“No eran tiempos para pensar en conmemoraciones. El ambiente estaba muy tenso, porque ya se habían iniciado con fuerza las protestas nacionales en contra de Pinochet, la lucha con las protestas estaba en su plenitud. Pero también se había abierto un pequeño espacio de mediana tranquilidad con la llegada de Sergio Onofre Jarpa al Ministerio del Interior, ofreciendo un esfuerzo por abrir el diálogo con parte de la oposición”.

Así recuerda el exsenador democratacristiano Andrés Zaldívar el ambiente que se vivía en Chile los días previos al 11 de septiembre de 1983, cuando la dictadura que encabezaba el general Augusto Pinochet cumplía ya 10 años en el poder.

Tan sólo seis días antes de esa fecha, Zaldívar había regresado definitivamente a Chile, poniendo fin a tres años de exilio en Madrid, España. El nombre del entonces presidente de la Internacional Demócrata Cristiana había figurado en la lista de los primeros 1.160 exiliados a los que el régimen militar levantó, el 20 de agosto de 1983, la prohibición de ingresar al país y Zaldívar no dudó ni un instante en volver, “para integrarse a la lucha por recuperar la democracia”, como dijo a los miles de chilenos que lo fueron a recibir al “aeropuerto Pudahuel” y lo acompañaron por las calles de Santiago en su trayecto hacia la sede del partido político que había tenido que liderar desde el extranjero.

El clima político y social que se vivía en Chile era muy distinto al que había en octubre de 1980, cuando en medio de una gira internacional, Zaldívar puso en duda la legitimidad de la recién aprobada Constitución. Esa crítica que le costaría caro: Pinochet prohibió su ingreso a Chile.

Las secuelas de la severa crisis económica de 1982 -que elevó la cesantía a un 23,7% según cifras oficiales y un 32% según la oposición, generó una caída del PIB superior al 14% y llevó al gobierno a devaluar el peso e intervenir la banca- alentaron a la oposición a pedir el término de la dictadura.

El 11 de mayo de 1983 por primera vez los chilenos salieron masivamente a las calles a movilizarse en contra del régimen de Pinochet, respondiendo al llamado a paro nacional que hicieron los trabajadores del cobre, en un momento en que los partidos políticos aún estaban proscritos. A partir de entonces, una vez al mes primero, y luego más seguido, se sucedieron jornadas de protestas, las que eran duramente reprimidas por las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Más de 18.000 soldados, con sus caras pintadas con manchas negras como si fueran a la guerra, fueron desplegados en las calles de las principales ciudades el 11 y 12 de agosto de 1983, cuando tuvo lugar la cuarta protesta nacional, que dejó un saldo de 26 muertos, 200 heridos y más de 1.000 detenidos.

“Las protestas eran reprimidas de manera muy brutal. Incluso, por las noches, en las poblaciones a las personas las sacaban en ropa interior desde sus casas. La violencia que ejercía el Estado lo que generaba era una reacción más violenta de sectores de la ciudadanía”, recuerda Andrés Zaldívar.

El 6 de agosto, sólo unos días antes de la cuarta protesta nacional, se había creado la Alianza Democrática (AD), una coalición política que agrupó desde liberales de derecha hasta socialistas renovados, pasando por democratacristianos y radicales, y que pedía la salida de Pinochet del poder, la elección de una asamblea constituyente y la conformación de un gobierno de transición a la democracia de 18 meses. Todo lo cual implicaba desconocer y modificar el itinerario fijado por la dictadura en la Constitución del 80.

Para la AD, las protestas y movilizaciones masivas eran el camino para forzar al gobierno de Pinochet a dialogar con la oposición y acordar un itinerario para el retorno a la democracia. “Claramente, había un sector de izquierda, especialmente el PC, que nos decía que el camino que seguíamos nosotros no tenía ninguna posibilidad de triunfar. Ellos estaban abiertamente por la lucha armada”, recuerda Zaldívar.

Los comunistas, los socialistas que seguían a Clodomiro Almeyda, el MIR, facciones de la Izquierda Cristiana y del Mapu seguirían su propio camino para enfrentar de manera frontal a la dictadura militar desde una nueva coalición que vería la luz en septiembre de 1983: el Movimiento Democrático Popular (MDP).

