Abbott golpea la mesa: Quiere fiscales "ajenos a todo protagonismo y populismo"

"Bajo ninguna excusa es aceptable que en un Estado democrático de Derecho se pretenda ejercer la persecución penal a cualquier precio. La búsqueda de justicia y de reparación exige que se respeten los derechos fundamentales de los justiciables y la legalidad vigente, con procedimientos ajustados a derecho, sin que exista pretexto alguno para recurrir o amparar actuaciones ilegales".

El fiscal nacional Jorge Abbott alzó la voz en su tercera cuenta pública al aludir la situación que vivieron como institución hace algunos meses, al denunciar que personal de Inteligencia de Carabineros había manipulado prueba para detener a los imputados de la denominada Operación Huracán.

El caso, que descabezó a la plana mayor de Carabineros, fue parte importante del discurso que este año realizó Abbott frente al Presidente de la República Sebastián Piñera, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y diversas autoridades del mundo político y judicial.

Al recordar lo ocurrido con personal de Inteligencia, Abbott sostuvo que eran hechos "inaceptables" y recordó que el propio Ministerio Público ha dado cuenta de ello "investigando con celo a miembros de un órgano colaborador de la Fiscalía, quienes parecen no haber entendido que carece de toda legitimidad la persecución penal a cualquier precio, propia de otra época felizmente superada". Esto último en alusión a la dictadura.

Antes de comenzar la ceremonia, llamó la atención de los fiscales regionales la presencia de su par de O'Higgins, el fiscal Emiliano Arias, a quien no veían desde julio del año pasado en una actividad con su jefe el fiscal nacional. La última vez que el investigador del caso estuvo con el cuerpo de fiscales regionales fue en un consejo donde se le notificó una sanción administrativa que originó una disputa con Abbott que de ha mantenido en el tiempo.

De hecho, en su discurso el Fiscal Nacional no dejó de destacar el perfil de investigador que él prefiere. "Entendemos que nuestra tarea y aporte a esta labor es ejercer la acción penal de manera autónoma, profesional, objetiva, observando estrictamente el respeto a los derechos fundamentales de las personas y no dejando nunca que asuntos ajenos al imperio del derecho motiven nuestras acciones. A eso nos abocamos firmemente y sobre esos principios rendimos hoy esta Cuenta Pública", sostuvo.

A Arias se le impuso sanciones tras sumarios por dar entrevista en la que habría excedido su principio de objetividad en una investigación por incendios forestales en su zona. Ya antes había sido investigado por críticas que hizo a la Ley de Pesca, en una entrevista a La Tercera, lo que determinó que le quitaran el caso Corpesca.

Al alto perfil público de Arias que ha provocado más de un dolor de cabeza en la institución, se sumó la renuncia hace un mes de los fiscales del caso Penta Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. En entrevista con Reportajes ambos criticaron a Abbott sosteniendo que "renunciar a sanciones penales en los casos Penta y SQM" pone en peligro la democracia.

En su discurso, el Fiscal Nacional dejó entrever una crítica a los persecutores, recordándoles que el Ministerio Público es un órgano jerarquizado y que quien no se siente cómodo, se puede ir. "Acá no hay espacios para intereses ni protagonismos personales. Somos una institución jerarquizada, donde el ejercicio de la acción penal está radicado en los Fiscales Regionales -y excepcionalmente en el Fiscal Nacional-, quienes resuelven oyendo a sus fiscales adjuntos y asesores, buscando la mejor y oportuna solución al conflicto penal, ajenos a todo protagonismo y populismo. Quienes no lo entiendan así están en la institución equivocada", aseveró.

Abbott se hizo cargo de las críticas a algunas salidas judiciales en caso de corrupción en Chile. Es así como explicó que si bien es uno de los delitos más graves, hay pocos casos en relación al conjunto de delitos que se cometen en Chile.

"Aunque la preocupación ciudadana por los casos de corrupción es comprensible, éstos representan un número menor del total de causas que ingresan al sistema: son apenas el 0,2% de las investigaciones que asumió la Fiscalía durante el año 2017", dijo.

En ese sentido, dijo, defiende algunas salidas alternativas sin condena. "Insistentemente parecen no satisfacer las expectativas de quienes creen que el valor de la solución al conflicto penal se asienta de manera exclusiva en condenar a los acusados en procesos orales y públicos, sin apreciar que las condenas se fijan en las sentencias que determinan las mismas, las que incluso puedan ser mayores en salidas alternativas al juicio oral y con un uso más racional de los siempre escasos recursos públicos", agregó.

