Los testimonios que hundieron al alcalde Aguilera

De nada valieron las medidas de restricción sanitaria ni la suspensión obligatoria de la campaña electoral debido a la pandemia. El jueves, poco después del mediodía, más de un centenar de funcionarios de la Municipalidad de San Ramón que trabajan por la reelección del alcalde Miguel Ángel Aguilera se congregaron alrededor de la pileta ubicada en el frontis del edificio consistorial, respondiendo a un llamado urgente del jefe comunal.

Todos vestían polera roja, una similar a la que usan habitualmente en sus salidas a terreno, solo que ésta no tenía en el pecho el escudo de San Ramón, sino que una gran letra A de color blanco, el logotipo de la campaña de Aguilera.

El ambiente en torno a la pileta no era de algarabía. Poco antes, el Ministerio Público había notificado a Aguilera, al destituido concejal José Miguel Zapata Vergara y al exfuncionario municipal Daniel García Vega de la formalización —fijada para el 27 de septiembre en el 15° Juzgado de Garantía de Santiago— por los eventuales delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero. Un golpe duro de encajar.

Por eso el jueves, frente a sus partidarios, Aguilera dijo que las denuncias en su contra eran parte de una persecución de medios de comunicación y de algunos partidos políticos que buscarían perjudicarlo. Por lo mismo, los llamó a no bajar los brazos y a redoblar el trabajo de campaña.

Finalizada la arenga, el edil organizó a los funcionarios municipales —reconvertidos en activistas electorales— en cuadrillas, las que lideradas por el propio Aguilera saldrían la misma tarde del jueves a recorrer las calles de la comuna entregando cajas de mascarillas y vales canjeables por balones de gas de 11 y 15 kilos, especialmente a los vecinos que han autorizado la instalación de letreros de su campaña y de los candidatos leales a él en los techos de sus casas.

Según algunas estimaciones de otros candidatos que postulan en San Ramón, Aguilera ya ha entregado más de 30.000 vales de gas.

A fines de marzo, el alcalde subrogante, Samir Miranda, hombre de confianza de Aguilera y quien, además, ejerce como director del Servicio de Planificación Comunal y administrador municipal, había apurado en el concejo la adquisición de 4.500 cajas de mercaderías —a un costo de $ 43.000 por unidad— y 27.000 kits de seguridad con mascarillas, guantes y alcohol gel, las que serían repartidas entre los habitantes de San Ramón.

A eso de las 17.30 del jueves, mientras la noticia comenzaba a difundirse en los pasajes de la comuna, Aguilera repartía alarmas comunitarias en la zona norte de San Ramón y luego se reunió con la concejala socialista María Jopia —cercana a él— y su equipo de campaña en una sala del colegio La Araucanía. En esa conversación, señalan fuentes que asistieron a la cita, Aguilera les pidió “estar más unidos que nunca” para hacer frente a lo que calificó como una persecución política en su contra con fines electorales.

“Tenemos que estar más unidos que nunca”.

Alcalde Miguel Ángel Aguilera

“No puedo dejar de asombrarme que contando con antecedentes que datan de mayo y agosto del 2020, recién ahora se me dé una fecha para una audiencia de formalización”, señaló Aguilera el 15 de abril en una declaración pública que difundió a través de redes sociales y que habría redactado “tras sostener una reunión con sus abogados Samuel Donoso y Andrea Rivera”.

“Me he informado que esa solicitud de audiencia no es más que una comunicación que realiza el fiscal ante el juez de garantía y en mi presencia, de que se sigue una investigación en mi contra por delitos relacionados con unas licitaciones sobre las que no tengo ni tuve ninguna participación técnica, ni en la solicitud ni en la adjudicación”, consignó Aguilera en la misma declaración que horas más tarde debió sacar de las redes. ¿Qué pasó? No está claro, pero luego del episodio, Donoso aseguró que no es el abogado defensor de Aguilera.

La solicitud de formalización llegó tres años y seis meses después de que la fiscalía abriera una investigación de oficio en contra de Aguilera y varios otros funcionarios de San Ramón. Lo hizo luego de que un reportaje de Informe Especial impactara a la opinión pública destapando una red de eventuales vínculos del alcalde con el narcotráfico.