En medio de ese escenario y a sólo un día de la protesta nacional del 11 de agosto, Pinochet designó al expresidente del Partido Nacional Sergio Onofre Jarpa como ministro del Interior, con la misión de abrir canales de diálogo con los sectores de oposición más moderados, aquellos agrupados en la Alianza Democrática.

“Colocar a Jarpa en el gabinete fue una jugada de Pinochet para ganar tiempo, porque en ese momento estaba muy horquillado”, afirma Zaldívar.

Ese breve periodo pasaría a la historia como “la apertura política de Jarpa”. En unas pocas semanas, el gobierno autorizó el retorno de los primeros exiliados, levantó transitoriamente el estado de sitio y el toque de queda decretado en 1973, flexibilizó un poco la censura a los medios de comunicación y se abrió a discutir una nueva ley de partidos políticos que permitiera el normal funcionamiento de las colectividades, al menos de algunas. Las de vertiente marxista seguirían marginadas.

“Jarpa buscó abrir un esfuerzo de conversación con la oposición, lo que era obstaculizado por Pinochet”, afirma Zaldívar.

El 23 de agosto, sólo dos días antes de que Jarpa se reuniera por primera vez con los representantes de la Alianza Democrática (Gabriel Valdés, Enrique Silva Cimma, Hugo Zepeda, Ramón Silva Ulloa y Luis Bossay) en casa del arzobispo de Santiago, Francisco Fresno, los sectores más duros del régimen realizaron un masivo acto en la Escuela Militar para homenajear a Pinochet y conmemorar sus 10 años de comandante en jefe del Ejército. Toda la ceremonia estuvo enfocada en reafirmar la lealtad a Pinochet, levantar su figura y criticar a la oposición.

“Hoy día, presidente, nuevamente enfrentamos a los mismos enemigos de antes y a los tontos útiles de siempre. Queremos traerle un solo mensaje, presidente, y que no se pierda su fondo en la retórica. Este es la unidad más férrea y total de las instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad, tras la Constitución que Chile se dio el año 1980″, dijo en ese acto el comandante en jefe de la Fach y miembro de la Junta Militar, Fernando Matthei.

“Se vive un periodo difícil”, reconoció Pinochet en ese acto. “Es el momento que han elegido algunos sectores de oposición y la agresión marxista para iniciar una serie de actividades destinadas a subvertir el orden y provocar una violencia con resultados lamentables y muy tristes para la patria (…). No les ha importado vender a su patria, no les ha importado causar dolor y daño material. Sólo les han importado sus mezquinas ambiciones políticas, sólo les ha importado obedecer servilmente las instrucciones foráneas. ¡Sólo les han importado sus intereses sectarios!”, dijo Pinochet.

En paralelo a las incipientes conversaciones entre Jarpa y los representantes de la Alianza Democrática, el 29 de agosto, un comando del MIR asesinó al intendente de Santiago, general Carol Urzúa, y a dos de sus escoltas.

“AD condena y repudia de la manera más enérgica el atentado producido. La violencia contra las personas, además de constituir un crimen, sólo contribuye a obstaculizar la necesidad imperiosa de que el país encuentre en paz y por medio del diálogo el camino de recuperación democrática que todos anhelan”, dijeron los dirigentes opositores.

Sólo el régimen y sus partidarios pensaban por esos días en actos conmemorativos por el 11 de septiembre de 1973. La oposición, en cambio, tenía el foco puesto en la segunda ronda de conversación entre Jarpa y la AD, fijada para el 5 de septiembre en casa de Fresno, y en la quinta jornada de protesta nacional convocada para el 8 de septiembre, la que terminaría con ocho muertos, 40 heridos y con la suspensión por parte de la Alianza Democrática del diálogo con Jarpa, luego de que sus dirigentes fueran duramente reprimidos por Carabineros cuando intentaban leer una proclama en Plaza Italia.

Ese mismo 8 de septiembre, mientras las protestas opositoras recrudecían en Plaza Italia y en los barrios periféricos de Santiago, frente a La Moneda, en la explanada que daba inicio al Paseo Bulnes, donde la Junta Militar había instalado el “Altar a la Patria” y la “Llama de la Libertad”, el “Comando Independiente 11 de Septiembre” realizaba un masivo acto de homenaje al general Pinochet por los 10 años de su gobierno.