Junto con esto cuestionó a quienes deminizan a priori las soluciones judiciales que permite el sistema.  "Para la Fiscalía sería fácil oír los cantos de sirena de la popularidad, pero estaríamos no solo renunciando a nuestras propias convicciones, sino también dejando de ser fieles a los valores y principios que deben guiar nuestro actuar", espetó.

En su tercera cuenta, hizo un llamado a los fiscales a ser responsables cuando sus investigaciones pueden afectar el funcionamiento de otros poderes del Estado, aludiendo a los desafueros.

"Hay un tema que no quisiera eludir y tiene que ver con que muchas de estas investigaciones pueden afectar el funcionamiento de otros poderes del Estado. En tal sentido, los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los quórums de votaciones legislativas, alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen".

Junto con esto, profundizó, que esto "en ningún caso puede interpretarse como la posibilidad de que los fiscales dejen de investigar con el mayor celo y profundidad tales conductas. Lo que digo es que debemos ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados, no por una protección especial hacia ellos -y menos aún si deben ser investigados-, sino por la responsabilidad de no alterar más de lo necesario el funcionamiento del poder del Estado en el que se desempeñan, ni la soberanía que la gente ha depositado en los foros de elección popular. En definitiva, no se trata de manera alguna de un ejercicio de protección de personas tildadas de "más poderosas", sino de resguardar la voluntad popular expresada en las urnas, en lo que a la Fiscalía le corresponda o se le permita contribuir".

En la instancia, Abbott aludió al juicio oral emblemático de violencia rural que está en curso por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay. En ese sentido hizo un llamado a los tribunales a valorar la prueba indiciaria, ya que -según sostuvo el persecutor- en esos casos es relevante ese tipo de evidencia, ya que por su complejidad cuesta tener prueba directa.

"Tenemos una seria dificultad relacionada con la falta de valoración que hacen los Tribunales de la prueba indiciaria, en especial en lo referido a casos de violencia rural. Se ha dado la paradoja de que los únicos sujetos condenados por actos de inusitada violencia son aquellos a los que los testigos lograron identificar al desembozarlos de manera directa en el sitio de los hechos, o porque fueron reconocidos por quienes se encontraban en el lugar y eran sus vecinos", dijo Abbott.

En ese sentido profundizó al respecto que "La evidencia directa es cada vez más compleja y difícil de lograr. En consecuencia, creemos necesario debatir con la judicatura cómo incorporar en el proceso penal su análisis y valoración de la prueba indiciaria, yendo más allá de los actos de mera constatación, que no se condicen con el valor agregado que pueden aportar a la resolución de los asunto penales atendida la gran  la calidad y profesionalismo de nuestros jueces", sostuvo.

Aprovechando la presencia del jefe de Estado, Abbott le aseguró que "el  Ministerio Público está plenamente disponible para colaborar con la reforma a la Ley Antiterrorista, desde la mirada técnica-investigativa que nos compete. Es de nuestro mayor interés arribar a un marco normativo para enfrentar las acciones terroristas, el que siendo materialmente garantista sea eficaz, porque lo que estamos haciendo es, justamente, cuidar y preservar la democracia. En un Estado Democrático de Derecho  ninguna causa, por justa que parezca, tiene derecho a usar la violencia y el temor para conseguir sus fines". Y terminó dicha cita, aludiendo al Papa Francisco, "Así nos lo ha dicho el Santo Padre en su reciente visita a Chile al distinguir dos tipos de violencia: una, la de las promesas que nunca se cumplen y otra la que "termina volviendo mentirosa la causa más justa"".

Mientras se esperaba el arribo del Presidente Piñera fueron llegando uno a uno los ministros de su gabinete. La primera en hacerlo fue la titular del Ministerio de la Mujer Isabel Plá, el ministro de Justicia Hernán Larraín y el ministro de Interior Andrés Chadwick. Este último al toparse con el ex fiscal nacional Sabas Chahuán le dio un fuerte abrazo, haciendo patente la buena relación que tuvieron ambas autoridades en la administración anterior de Piñera. No así con el antecesor de Chadwick, el ministro Rodrigo Hinzpeter, con quien la ex autoridad del Ministerio Público tuvo algunos impasses.

Abbott interrumpió su discurso para alabar el reciente nombramiento de la gerenta de la Fiscalía Nacional Patricia Muñoz como primera defensora de la niñez. Generándose un aplauso cerrado de los presentes.

Al acto acudió también el presidente del Tribunal Constitucional Iván Aróstica, la subcontralora Dorothy Pérez, el presidente (s) de la Cámara de Diputados Jaime Mulet, el director de la PDI Héctor Espinoza y la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE) María Eugenia Manaud.