A 5 años del estallido: más de 1.400 investigaciones por hechos constitutivos de violencia institucional siguen vigentes

Más de 10 mil son las causas que ingresaron a la Fiscalía por presunta violación de derechos humanos (DD.HH.) en el contexto del estallido social. A cinco años del 18 de octubre de 2019, fecha en la que comenzó aquella crisis social, 1.402 causas en contra de agentes del Estado se encuentran vigentes, mientras que al 30 de septiembre de este año se han ejecutado 69 sentencias: 51 de ellas condenatorias y 18 absolutorias.

Lo anterior, según cifras del Ministerio Público que contabilizó las causas por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo del 2020, tiempo del mayor auge de las manifestaciones en el contexto del denominado estallido social. Según la Fiscalía, en ese periodo ingresaron 10.142 casos constitutivos de violencia institucional.

Desde entonces, y a cinco años de las principales manifestaciones, el 85,8% de las causas ya están terminadas, es decir, 8.706. Sin embargo, hay 4.628 de estas que han sido archivadas provisionalmente, mientras que la decisión de no perseverar en el procedimiento se ha aplicado respecto de 1.377 causas.

Ante el porqué aún hay causas abiertas, Alejandra Seguel, directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, sostuvo a este medio que “en primer lugar, el sistema de justicia penal no estaba preparado para una masividad de casos en tan corto tiempo, luego, no existían los recursos y capacidades investigativas necesarias para abordar este tipo de delitos. Tampoco podemos olvidar las dificultades que sumó el periodo de pandemia y las restricciones de movilidad que afectó la realización de diligencias investigativas. Como ejemplo, muchos de los casos corresponden a lesiones provocadas por armamento antidisturbios, en esos casos, ha sido muy difícil determinar responsabilidades individuales, ya que había varios funcionarios policiales haciendo uso de dicho armamento”.

Como un balance a lo ocurrido hace cinco años, Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional en Chile, asegura a La Tercera que “ha existido mucha impunidad respecto a las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido”. Algo que, según explica se debe principalmente a “diversas deficiencias y demoras en las investigaciones”.

Por ejemplo, según Bustos, la existencia de causas aún abiertas se debe a dos razones: “Pimero, que la investigación de muchas de estas causas es compleja y no ha sido fácil determinar quién apretó el gatillo. Pero también porque, especialmente en los primeros años, hubo una demora excesiva en la realización de diligencias (...). Instamos al Estado a avanzar rápida y exhaustivamente en las investigaciones vigentes para que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables”.

Sobre todo en un contexto, en el que, dice, no se trató de actos aislados, “sino de violaciones generalizadas a los derechos humanos, por la utilización indiscriminada de la escopeta antidisturbios y la reiteración de acciones como golpizas y desnudamientos a quienes se manifestaban”.

Mientras que, por su lado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó su propio balance de lo ocurrido durante el estallido, donde señalaron que se han registrado 42 sentencias condenatorias ejecutoriadas, de las 3.233 querellas presentadas por el organismo por violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, agregaron que en las querellas presentadas por la entidad hay 227 que corresponden a personas que fueron víctimas de lesiones oculares. Aunque también se sumaron la preocupación por la demora de los procesos judiciales.

Esto, según explico el jefe (s) de la Unidad de Protección de Derechos del organismo, David Bahamondes, un porcentaje importante de las causas comenzará su prescripción debido a los plazos legales. “Se trata de una situación que se puede atribuir a los tiempos propios de la justicia y también a la pandemia y a la falta de recursos de las instituciones colaboradoras en las investigaciones”.

“En un análisis general podríamos señalar que la impunidad ha sido la tónica de los resultados de la mayoría de los procesos seguidos ante la justicia”, agregó Bahamondes. Y siguió: “Junto con la obligación de dar justicia y de dar verdad, persiste la obligación de reparar el daño sufrido a las víctimas. El acceso a la justicia es una obligación del Estado para con las víctimas, especialmente con aquellas que sufrieron daños físicos permanentes como las víctimas de trauma ocular de consecuencias irreversibles”.

Desde el Ministerio Público, Seguel afirmó que se han hecho “importantes esfuerzos” para investigar estos hechos desde el año 2019, “designando fiscales preferentes en derechos humanos, equipos de trabajo, dictando instrucciones generales en la materia, capacitando a fiscales y funcionarios en derechos humanos, entre otras medidas”.

En cuanto a las causas abiertas, Seguel enfatizó que el Ministerio Público continúa investigando aquellas que están vigentes y en muchas de ellas ya hay audiencia de preparación de juicio o juicios fijados. “Adicionalmente, es importante considerar que continúan existiendo dificultades en materia de recursos investigativos policiales y periciales. Es importante que, como sistema de justicia en su conjunto, continuemos adoptando medidas que nos permitan avanzar en la especialización y la entrega de herramientas investigativas que permitan abordar adecuadamente este tipo de delitos”, cerró.