonado fueron bautizados internamente como “los inmortales”, por la resistencia que han manifestado tanto privada como públicamente a dejar los cargos sobre los que creen poseer “un derecho adquirido”. “Pese a que son minoría, se trata de los más poderosos. Tienen los oficios más antiguos o más importantes, vienen de familias tradicionales y tienen fuerza en la directiva de la asociación”, relata un notario más joven.

Parte de esa influencia, relatan las mismas fuentes, la han utilizado para ir dejando “precedentes” de lo que se cree será su futura batalla al interior del Tribunal Constitucional, de aprobarse la norma que los obliga a dejar sus cargos. Por ejemplo, Maldonado hizo llegar a la Comisión de Constitución del Senado un informe en derecho -financiado de su bolsillo- titulado “Constitucionalidad de la imposición de un límite de 75 años para ejercer como auxiliar de la administración de justicia”, elaborado por el destacado abogado Arturo Fermandois. Otros informes han sido financiados con “cuotas extraordinarias” de los asociados, como los $ 500 mil pedidos el 17 de julio pasado, o cuotas de más de $ 1 millón que fueron solicitadas en medio del proceso constitucional.

En la sesión del 20 de marzo pasado, y pese a fórmulas intermedias como la propuesta por el senador Araya de que los mayores de 75 años se sometan a exámenes anuales para mantener sus cargos, la propuesta de jubilarlos fue aprobada por unanimidad. Eso sí, estableciendo un “periodo de vacancia” de nueve meses, para que los afectados dejen y entreguen sus cargos tras la entrada en vigencia de la nueva ley.

La salida masiva de notarios, conservadores y archiveros abrirá paso al nombramiento, también masivo y ahora por parte del Ejecutivo, de sus reemplazos, ya sean temporales o definitivos, lo que también mantiene en alerta a sectores de oposición. Ello, debido a que notarios y conservadores son, al mismo tiempo, delegados de las diversas juntas electorales del país y están a cargo de ejecutar las elecciones en los locales de votación y a hacer respetar las instrucciones del Servel.

Una crítica que tanto al interior de Justicia como de parte de miembros de la Comisión de Constitución es descartada. “Yo creo que este proyecto va a pasar a comisión mixta y, en el mejor de los casos, va a estar listo en las postrimerías del gobierno de Boric. Y, además, es un error, porque esos suplentes se nombrarán a partir de una propuesta que debe hacer el mismo notario vigente”, concluye el senador Pedro Araya.