“Llamamos a todos los chilenos a que, con ocasión del 10° aniversario del pronunciamiento militar, refrenden su compromiso con los principios que sustentan el actual régimen y la nueva institucionalidad creada por la Constitución de 1980, en la medida en que las dificultades que se han presentado no pueden desmerecer la importancia de estos 10 años en el progreso del país”, dijo en esa ocasión el entonces presidente del Movimiento Nueva Democracia, Javier Leturia, organización que años más tarde se transformaría en la UDI.

Tres días después, el 11 de septiembre, Pinochet vestiría de uniforme de gala para encabezar los festejos por los 10 años de gobierno. Estos comenzaron temprano, a las 9 horas, con una masiva misa de acción de gracias en la Escuela Militar. Después, se trasladó en un auto descapotable hasta el edificio Diego Portales, donde cerca de tres mil personas lo vitorearon. “Con energía sabremos enfrentar cualquier intento por alterar el orden público y perseguiremos toda expresión de terrorismo y violencia”, dijo Pinochet en esa ocasión.

Casi a la misma hora en que Pinochet hablaba en el Diego Portales, más de tres mil personas marchaban en Viña del Mar rumbo al Cementerio Santa Inés, en una romería a la tumba del expresidente Salvador Allende.

Si de Patricio Aylwin dependía, se hubiese ido a pasar el aniversario del Golpe fuera del país. Las relaciones con el mundo militar aún estaban tensas, especialmente después de la publicación del Informe Rettig, publicado un año antes, y del “boinazo” del 28 de mayo de 1993. Pero había algo que detenía a Aylwin en Chile: Hortensia Bussi, la Tencha, viuda de Salvador Allende, a quien el exmandatario consideraba especialmente cada aniversario, y que en la mañana del 11 había sido invitada a una misa en La Moneda. Personeros que trabajaron con él también recuerdan que Aylwin buscó en su gobierno que los 11 de septiembre fueran más bien una fecha de recogimiento y duelo, y que por eso evitó cualquier acto que cambiara ese rumbo. Para ese aniversario 20°, el Presidente decidió pasar el día en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, atento a las eventuales dificultades que podían ocurrir, a pesar de haber hecho un llamado a no realizar manifestacion

Pero el 11 de ese año había empezado antes.

“¿Cómo se le ocurre decir eso?, ¿está insinuando que estaba borracho?”. Así, un enojado Augusto Pinochet, quien en 1993 ejercía como comandante en jefe del Ejército, recriminaba por teléfono a Enrique Correa, el ministro secretario general de Gobierno de Patricio Aylwin, a solo horas de que se cumpliera el aniversario 20° del Golpe de Estado de 1973.

¿El motivo de la molestia de Pinochet? El secretario de Estado había terminado de entregar la postura oficial del gobierno, tras unas incendiarias frases del uniformado, y en la sala de prensa del Palacio de La Moneda, conocida como “La Copucha”, Correa señaló a los periodistas: “Pinochet habló después de almuerzo”, insinuando que podría haber bebido más de una copa de vino antes de entregar el polémico discurso.

Para entender la tensa situación, hay que remontarse al martes 7 de septiembre. En el Rotary Club, Pinochet realizó una de sus tradicionales intervenciones. Y esta vez, ante un público cautivo, movieron las aguas políticas.

Augusto Pinochet partió recordando que en otra ocasión se había referido al Ejército alemán –cuando sostuvo que eran “homosexuales, melenudos y drogadictos”– y que “todos se enojaron conmigo. Hubo llamados de atención, problemas y, por último, han pasado los años y el tiempo me ha dado la razón”.

Tras esa declaración, de inmediato y de improviso, el embajador de Alemania en Chile llegó hasta el palacio presidencial a presentar su molestia. “No pueden permitir que ofendan a todo un país”, habría dicho el diplomático al propio Correa.

Pinochet no solo generó un problema bilateral con el país europeo. También produjo presión interna con otras declaraciones que fueron leídas al interior del gobierno como provocadoras.

