18-O tras las rejas: Gendarmería activa plan para enfrentar detonación de explosivos y redobla vigilancia en las cárceles
En atención a la serie de manifestaciones convocadas, el subdirector operativo de la entidad penitenciaria, Leonardo Barrientos, instruyó la adopción de una serie de medidas "a fin de prevenir y responder ante la eventual ocurrencia de eventos que puedan afectar la seguridad y el normal funcionamiento de los recintos". Así, considerando que en penales aún hay detenidos en el contexto de protestas y cuya libertad es exigida por movimientos sociales, se pide mayor vigilancia en los perímetros y estar atentos a personas, elementos y vehículos "sospechosos".
“En atención a la próxima conmemoración del tercer aniversario del 18 de octubre, fecha en que se dio inicio al movimiento denominado “estallido social”, en que la ciudadanía exigió al Estado el cumplimiento de sus demandas sociales, instancia aprovechada por grupos antisistémicos para destruir instalaciones públicas y privadas, además de agredir a las fuerzas policiales y también atentar contra vehículos institucionales, este subdirector operativo (S) ha estimado pertinente impartir instrucciones de seguridad”.
Así comienza el oficio 319, al que tuvo acceso La Tercera PM, y que fue enviado por el subdirector operativo (S) de Gendarmería, coronel Leonardo Barrientos, a los directores regionales de Gendarmería, jefes de departamentos y otras autoridades de la institución. El propósito, se lee en el documento, es que este martes 18 se dispongan medidas “tendientes a prevenir y responder de manera profesional, oportuna y efectiva, ante la eventual ocurrencia de eventos que puedan afectar la seguridad y el normal funcionamiento” de las cárceles a nivel nacional.
Para tomar estos resguardos se analizó, entre otras cosas, el que en algunos penales del país aún hay personas que fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones y su libertad es reclamada desde organizaciones que agrupan a familiares de los denominados “presos de la revuelta”. Por lo mismo, y entre otras disposiciones, se les exige a los funcionarios estar más alertas y preparados ante algún incidente con artefactos explosivos.
De esta forma, se instruye a las unidades penales y a las jefaturas que no sólo dispongan una correcta distribución del personal en los diferentes turnos, sino que también “reforzar los conocimientos respecto del contenido de los Planes de Emergencia, como asimismo, procurar mantener actualizado el Plan de Enlace de la Unidad, corroborando especialmente las coordinaciones con los organismos de apoyo como Carabineros, Bomberos, Hospitales, etc”.
En ese sentido, y a fin de resguardar la integridad del personal, se dispuso que quienes cumplan funciones de centinelas, controles de acceso y quienes concurren en cometidos al exterior de las unidades, deben utilizar en todo momento los elementos y equipamientos de seguridad, tales como casco balístico, chaleco antibalas, armamento principal (pistola o revólver) y secundario (escopetas antidisturbios o subametralladora Uzi).
Se les pide, asimismo, entender que “es fundamental que el personal operativo comprenda el complejo escenario que se puede generar en estas fechas, por lo que deberán elevar el nivel de atención y control en los puestos de servicio, debiendo maximizar las medidas de seguridad, identificando con claridad a cada persona que ingrese a los recintos, solicitando la cédula de identidad o tarjeta de identificación profesional, procurando siempre la continuidad del servicio, debiendo dar cuenta de manera inmediata y por la vía más expedita de cualquier situación anómala o sospechosa”.
Ojo con “elementos sospechosos”
Para dar completo cumplimientos a dichas disposiciones, se instruye al personal de vigilancia de las cámaras de seguridad estar permanentemente alertas, especialmente ante “la detección de vehículos, personas o elementos sospechosos que se encuentren en el perímetro”. De ser posible, además, se les pide chequear in situ cualquier situación anómala que ocurra en el perímetro de las diferentes unidades.
“Cuando se detecte algún elemento u objeto que haga presumir que pudiese tratarse de artefactos explosivos, estos por ningún motivo serán manipulados por personal institucional, debiendo aislar inmediatamente el lugar, ubicándose a una distancia de al menos 50 metros respecto del objeto”, debiendo informarse a la unidad correspondiente, se señala en el documento de cuatro carillas.
Frente a la detonación de artefactos explosivos, incendiarios o disparos en las inmediaciones de las instalaciones, precisa el oficio, “el personal por ningún motivo deberá hacer abandono de su puesto de servicio o del recinto, disponiendo el oficial o suboficial de guardia el refuerzo al perímetro de seguridad y de los distintos servicios que se lleven a cabo con personal disponible. En caso de elementos incendiarios, además de comunicar el hecho a los organismos externos, las Brigadas Especiales Contra Incendio deberán activar el procedimiento que corresponda a fin de contener a la brevedad, evitar daños mayores a la infraestructura y a las personas que se encuentren expuestas al riesgo”.
De igual manera, se exige una revisión de los equipos generadores de energía, programar registros y allanamientos sorpresivos y aleatorios a la población penal, y se insta a los funcionarios a “evitar transitar por la vía pública vistiendo uniforme institucional”. En los recintos donde no exista guardia permanente, hace hincapié el oficio, está prohibido dejar armamento y chalecos antibalas.
En cuanto a las disposiciones para los vehículos institucionales, el plan de contingencia dispuesto incluye la priorización de los transportes que cuenten con rejillas de seguridad. Asimismo, se hace un llamado a alternar las rutas de desplazamiento, “optando por transitar por vías que permitan evadir acciones de antisociales”.
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.