Reparaciones a víctimas del estallido: la decisión pendiente del Presidente

Lo dijo el exministro del Interior Víctor Pérez a la salida del tedeum evangélico del 13 de septiembre pasado.

-Hay un programa de reparaciones que va a ser anunciado por el Presidente de la República en los próximos días.

Esos próximos días, en el proyecto inicial que pocos manejaban en La Moneda, correspondían al primer aniversario del estallido social del 18 de octubre. La idea era lanzar un plan que aumentara el apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado y permitiera darles visibilidad a los programas de reparación que La Moneda venía impulsando desde diciembre de 2019, cuando el Presidente Piñera los anunció tras reconocer los atropellos.

Por entonces, incluso, se habló de la posibilidad de hacer una suerte de comisión de verdad y reparación para quienes sufrieron daños físicos y psicológicos por parte de funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, pero ello se descartó. Y finalmente tampoco prosperó la idea de hacer los anuncios con motivo del aniversario; en parte, porque había cierta resistencia interna de los sectores más duros de la derecha, y en parte porque el programa no estaba lo suficientemente afinado.

Ahora, ya pasado el aniversario, la iniciativa se retomó. En La Moneda no quieren hablar de “reparación”, pero sí de programas de ayuda a las víctimas, principalmente a las que sufrieron daño ocular. Y hay un grupo conformado por asesores de Presidencia, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el departamento encargado del Minsal, que está en gestiones para darle un nuevo impulso: entre las opciones está inyectar nuevos fondos para aumentar las ayudas psicológicas y médicas que el Estado ha otorgado y, también, entregar pensiones de gracia a casos emblemáticos y graves. Incluso, podrían ser ambos. Para eso, las conversaciones también incluyen a la Dirección de Presupuestos y al Ministerio del Interior.

La eventual entrega de pensiones, advierten en La Moneda, corre en paralelo con las indemnizaciones que la justicia pueda determinar en sus fallos sobre los distintos casos. Para ello, han determinado el número de personas beneficiarias sobre la base de las nóminas de víctimas que el INDH ha entregado y aquellos que se han atendido en la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador.

El miércoles, al mediodía, los equipos que reimpulsan este plan volvieron a reunirse. La idea es presentar en los próximos días una propuesta afinada al Presidente y que durante esta semana haya una resolución final.

Uno de los nudos que enfrentó esta propuesta -afirman en el Segundo Piso Presidencial- fue la reticencia del equipo del entonces jefe de Interior, Víctor Pérez. Pese a que él mismo fue quien habló públicamente del asunto, las diferencias tenían que ver con el alcance de los beneficiarios. En La Moneda sostienen que en el equipo de Pérez, sobre todo su jefe de gabinete, Giovanni Calderón, planteó que la eventual pensión de gracia o gesto reparatorio debía correr también para funcionarios de Carabineros y de las FF.AA. que resultaron lesionados en las protestas, no solo para víctimas civiles. Esa postura -que hasta el día de hoy defienden otros miembros del grupo que estudia el tema- encontró oposición en buena parte del equipo, en el entendido de que se trata de violaciones a los DD.HH. cometidas por agentes del Estado. Desde el exequipo de Interior, sin embargo, niegan esta versión.

La reflexión que hacen en el Segundo Piso en torno a la situación es que esta se aborda -tal como lo señala el director del INDH, Sergio Micco - desde cuatro frentes: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En términos de justicia, aseguran que el carril ha sido facilitar la entrega de antecedentes a la fiscalía para que investigue tanto a carabineros como a oficiales de las FF.AA. que pudieron estar involucrados en casos de DD.HH. Y en ese punto, destacan las querellas presentadas al Ministerio Público, los más de 60 funcionarios formalizados y una veintena con prisión preventiva.

La línea de garantías de no repetición la abordan por los nuevos protocolos de reglas de uso de la fuerza (RUF), la prohibición del uso de perdigones para repeler los disturbios y los procesos administrativos en Carabineros, donde ya hay 1.270 sumarios en curso y 81 funcionarios sancionados.

Pero el punto más complejo es el de la reparación, donde tanto desde Palacio como del INDH afirman que se lidia con dos dificultades: la poca confianza de las víctimas en el Estado y la subejecución de los montos ya definidos.

Hasta ahora, la reparación se ha enfocado en tres áreas. La primera es el plan integral de reparación ocular (Piro), a cargo de la UTO, que incluye, además, atención sicológica a las víctimas de lesiones en sus ojos. Y si bien el plan cuenta con un presupuesto alto -$ 2.203 millones-, todo indica que no se ha ejecutado del todo. La glosa del presupuesto del Minsal que contiene este programa establece que entre octubre y diciembre de 2019 se gastaron $ 345.044.671 millones, y este año, hasta julio, la ejecución presupuestaria fue de $ 141.407.191 millones.