“No queríamos intervenir, a pesar de que cuando pasábamos por las calles nos lanzaban monedas, nos decían gallinas y otras cosas más. Sabíamos que la lucha era difícil. Esta gente, todos angelitos, se lo pasaban por la Alameda desfilando con lanzas y cascos de mineros. Luego vino el 11 de septiembre, cuando el Presidente de entonces [Salvador Allende] tuvo palabras en Moscú o en otra ciudad soviética y manifestó que nosotros éramos los hermanos menores y otras palabras más que nos llevaron a pensar que estaba entregando lisa y llanamente nuestra soberanía”, señaló Pinochet.

Según el relato del El País de España sobre ese 7 de septiembre de 1993, Pinochet aseguró que en Chile se encontraban “15.000 guerrilleros al mando del general cubano La Guardia, que fue procesado en La Habana por narcotráfico. ¿A qué vinieron acá? ¿A jugar a las bolitas o a rezar el rosario? “.

Pero Pinochet fue más allá y sobre las violaciones a los derechos humanos dijo que “se actuó duro, pero no sólo el día 11 (de septiembre 1973), sino que fueron cuatro o cinco meses. Nunca quedaban heridos en el otro bando. Nosotros sí los teníamos. Curiosamente, sólo observábamos manchas de sangre. Entonces nos convencimos de que sacaban a los heridos o a los muertos y de que se los llevaban para no dejar huellas. ¿Que se pasó la mano? Bueno, estábamos en una guerra antisubversiva”.

Tras el “boinazo”, una serie de concesiones de La Moneda lograron restablecer la normalidad en las relaciones del gobierno con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el tema pendiente fue la denominada Ley Aylwin, sobre los juicios a los militares por crímenes cometidos durante la dictadura, que les garantizaba una rápida tramitación y el anonimato en su comparecencia ante la justicia. El Mandatario terminó retirando la ley del Congreso, porque no contaba con los votos de los socialistas y habría salido aprobada con el apoyo de la derecha. Al respecto, Pinochet señaló: “Este niño bonito, bien peinadito (el proyecto de ley) que armó el Presidente lo mandó a la Cámara de Diputados y allá ese niño bonito se lo transformaron en un monstruo, con un ojo por aquí y otro por allá”.

Fue así que Enrique Correa dio a conocer la posición del gobierno ante los dichos del comandante en jefe. “El Presidente (Aylwin) está profundamente disgustado con las expresiones del comandante en jefe. Ellas ofenden a un país amigo (Alemania), se inmiscuye en política al opinar sobre trámites en la Cámara de Diputados y agravia la sensibilidad del país al referirse en términos que son inaceptables a las víctimas de violaciones de derechos humanos”, decía la declaración.

Según La Tercera de esos días, fuentes al interior de las FF.AA. sostenían que “el Ejército está tranquilo y sigue siendo un león dormido, aunque algunos estén intentando despertarlo pisándole la cola”.

Así, los militares celebraron el aniversario de su intervención con misas en recintos de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, mientras que los partidarios de Pinochet festejaron en los alrededores de su casa. El actual senador UDI Iván Moreira, quien estuvo presente en esas manifestaciones asegura que “hoy hay mucha más odiosidad que el año 93″.

En el otro bando, el Partido Socialista optó por descubrir una placa en la sede de la colectividad en homenaje a las víctimas de la dictadura, con Allende a la cabeza. También celebraron un acto en el entonces Teatro Monumental .

Hasta el mediodía todo había transcurrido con relativa normalidad. Carabineros autorizó el acceso hasta La Moneda de una comitiva de unas 200 personas, entre ellas familiares de detenidos desaparecidos, que depositaron coronas de flores en la antigua entrada de la calle Morandé 80.

En tanto, otro grupo realizó una misa en la Iglesia San Ignacio. Antes de concluir el encuentro, unos 2.000 simpatizantes de grupos de izquierda, que esperaban afuera de la iglesia, partieron sin los del Partido Comunista hacia La Moneda. En la Alameda empezaron los enfrentamientos con Carabineros.