Con el paso de los años, varios medios de comunicación han ido revelando de a poco el contenido de la indagatoria penal. La Tercera accedió a algunos de los antecedentes de la causa que ilustran un cúmulo de presuntas irregularidades que ocurren en San Ramón.

Cuando la Fiscalía Sur llevaba casi un año detrás de los eventuales delitos cometidos en San Miguel, los persecutores Víctor Núñez y Leonardo Zamora llegaron hasta el Centro de Detención Preventiva Puente Alto para tomarle declaración al exguardaespaldas de Aguilera.

Roberto Martínez Cariz es un viejo conocido del exdirigente socialista. Se desempeñó como administrador electoral de la campaña a alcalde de Aguilera y luego como jefe del Departamento de Seguridad Comunal. En 2017, a petición de Aguilera, asumió como jefe del Departamento de Recintos Deportivos.

Estuvo ejerciendo esas labores municipales hasta que su vida tuvo un drástico giro. En noviembre de 2017 fue detenido a bordo de un auto robado con dos cajas de 50 municiones de 9 milímetros vinculadas al clan familiar que lidera Jorge “Chino” Pinto, una de las tres bandas dedicadas al narcotráfico que controlan el territorio de San Ramón y parte de la zona sur de la Región Metropolitana.

El testimonio de Martínez dio piso al Ministerio Público para seguir profundizando en sus líneas investigativas, sobre todo en relación con las licitaciones públicas. ”El enriquecimiento ilícito del alcalde y las personas más cercanas a él viene por el lado de las licitaciones públicas. Las empresas se adjudicaban las licitaciones por un sistema de diseño de bases de licitación a la medida de la empresa y luego de eso la gente de esas empresas le pagaba una coima al alcalde en efectivo, pero por medio de Andrés Olguín. Ellos le pagaban a Andrés Olguín en efectivo y él le pagaba su parte al alcalde”, dijo el exguardaspaldas.

Martínez narró a los fiscales que él pasaba todo el día con Aguilera. Tanto así que incluso lo acompañaba a sus reuniones políticas cuando el jefe comunal aún militaba en el Partido Socialista.

El exfuncionario municipal no quiso guardarse nada. “Recuerdo una vez que acompañé al Mall Plaza Sur, en los estacionamientos que están frente a la Ruta 5, donde llega José Pérez con un maletín, se lo entrega a Andrés Olguín sentados ellos solos tomándose un café o una bebida, luego fuimos a la municipalidad, se lo dejó en el escritorio a Aguilera que no estaba. Me llama Aguilera, veo que desde el mismo maletín saca dinero, se va a la salita de reuniones, me pasa un millón de pesos y me ordena que se lo remita a su hija que estaba en España para girarle euros, lo cual hice en el Chilexpress del paradero 24 de Gran Avenida a mi nombre como girador. Debo decir que hice varios más”, declaró Martínez antes los persecutores.

La fiscalía luego corroboró este hecho con los registros de las empresas que envían dinero al exterior.

Sus palabras coinciden con algo que es vox populi entre algunos conocedores de las dinámicas internas de San Ramón: el supuesto “diezmo” de Aguilera.

“De la licitación, Olguín y el alcalde cobraban el 10% aproximadamente. De eso, un 6% iba para el alcalde y el resto para Olguín”.

Agregó Martínez en su testimonio.

De hecho, en sus mismas palabras, Martínez más adelante mencionó a García, otro de los imputados que serán formalizados en septiembre por la fiscalía: “Sé que Daniel García era la primera persona que empezó a hacer esta figura con el alcalde. Luego dejó de hacerlo, porque se enfermó de los nervios”.

Esa declaración no es la única que apunta al eventual “diezmo” de las licitaciones de San Ramón. Un año antes, a finales de 2017, testificó Luis Campos Uribe, un exfuncionario de la municipalidad que en 2013 realizó labores vinculadas a la organización de los comités de vivienda. Ante el fiscal Núñez el extrabajador narró las presuntas irregularidades que, según él, ocurrieron en 2013 para la postulación de fondos del Serviu destinados a la Villa Paraguay.