En La Moneda dicen que el INDH reportó 460 personas con daño ocular, de las cuales 339 han sido atendidas en este plan que lanzó el entonces ministro Jaime Mañalich en noviembre pasado y que el Presidente Piñera ya aprobó su extensión para el 2021. De ellos, 74 ya fueron dados de alta, 105 están recibiendo tratamiento y 153 están retomando tratamiento pospandemia. Entre estos casos está el de Gustavo Gatica, quien perdió los dos ojos. No así Fabiola Campillai, quien no ha sido atendida por el programa del gobierno. Según señalan en La Moneda, se intentó tomar contacto con ella para ofrecerle ayuda, pero no tuvieron éxito.

El segundo programa es el de asistencia a lesionados graves, en el cual hay 43 personas que han estado en riesgo vital o tuvieron una intervención quirúrgica importante.

El tercer programa es el de reparación integral de violencia contra la mujer, que da asistencia gratuita a víctimas. Si bien éste partió de la mano de uno que ofrecía el Sernam, pocas mujeres se acercaron, por lo que pidieron una asesoría a ONU Mujeres para mejorar la iniciativa.

En el equipo que lleva las conversaciones están confiados en que el Presidente apruebe una mejora en los planes de reparación. De ser así, en todo caso, sería acotado para las 339 personas que se atendieron en la UTO y los 43 lesionados graves.

“En el INDH siempre nuestra política ha sido contar lo que hemos visto y oído. En este caso, diría que la percepción de las víctimas es de un abandono completo y total”. Esa es la primera evaluación que el director del organismo, Sergio Micco, realiza sobre qué tan avanzados están los programas de reparación para víctimas a causa de agentes del Estado post 18 de octubre.

El 2 de noviembre, Micco expuso ante la comisión mixta de presupuestos parte del programa que el INDH planea realizar en ese sentido durante 2021. Ahí solicitó fondos para crear un equipo de 24 sicólogos y trabajadores sociales para acompañar a un total de 3.023 víctimas en todo el país, por un monto de $ 291 millones.

“Nosotros usamos el concepto de reparación integral, es decir que se devuelva a la víctima a una situación anterior -si es posible- a la que sufrió a la violación de DD.HH.”, afirma Micco. Esta reparación integral tiene varias áreas: médica, psicológica, reinserción laboral, reparación civil o indemnización que decretan los tribunales y, por último, la reparación simbólica. “Lo mínimo que las víctimas dicen es que el Estado reconozca que se violaron DD.HH., para que se sepa y sea garantía de no repetición. Esto no es solo sobre la víctima, sino también respecto de su familia”, afirma Micco.

El director del INDH afirma que lo que “se ha hecho o dispuesto por el Estado hasta ahora es insuficiente”. Micco habla de los tres principales programas que se activaron tras la crisis social. El primero, el Plan Integral de Reparación Ocular (Piro) que anunció el Presidente Piñera en diciembre de 2019, el que se desarrolla en la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador. “Ahí hay una subejecución completa en la que –hay que ser justos- tiene que ver también la pandemia. Estamos hablando de 2.100 millones de pesos y hoy la aspiración es llegar a ejecutar 700 millones de pesos”, dice.

El segundo programa deriva de un convenio entre el INDH y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el que trata de reparación y apoyo a mujeres víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. “A ese programa han llegado 25 víctimas; el problema que tenemos es que las víctimas no creen en el Estado”, agrega.

El tercero es un programa para jóvenes, para el cual se firmó un convenio con una fundación “que no se pudo ejecutar nuevamente por desconfianza de los jóvenes en estas políticas públicas”.

Micco dice que aún falta el gesto simbólico de pedir perdón a nombre del Estado. “He escuchado de víctimas, y no solo de violencia institucional… Un comerciante, que le destruyeron su restorán, me dijo: ‘Lo único que pido es que alguien me pida perdón, nada más’. No tengo duda de que el Estado debiera una y mil veces reconocer que ha habido violaciones de DD.HH.”.

32 ceguera 1 ojo con pérdida globo ocular

92 ceguera 1 ojo sin pérdida globo ocular

1 ceguera 2 ojos con pérdida globo ocular

4 ceguera 2 ojos sin pérdida globo ocular

30 pérdida visión significativa en 1 ojo

1 pérdida visión significativa en 2 ojos

37 pérdida visión leve en 1 ojo

3 pérdida visión leve en 2 ojos

109 sin pérdida visión en 1 ojo

12 sin pérdida visión en 2 ojos

18 casos sin evaluación inicial todavía