Por diversas calles otros grupos de manifestantes llegaron hasta el Cementerio General. Allí estaba previsto un acto, el que finalmente fue interrumpido. El saldo de la jornada fue decenas de detenidos, varios otros heridos y dos muertos: un mayor atropellado por un ve- hículo policial y un joven de 16 años producto de una bala.

La idea de reabrir la puerta de Morandé 80, la misma por la que entraban y salían los mandatarios en los años en que el Palacio era simultáneamente la sede de gobierno y la residencia de los jefes de Estado, y por dónde sacaron el cuerpo inerte del Presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, estaba en la mente de Ricardo Lagos mucho antes de que se empezara a hablar de los actos de conmemoración de los 30 años del Golpe de Estado. Así lo recuerdan algunos de los protagonistas de ese hito, que se convertiría en la imagen icónica de esa fecha.

Ernesto Ottone, quien fuera uno de los principales asesores del Segundo Piso en el gobierno de Lagos y jefe del influyente “Comité Estratégico”, dice que “a Lagos le parecía absurdo que la guardia de Palacio tuviera que rendirle honores cada vez que él salía inesperadamente a ver a su madre, quien por entonces estaba enferma, por lo que recuperar la puerta de Morandé 80 era, en cierto modo, recuperar la dimensión civil del Jefe de Estado”.

Para el primer trimestre de 2003, la reapertura de ese acceso adquirió un carácter simbólico mucho mayor para el gobierno del primer presidente socialista que ocupaba La Moneda después de Allende. “Era el símbolo de la continuidad institucional. Pinochet había ordenado tapiarla con concreto tras la reconstrucción de La Moneda después del Golpe”, dice Ottone.

“Lagos siempre planteó que los actos de conmemoración de los 30 años debían tener un sentido de Estado, un carácter republicano, ser sobrios y que tuvieran como centro la figura histórica de Allende”, dice el senador José Miguel Insulza, ministro del Interior en aquella época.

Fue el propio Lagos, dice Insulza, quien tres o cuatro días antes de la reinauguración de la puerta, tomó el mazo y dio el último golpe que faltaba para atravesar el muro. “Estuve ahí y fue un momento muy emocionante”, dice el senador.

Para un gobierno de una coalición en la que convivían opositores y partidarios de Allende, era primordial que los actos no provocaran conflictos ni división. “Lo que se buscaba era convertir los 30 años en una reflexión sobre lo que había pasado y no de polarización”, dice Ottone.

Aún así, la revalidación de Allende como un presidente demócrata y republicano provocó una fuerte resistencia entre quienes fueron sus opositores. Desde la directiva de la DC, encabezada por Adolfo Zaldívar, quien años después se acercaría al Presidente Sebastián Piñera, y otras figuras de la falange, recriminaron a sus socios del PPD-PS por los actos que se estaban organizando e, incluso, días antes del 11, amenazaron con restarse de las ceremonias.

Lagos e Insulza tuvieron que llamar a los dirigentes DC para bajar la tensión y ratificarles que el gobierno siempre había planeado separar las ceremonias que se llevarían a cabo en La Moneda. A cargo de los actos de homenaje a Allende, fijados para el 10 de septiembre, quedó el Ministerio del Interior. Estos consistieron en la inauguración del Salón Salvador Allende y la instalación de dos cuadros de homenaje al exmandatario hechos por el pintor hiperrealista Guillermo Muñoz Vera en el lugar donde murió Allende.

Presidencia, en tanto, se encargaría de la convocatoria al acto ecuménico que se realizaría el mismo 11 para recordar el quiebre democrático y la ceremonia de reapertura de la puerta de Morandé 80.

Desde la derecha declinaron asistir a los actos organizados por La Moneda. Tanto Renovación Nacional como la UDI alzaron la voz para dejar en claro su juicio negativo de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular.

En junio de ese año, sin embargo, la UDI, encabezada por Pablo Longueira, había provocado un remezón en la derecha, al dar a conocer la propuesta “La paz ahora”, en la que planteaban su rechazo a las violaciones a los derechos humanos, compensaciones para las víctimas y la agilización de los procesos judiciales para avanzar en el cierre de un conflicto que se había extendido por décadas.

Un paso al que ya se había anticipado en enero de ese año el propio Ejército, cuando a través de su entonces comandante en jefe, el general Juan Emilio Cheyre, habló del “nunca más”.

