Aborto: El pañuelo verde se expande por Sudamérica
Mientras el Senado argentino se prepara para debatir el polémico proyecto, otros países como Brasil, Ecuador y Chile abordan sus propias demandas.
Argentina vive días clave en el marco de la histórica sesión sobre el aborto que se llevará a cabo en el Senado el próximo miércoles 8 de agosto. Mientras los parlamentarios transandinos preparan el dictamen del proyecto que saldrá hoy del plenario de las comisiones y que podría venir con cambios, otros países de la región enfrentan sus propias discusiones en esta materia.
Actualmente en la región el aborto libre solo está permitido en Uruguay, Cuba, Guyana y Guyana Francesa. Sin embargo, otros como Brasil, México, Chile y Panamá lo permiten bajo causales específicas como violación o riesgo de vida de la madre.
En Brasil, donde manifestaciones a favor y en contra se han tomado las calles de las principales ciudades del país, el Supremo Tribunal Federal (STF) se apresta a iniciar una serie de audiencias públicas para evaluar un proceso de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Además durante este mes, la Cámara de Diputados brasileña tendrá sus propias sesiones en relación al costo que genera al sistema de salud público la realización de abortos clandestinos. Según un informe publicado por Folha de Sao Paulo, el Sistema Único de Salud (SUS) ha gastado cerca de 500 millones de reales en los últimos 10 años por complicaciones tras las prácticas ilegales. Es más, el mismo ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, indicó a la prensa que los países que despenalizaron la interrupción voluntaria del embarazo los casos disminuyeron y además, se generaron importantes ahorros.
En Ecuador, un grupo de representantes de organizaciones feministas presentó ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional una propuesta para reformar el Código Integral Penal (COIP) con el objetivo de despenalizar el aborto en casos de violación. La idea de las activistas es modificar el artículo 150 del COIP en el que se establece que la interrupción del embarazo será no punible cuando se practique para "evitar un peligro de vida o salud de la mujer embarazada y si este no puede ser evitado por otros medios".
El petitorio fue respaldado con cifras de la Fiscalía ecuatoriana que señalan que en los últimos tres años casi 14.000 mujeres fueron violadas, mientras que 20.052 menores de 14 años dieron a luz a bebés producto de una violación. Sin embargo, la disputa también se ha instalado en ese país. Organizaciones pro vida salieron a protestar el 28 de julio para exigir que se archive cualquier intento de legalizar el aborto en Ecuador.
De acuerdo con cifras publicadas por el Guttmacher Institute, entre 2010 y 2014 se practicaron anualmente unos 6,5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe, es decir, un aumento importante considerando los 4,4 que ocurrían entre 1990 y 1994.
En Chile, donde también se ha reactivado el debate y la polarización social en las calles, el Presidente Sebastián Piñera aseguró que hará "todo lo que sea necesario para defender la vida". Eso, luego de que Andrés Chadwick afirmara que el gobierno ejercerá todas sus atribuciones para impedir el avance de un proyecto de aborto libre. Así, tal como ocurrió en su momento en Argentina, pañuelos verdes y celestes, pro y contra aborto respectivamente, se enfrentaron en el Congreso como símbolo de contagio de este tema en la región.
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