Roberto Garrido, fiscal regional de La Araucanía: “No había ninguna justificación para haber dilatado la detención de Llaitul”

Lo que se quería evitar, a toda costa, era un enfrentamiento entre civiles y la policía, y para eso era fundamental mover el operativo a un territorio neutro, lejos de su casa y de su red de protección más estrecha. Asegurado eso, el siguiente paso era establecer una rutina y estar 100% seguros de que el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, estaría -como todos los días- almorzando en uno de los locales de la calle Séptimo de Línea de Cañete.

Con el “blanco” sentado y almorzando a las 13.30 horas, los efectivos de la PDI que lo seguían se ubicaron en una de las mesas continuas, mandaron un mensaje a sus colegas y pidieron tener listo el helicóptero que los llevaría hasta Temuco. En pocos minutos, saldrían con líder de la CAM esposado para que la Fiscalía de La Araucanía lo formalizara por los delitos de hurto de madera, usurpación, atentado contra la autoridad e infracción a la Ley de Seguridad del Estado (LSE).

Con Llaitul detenido, y en un procedimiento “limpio”, sin enfrentamientos ni agresiones, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, ya estaba más tranquilo. Era un caso que había comenzado hace dos años, el 8 de enero del 2020, cuando el líder de la CAM -tras conocer el fallo condenatorio contra Daniel Canio, miembro de su organización- llamó a que “las comunidades, nuestro pueblo nación, a estar activos en relación a lo que es la confrontación (...). Esta es una condena política y la respuesta se viene”.

“Hay un llamado explícito a las Organizaciones de Resistencia Territorial (ORT) para actuar en contra de las forestales. Este llamamiento lo hace tanto al interior del tribunal, incluso, cuando se le pregunta si van a continuar los atentados responde afirmativamente y, en el exterior del tribunal, es mucho más claro en hacer llamados a las comunidades a enfrentarse con sus enemigos”, explica el fiscal Garrido.

Invocada la Ley de Seguridad del Estado, ¿cuál fue el siguiente paso?

Teníamos que demostrar que había una vinculación entre lo que él manifiesta y acciones concretas, porque eso afecta el interés protegido de las personas a desarrollar sus acciones cotidianas. Evidentemente, esta serie de atentados que se registran luego de los dichos del propio imputado van afectando progresivamente el orden público.

¿Cuántos delitos le atribuyen?

Le estamos atribuyendo un delito de incitación y de ataque a las forestales, pero este delito provoca -y eso justifica la penalidad que tiene- una serie de atentados que pueden estar vinculados directamente con el llamamiento que él realizó el 8 de enero. Ahí podemos contabilizar 54 atentados, donde en todos ellos hay referencias específicas a la libertad de Daniel Canio, en los términos que lo exigía el propio imputado.

Ya con el teléfono de Llaitul intervenido, ¿qué les revelaron sus conversaciones?

La primera conclusión que se puede extraer es que se trata de una persona que es muy cuidadosa en sus comunicaciones, que intenta no cometer ningún error. Cuando hablaba con personas conocidas solicitaba comunicarse por vías más seguras, como servicios de mensajería, justamente para resguardar su privacidad. Es por eso que si bien hay un periodo extenso de comunicaciones, aquellas que se refieren explícitamente a la comisión de delitos no son tantas.

¿Se evidenció cómo se organizaban para perpetrar los delitos?

Es que él adoptó varios resguardos, siempre se cuidaba de entregar información por teléfono. Lo que sí nos pudimos percatar es que los niveles de organización son cada vez más sofisticados, lo mismo que los niveles de violencia que se usan, que son muy altos. Él ya estuvo condenado (2011) por delitos similares, pero se usaban otros medios, como piedras, boleadoras. Hoy queda en evidencia que hay un uso intensivo de armas de fuego, ataques a los funcionarios de Carabineros y vehículos policiales. Otro antecedente que nos pareció interesante es que hay una relación entre las usurpaciones de los predios y la sustracción de la madera. Pero con lo que pudimos recabar se cae en parte el discurso público del imputado, el cual se sostenía en que, supuestamente, ellos no dañaban personas, y eso no es tal.

¿Por ejemplo?

Hay casos donde es evidente la actuación de la CAM en que sí se pone en riesgo la vida de las personas, pero, además, hay que hacer presente que la mayoría de los atentados -por no decir su totalidad- están dirigidos a contratistas forestales; es decir, personas que son microempresarios, con un camión o dos, y que con estos atentados pierden su capital de trabajo. Por lo tanto, el daño a las personas es constante.

¿Qué tipo de resguardos tomaron para tener un caso que no se pareciera a la Operación Huracán?

La investigación que derivó en lo que se denomina Operación Huracán es una investigación que se hace al amparo de la Ley de Inteligencia, que se hace por Carabineros con autorizaciones liberadas por un ministro de la Corte de Apelaciones. Es una situación totalmente distinta a la de ahora. Esta investigación comienza con una denuncia en 2020, en el Ministerio Público, y que las va ejecutando en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), donde cada una de las medidas intrusivas se autorizan por el Juzgado de Garantía de Temuco. Es por eso que no solo hay un control por sobre las policías que hace el tribunal, sino que también el Ministerio Público, lo que nos permite marcar una diferencia absolutamente abismal con el procedimiento que posteriormente se llamó Operación Huracán.