Aquí aparece el imputado Zapata que, en ese tiempo, se desempeñaba como director de la Secretaría Comunal de Planificación. “Recuerdo que José Miguel Zapata me señaló que para estos efectos habían decidido trabajar con la Egis del señor Juan Barros —entidades de gestión inmobiliaria social, que hacen de mediador entre las constructoras y los beneficiados—, de manera que yo a ellos tenía que entregarles los documentos reunidos”, afirmó Campos ante el persecutor.

Hasta ahí, aparentemente, todo iba en norma. Campos declaró que el asunto cambió cuando Aguilera lo llamó a una reunión en la que además de Zapata habrían participado el exasesor jurídico del alcalde William Ara y el exjefe de gabinete del director del Serviu Metropolitano Eduardo Bermúdez.

“Ahí, en la oficina del alcalde, Aguilera me pregunta si yo tenía o no negocios con la Egis. Le reiteré que no y le expliqué que la Egis me la había informado Zapata. En ese momento, cuando Zapata respalda mis dichos, Aguilera preguntó entonces dónde estaba el ‘pago del 10%’, refiriéndose a la comisión que deberían haber pagado por adjudicar este trabajo”, testificó Campos.

En esa misma declaración, luego reveló cómo se efectuó el pago de la supuesta comisión exigida por Aguilera: “Si bien no hubo pago de sobornos al momento de la adjudicación, sí los hubo posteriormente”.

Al igual que Aguilera, Zapata está incluido en la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado y fue destituido del cargo de concejal en San Ramón. Su historia quedó al descubierto luego de que funcionarios del municipio denunciaran a la Contraloría irregularidades en tres licitaciones de 2015 adjudicadas a la empresa Asesorías en Investigación Social Limitada para obras de adelanto por un monto de $ 164.921.000, financiados con fondos del gobierno regional.

Al momento de la adjudicación, Zapata se desempeñaba en la Secretaría de Planificación Comunal de San Ramón, por lo que estaba a cargo de la definición de las bases de licitación y, al mismo tiempo, era el jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional Metropolitano, responsable de visar esas licitaciones y aprobar los presupuestos.

Un tercer testimonio, esta vez de una funcionaria municipal de iniciales C.D., también confirmó posibles irregularidades en esta materia.

“Pedro Jaque, sé que él interviene en algunos procesos de licitación, contactando a empresas para que se ganen las licitaciones. En este punto supe por boca de José Martinez Sagredo que Jaque ingresó a su oficina un fin de semana con llaves que le proporcionaron los guardias y fotografió un decreto de adjudicación donde se le adjudicó a otra empresa a la que él había contactado, con el fin de dárselo a la empresa que él promovía y así esta reclamara en Chile Compra”.

Indicó la funcionaria en su declaración.

Algunos de los testimonios que forman parte de la carpeta investigativa del caso muestran indicios de que en San Ramón además se habría operado con un sistema de “sobresueldos”, es decir, funcionarios de planta a quienes, además, se les emitían boletas de honorarios.

“Estas boletas eran entregadas para justificar egresos municipales con el propósito de pagar deudas existentes con el Chino Pinto por los fondos entregados para la campaña (de 2012)”, afirmó Campos.

Las contrataciones y el pago de remuneraciones también son parte de un hilo que el Ministerio Público viene tirando desde 2017. A finales de ese mismo año las presunciones llevaron directamente hacia el programa Chile Crece Contigo.

Esta arista tuvo un primer testimonio de Francisca Molina Molina, quien coordinó ese plan en San Ramón en 2014.

“Existían irregularidades de fondo consistentes en contrataciones de personas que no cumplían ni desempeñaban ningún tipo de función”.

Declaró la exfuncionaria.

La testigo detalló que “se contrataba gente sin que yo lo hubiera solicitado”. Sobre ese mismo tema dijo que se enteraba de la existencia de estos contratos cuando llegaba a su oficina y se encontraba con las personas “instaladas en las dependencias del programa”.

Ninguno de esos supuestos funcionarios municipales, relató la profesional, tenía que ver con la ejecución del programa. “Lo irregular era que aparecían el día en que iban a presentarse, pero no los volvía a ver nunca más. Solo me aparecían sus nombres cuando debía enviar mensualmente el memo de pago”, concluyó en su testimonio ante el fiscal Núñez.

Sobre este mecanismo, el exguardaespaldas también aportó con lo que él habría visto. En esta parte aparece Carlos Adema, otro funcionario de confianza de Aguilera.

