Eran cerca de las 11 horas cuando este jueves se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas (JOA) de Clínica Las Condes, compañía controlada por la empresaria Cecilia Karlezi, una de las herederas del clan Falabella. El evento, a diferencia de otros que han realizado grandes compañías en esta época del año y que son reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), fue privado. Sólo sus accionistas pudieron estar presentes y la transmisión on-line para quienes no pudieran asistir, no fue pública.

El 29 de marzo, el gerente general de CLC, Jerónimo García envió un hecho esencial citando a la reunión. En paralelo, un grupo de médicos que son accionistas de CLC preparó una arremetida contra del presidente de la clínica Alejandro Gil, pareja de Karlezi, que terminaría en polémica.

El grupo es encabezado por uno de los históricos médicos de CLC: Carlos Regonesi, una de las eminencias de la unidad de hematoncología del recinto ubicado en Estoril 150. La semana pasada, la administración comunicó a Regonesi el fin del acuerdo de prestación de servicios a CLC, poniendo fin a 39 años de carrera en el recinto médico privado. Su salida se concretará en junio y -según cercanos- él desconoce los motivos de su alejamiento, aunque cree que es consecuencia de los constantes choques que ha mantenido con la gerencia desde el arribo de Gil a la presidencia de la compañía, en diciembre de 2019.

Toda esta trama quedó plasmada en las conversaciones de ex médicos en un chat de WhatsApp interno en el que dialogan y comparten críticas a la administración de García y Gil. Cuestionan el retraso de los pagos de los honorarios médicos y, en particular, el trato que recibe el personal.

La sala se llama “Ex CLC 2.0″ y anoche Regonesi compartió al grupo el informe que elaboró uno de sus asesores legales. Se trata de Cristián González López, de VGB Abogados, quien estuvo presente en la junta de CLC e hizo un detallado reporte sobre la junta de accionistas.

En el reporte redactado por el abogado y enviado a los médicos sostuvo que “conforme al encargo de los 17 doctores (entre personas y empresas), comparecí en la JOA de CLC previa calificación de poderes, los cuales fueron aceptados en su integridad”.

“Al terminar la junta se me acercó el señor presidente (Alejandro Gil) para increparme mediante groserías aludiendo locura temporal de mi parte, e indicando a viva voz, con evidente molestia, que CLC no le debe a los médicos sino al revés: los médicos le deberían y una suma cercana a los $16.000 millones”, decribió el abogado.

En el informe, el abogado Cristián González detalló que “el balance contiene la cuenta de pasivos comerciales y otras cuentas por pagar por la suma de $89.860 millones, la que contiene en su desglose honorarios médicos por pagar por la suma de $37.380 millones”.

“Nuestra oposición se vio reflejada en el punto de reparto de dividendos, dado y pese a que, existiendo utilidades, la ley establece que se deben repartir al menos el 30% de dichas ganancias; sin perjuicio de ello se hizo presente en la JOA que dicha decisión era poco prudente considerando que a la fecha del balance existen solo $28.000 millones en caja disponible y la deuda por honorarios médicos es muy superior, de manera tal que distribuir los dividendos dejaría prácticamente sin chance de cobro u oportunidad de pago para cubrir dichas obligaciones”, añadió.

“Lo anterior además se sustentó en la existencia de una demanda de CLC en contra del Fisco de Chile (FONASA) para el pago de prestaciones médicas (años 2021-2022) producto de COVID, lo cual genera un resultado incierto de para el ingreso o cobro real de los dineros devengados en EEFF (Ventas)”, complementó.

En su informe, el abogado también detalló que “llama poderosamente la atención que solo el 64% de los accionistas asistiera, ya que si bien para este tipo de Juntas se requeriría la mayoría simple para la adopción de las decisiones, un número mayor de votación contraria permite marcar una tendencia”.

CLC declinó efectuar comentarios sobre el contenido de este artículo.

La discusión en la junta de accionistas de CLC, no es la única polémica de su presidente. Desde su arribo la compañía ha puesto en marcha un plan de reducción de costos muy fuerte. Despidió a 75 personas que se encontraban en la modalidad de teletrabajo y la empresa resultó siendo condenada en justicia laboral.

Hoy CLC busca en el Tribunal Constitucional (TC) evitar perder los contratos con el Estado de Chile debido a que, según fallos judiciales, la empresa vulneró los derechos fundamentales de sus trabajadores.

Sin embargo, el capítulo más bullado de Alejandro Gil ocurrió el sábado 3 de julio del 2021, cerca del horario de cierre de turno, a eso de las 13.30 horas, cuando el directivo acudió al vacunatorio y exigió a dos enfermeras que le aplicaran una tercera dosis de vacuna Pfizer. Con ello se convirtió en el primer chileno en obtener una nueva inmunización y el episodio le significó a CLC una multa de $31 millones.

A raíz del caso, la enfermera a cargo del vacunatorio, Carla Garrido Ortiz, fue despedida por divulgar la tercera dosis. En respuesta, la profesional demandó a CLC y el 1° Juzgado Laboral de Letras de Santiago fijó la audiencia de juicio para el 13 de septiembre próximo. En contrapartida, la clínica presentó una querella en su contra que actualmente está bajo investigación por parte del Ministerio Público.

Anteriormente, CLC que es asesorado por los abogados Sebastián Oddó y Marcelo Sanfeliú, lanzó una ofensiva en contra del Estado de Chile por el pago de prestaciones médicas durante la pandemia y también se querelló en contra de sus dos ex gerentes generales: Jaime Hagel, representado por Contreras & Velozo, y Fredy Jacial, asesorado por la abogada Trinidad Luengo. Ambas acciones penales fueron desestimadas y a finales de enero, Clínica Las Condes debió pagar las costas del juicio que ascendieron a 199 UF ($6.367.068).