¿Se podrían abrir nuevas hebras investigativas a partir de las escuchas que tienen y lo que eventualmente pueda salir de su celular incautado?

Acá es necesario actuar con la mayor reserva. Lo hechos de violencia que se han registrado en La Araucanía son múltiples. Tenemos muchas investigaciones en curso, pero sobre las mismas no corresponde entregar información.

¿Cómo tomaban en la interna de la fiscalía el tener esta investigación firme y, por otro, que se les pidiera celeridad en detener a Llaitul por los constantes dichos llamando a la violencia en la zona?

La fiscalía trabaja con absoluta independencia de otros órganos del Estado. Hemos estado trabajando desde el año 2020 en este caso para contar con los antecedentes suficientes para poder, en el momento que correspondiera, hacerlos valer en la instancia respectiva. En este caso, los últimos informes que faltaban llegaron pocos días antes de que tomáramos la decisión de solicitar la orden de detención. Es más, fue en la misma semana.

El primer roce entre la investigación judicial que terminó con la detención de Llaitul y las eventuales implicancias políticas del caso se dio, primero, por el momento del arresto. Desde la oposición acusaron un eventual aprovechamiento del caso por parte del gobierno debido a a la cercanía con el plebiscito y, a la vez, los partidos del oficialismo se veían obligados a asumir una postura firme ante el vocero de la CAM. Sin embargo, eso no sería nada con la escucha telefónica que la PDI pesquisó entre el líder de la CAM y una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social, lo que empujó a la salida de la ministra Jeanette Vega (PPD).

Se especuló bastante sobre por qué se hacía esta detención a menos de dos semanas del plebiscito. ¿Cómo tomaron esas interpretaciones?

Bueno, las especulaciones, o las interpretaciones, van a variar dependiendo de quiénes las formulen. Nosotros tenemos muy claro el mandato que nos corresponde y sabemos que tenemos que actuar cuando contamos con todos los antecedentes que justifiquen nuestra acción. Hubo una ampliación de querella presentada por el Ministerio del Interior a mediados de julio, donde se realizaron algunas diligencias que hicimos a la brevedad, y cuando tuvimos resultados fue que decidimos actuar inmediatamente, de tal manera que solo podemos dar cuenta de eso y no nos podemos hacer cargo de interpretaciones. Lo importante es que a través de nuestro trabajo estamos confirmando la vigencia del Estado de Derecho y el principio al estado de legalidad.

Tampoco hubiera correspondido dilatarla...

Acá no había ninguna justificación para haber dilatado la decisión de detener a Llaitul por razones que son absolutamente ajenas a la función del Ministerio Público.

¿Se le informó al gobierno de la detención de Llaitul?

Sí. La comunicación que se formula es a la Defensoría Penal Pública, dando cuenta de la detención, y luego a través del abogado querellante (Interior).

¿Antes no se les avisó? Es decir, no les dijeron uno, o dos días antes, “vamos a detener a Llaitul”?

No.

¿Qué grado de relevancia tenía para la investigación la transcripción de la conversación entre Héctor Llaitul y la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social que decía llamar de parte de la entonces ministra Jeanette Vega?

Cuando hay interceptaciones telefónicas podría, eventualmente, plantearse alguna duda de quiénes son los interlocutores, por ende, una de las diligencias que se realizan es precisar interceptaciones donde las personas se identifiquen con su nombre y esta era una de esas escuchas. Pero no tenía ninguna relación con la comisión de delitos propiamente tal.

¿No se indaga nada de esta conversación?

No está relacionada con los delitos que nosotros estamos investigando y no constituyen tampoco ningún tipo de infracción.

¿Hay más conversaciones registradas entre Llaitul y funcionarios de gobierno?

Hay muchas conversaciones y se hace un análisis de las que son relevantes. Yo no me puedo referir a todas las conversaciones que se tuvieron en dos años, pero lo que hoy puedo decir, no existen otros registros.

¿Las registradas e informadas, o en ninguna de las escuchas?

Se registran las conversaciones, se hace un análisis de las que son pertinentes para la investigación, ya sea para demostrar su participación en algunos delitos, o su identidad como en este caso, y esas son las que se transcriben y se utilizan en la investigación. El resto quedan respaldadas, pero no tengo capacidad para recordar las conversaciones de este periodo.

El Presidente Gabriel Boric dijo sentirse preocupado “por la filtración de procesos judiciales en curso” y pidió investigarlas. ¿Se siente aludido?

No, nosotros mantuvimos esta investigación en reserva con la PDI por dos años y nunca hubo ningún tipo de filtración. Una vez que se produce la detención del imputado ponemos a disposición del resto de los intervinientes -es decir, querellantes y defensores- los antecedentes del caso y luego de eso es que pasa esto. A la fiscalía esto no le beneficia en nada, todo lo contrario, viene a enturbiar el trabajo que estamos realizando.

¿Desde el gobierno se contactaron con ustedes manifestándoles algún grado de molestia?

No hemos recibido ningún tipo de observación al respecto.

Para que esto se investigue, como pidió el Presidente, ¿él tiene que denunciar en la fiscalía?

Puede formular la denuncia y, hasta ahora, no tengo conocimiento de que se haya hecho.