“Carlos Adema tenía un sistema de contratos falsos, es decir, tenía alrededor de unas 50 u 80 personas que aparecían contratadas, pero que en realidad no trabajaban. Aparecían en el papel contratadas, pero no cumplían funciones en la municipalidad y aparecían solo a cobrar el sueldo, sueldo que gran parte se lo entregaban a Adema. Por ejemplo, si ganaban $ 300.000, Adema se quedaba con $ 250.000 y ellos con el resto”, afirmó Martínez.

Para sustentar sus dichos, agregó que le tocó ver planillas para pagos con nóminas de 50 personas cuando, según él, solo 20 de ellas trabajaban de forma efectiva.

Lo que en un inicio partió como una causa penal por eventuales relaciones de trabajadores municipales con el narcotráfico, con el paso del tiempo derivó en una causa por el presunto delito de lavado de activos.

Además de los testimonios de los excolaboradores de Aguilera, para el Ministerio Público fue clave la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El organismo le remitió a la fiscalía sus alertas, luego de detectar transferencias de dinero entre las cuentas de Aguilera y de algunos de los involucrados en las pesquisas.

Todas, al momento del análisis de la UAF, sin justificación comercial aparente y tampoco coherentes con los ingresos regulares de los imputados.

Por lo mismo, la UAF recomendó a los fiscales solicitar a los juzgados de garantía el alzamiento del secreto bancario en las cuentas de Aguilera, de integrantes de su círculo de hierro, así como también de los socios de algunas empresas que se adjudicaron licitaciones en San Ramón. Todo con el objetivo de realizar la trazabilidad del dinero e ir corroborando los testimonios.

De hecho, el Ministerio Público habría rastreado una transferencia sospechosa, reportada por la UAF, desde las cuentas de Aguilera a Zapata por cerca de $ 5 millones.

“(Los antecedentes expuestos) constituyen indicios coherentes, serios y concordantes que permiten deducir que los imputados estarían utilizando productos bancarios de distinta naturaleza para ocultar o intentar legitimar dineros obtenidos en la actividad reiterada en el tiempo de los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco”.

Señala la fiscalía en algunos de los oficios que se enviaron a los jueces de garantía.

Así, por ejemplo, en octubre de 2018 el juez del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, René Cerda Espinoza, autorizó el alzamiento del secreto bancario de Francisco Olguín Guzmán y Pedro Jaque Cavada, entre varios otros más.

En el caso de Olguín, quien es candidato a concejal por San Ramón —como parte de la estrategia de Aguilera de extender su área de influencia política en la zona sur— la fiscalía detectó entre 2015 y 2017 que recibió abonos en dos de sus cuentas por casi $ 90 millones.

En el mismo periodo, Olguín transfirió desde esas mismas cuentas sumas hasta por $ 90.019.000, además de giros en efectivo por más de $ 33 millones, cuyo destino se desconoce.

Entre las cosas que llamaron la atención a los persecutores están que las cuentas de Olguín registran transferencias de dinero con 15 funcionarios de San Ramón. Los oficios de la fiscalía señalan que se trataría de “transacciones de las que se desconocen sus motivos y que aparentemente no tendrían justificación comercial”.

Según los informes financieros que maneja la fiscalía, Olguín habría recibido abonos en sus cuentas por $ 25 millones de parte de esos funcionarios, a los que, a su vez, Olguín aparece depositándoles sumas por más de $ 17 millones.

Dos meses después, el 28 de diciembre de 2018, el juez Cerda ordenó un segundo alzamiento de secreto bancario respecto de las cuentas e instrumentos financieros de toda índole relacionadas con los socios de algunas empresas que se adjudicaron licitaciones en San Ramón mencionadas por los testigos y que están bajo la mira del Ministerio Público.

A esa diligencia se sumó, en enero de 2019, un tercer alzamiento de secreto bancario respecto de otras operaciones que también se encuentran bajo sospecha y que involucra a más actores.

Por lo mismo, aunque la audiencia de formalización programada para el 27 de septiembre afecta solo al alcalde Aguilera, al exconcejal Zapata y al exfuncionario municipal García, recién se está comenzando a develar el entramado que se montó en San Ramón, por lo que no se descarta que más adelante puedan aparecer nuevos imputados.