“Pese a todo, siento que seguimos siendo prisioneros del pasado. Tenemos grandes dolores, por eso creo que toda la sociedad, a través de todas sus autoridades -no sólo el gobierno-, todas, tiene la oportunidad de enfrentar el problema en su conjunto. Me refiero al nunca más de una clase política que fue incapaz de controlar la crisis que culminó en septiembre de 1973. Nunca más a los sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron. Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo. Nunca más un sector ausente y espectador pasivo. En fin, nunca más una sociedad chilena dividida”, señaló Cheyre el 13 de junio de 2003, durante una visita a un regimiento en Calama. Poco después, Cheyre lograría que los vicecomandantes en jefe durante el régimen militar, con la sola excepción del general (R) y senador designado Julio Canessa, suscribieran una carta asumiendo la responsabilidad. Su primer esfuerzo, sin embargo, había sido que Pinochet la firmara. Cheyre fue a verlo personalmente a su casa, pero Pinochet se negó.

La Armada, en tanto, también daba pasos en esa línea. Por primera vez, marinos y exprisioneros políticos viajaron juntos a Isla Dawson.

José Miguel Insulza recuerda que los partidos de izquierda y movimientos sociales abogaban por realizar sus propios actos de homenaje el 11 de septiembre. “Lagos se opuso. Así, pusimos una tribuna frente a la estatua de Allende en la Plaza de la Constitución, de modo que cada partido u organización tuviera sus minutos para hacer su conmemoración. Eso empezó a la 9.30 horas con el PS, y luego fueron pasando los demás. Al PC lo dejamos para el final, porque ellos eran los que más habían abogado por hacer un acto propio fuerte. Llegaron a las 18 horas, con músicos y varios artistas, y se quedaron más de una hora, mucho más que los demás, pero como eran los últimos, todo se mantuvo tranquilo”.

Casi a la misma hora en que se conmemoraba en La Moneda, Pinochet recibió en su casa de La Dehesa a una comitiva de la fundación que lleva su nombre, a la que le entregó la banda presidencial que usó durante su gestión.

El entonces Presidente Sebastián Piñera concedió una entrevista al diario La Tercera un par de semanas antes de que se cumpliera el 40° aniversario del Golpe de Estado. Se iniciaba la conversación, pero el Mandatario daba una señal: a excepción de todos sus anteriores diálogos con los medios de comunicación, en el encuentro no estaba su jefa de prensa. La idea era que no lo intentara contener, porque probablemente lo que iba a decir traería consecuencias. Así fue.

“Hubo muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada”. Esa fue la frase que alborotó el escenario político y que generó duros reproches, fundamentalmente de sectores de su propio conglomerado.

La reflexión que lanzó Piñera y que quedó resonando estaba pensada desde hacía tiempo. Cuando asumió como Jefe de Estado, sabía que bajo su mandato tendría que liderar las actividades de los 40 años desde el bombardeo a La Moneda y quería dejar una huella. Él tenía la convicción de que una derecha moderna debía revisar las actuaciones de los civiles en torno a las violaciones a los derechos humanos, aunque el gesto complicara a los sectores más duros de su sector. Algunos sostienen que la frase en particular la consensuaron con Rodrigo Hinzpeter, otros se la atribuyen únicamente al exmandatario y que el gesto siempre fue planeado por él para hacerlo en solitario.

El entonces diputado Iván Moreira recuerda que “fue una frase desafortunada. No era necesaria, porque el año 2003 la UDI, después de 20 años, reconoció, en un documento por la paz, que se habían cometido atropellos a los derechos humanos”. Por otro lado, quien era presidente del Partido Socialista ese año, Osvaldo Andrade, sostiene que la frase de Piñera “fue importante, porque abrió una veta que hasta entonces ninguna figura importante de la derecha había generado, que es el carácter cívico-militar del Golpe”.

En su discurso oficial del 9 de septiembre en la Plaza de la Constitución, Piñera no volvió a repetir el concepto de “cómplices pasivos”, y profundizó en las causas que llevaron al quiebre democrático, aunque no retrocedió del todo. “Algunos quisieran creer que toda la responsabilidad recae en quienes cometieron u ordenaron cometer esas violaciones a los derechos humanos. Esta posición es correcta en materia de responsabilidad penal, pero es parcial e insuficiente respecto de otro tipo de responsabilidades”, señaló.

Agregó que “en mi opinión, también tienen responsabilidad aquellos que no respetaron el Estado de Derecho y promovieron la intolerancia, el odio y la violencia en nuestro país, que finalmente condujeron al quiebre de nuestra democracia. Con posterioridad, esta responsabilidad también alcanza a quienes ejercieron altos cargos en el gobierno militar, o a quienes, por su investidura o influencia, conocieron de estos hechos y pudiendo alzar su voz para evitar estos abusos, muchas veces no lo hicieron, ya sea porque subordinaron los principios a sus intereses o porque sucumbieron al temor”.

Paralelamente al acto del gobierno, la Nueva Mayoría realizó su propia conmemoración en el Museo de la Memoria. En el lugar, donde estuvieron presentes los exmandatarios Ricardo Lagos y Eduardo Frei, y otras figuras de la entonces oposición, la única oradora fue la expresidenta Michelle Bachelet, quien en ese momento era la candidata de la centroizquierda para llegar nuevamente a La Moneda.

Hace algunos días, la exmandataria, tras reunirse con el Presidente Gabriel Boric, hizo una reflexión sobre esa fecha en comparación con la actualidad. “Me preocupa, porque siento que hay un retroceso. A mí me tocaron los 40 años, y a los 40 años yo creo que había un cierto acuerdo mucho más global de condena a lo que había pasado”.

En tanto, el propio Boric, hace unos días, reconoció el gesto del exmandatario en 2013: “Entonces, de haber pasado de hace 10 años, cuando el Presidente de la República de entonces, Sebastián Piñera, habló creo valientemente de los cómplices pasivos de la dictadura, quienes pudieron hacer y no hicieron, tanto en la judicatura, como en el mundo civil, a que hoy día tengamos parlamentarios que están abiertamente reivindicando el Golpe de Estado, que es indisoluble de lo que vino después, creo que es un retroceso democrático peligroso”.

El mismo 11 de septiembre de ese 2013 se realizaron diversas manifestaciones, marchas, velatones, inauguraciones de monumentos, hasta sahumerios afuera del palacio presidencial.

A su vez, el gobierno organizó una liturgia encabezada por Piñera y que contó con la participación de ministros, figuras de la Alianza y jefes de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI.

En el Congreso también hubo actividades. La Cámara rindió homenaje a parlamentarios que figuran en el listado de detenidos desaparecidos, mientras en el Senado realizaron un minuto de silencio en honor a las víctimas. Otro de los hechos ocurridos ese día fue que una decena de colegios amanecieron tomados.

Pero la frase de Piñera sobre los “cómplices pasivos” no es lo único por lo que se recuerda ese cuadragésimo aniversario del Golpe de Estado. El 10 de septiembre de 2013, Daniel Matamala y Mónica Rincón entrevistaron en CNN al exjefe de la Dina Manuel Contreras, quien cumplía condena en el penal Cordillera (recinto que albergaba a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad durante el régimen militar)

Los dichos de Contreras fueron ampliamente rechazados y criticados casi transversalmente, por su reiterada negación de las violaciones a los DD.HH. durante la dictadura. Dieciséis días después, Piñera anunció el cierre definitivo del penal Cordillera y el traslado de los condenados a Punta Peuco.

Según relatan cercanos al exmandatario, lo que más molestó a Piñera de la entrevista a Contreras fue un diálogo que mantuvo con Matamala.

“Esto no es una cárcel. Es una cárcel para nosotros solamente, militar”, aseguró Contreras.

“Atrás suyo hay un gendarme”, le replicó el periodista. “No, lo tengo aquí para que me tenga el bastón”, precisó Contreras.

La situación provocó la indignación del exmandatario, quien sumó a la ecuación el alto costo de mantener el recinto -38 gendarmes para 10 reclusos- y los lujos del mismo. De inmediato llamó a la ministra de Justicia de esa época, Patricia Pérez, para hacer las gestiones y materializar su decisión.