Acusaciones de “improvisación” y “hermetismo”: las reacciones bolivianas ante el fallo de La Haya por el río Silala

Con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, donde el organismo aseguró que “no hay duda que el Silala es un curso de agua internacional”, un nuevo capítulo de la disputa judicial entre Chile y Bolivia se cerró. Según el fallo, “la Corte confiere a las partes su utilización para prevenir daños sensibles a las partes”. Tras un proceso legal de más de seis años, la CIJ finalmente entregó su veredicto sobre la demanda que en 2016 la administración de la expresidenta Michelle Bachelet interpuso ante Bolivia, y las reacciones en La Paz han aparecido lentamente.

El conflicto se remonta a inicios de 2016, cuando el expresidente Evo Morales amenazó con que demandaría a Chile por el supuesto robo de las aguas del río Silala, pero el 6 de junio del mismo año, la entonces Presidenta Bachelet se adelantó y oficializó el reclamo ante la CIJ, alegando que el curso fluvial era considerado aguas internacionales, por lo que se rige por el derecho internacional consuetudinario.

Los cuestionamientos hacia Evo Morales, quien en 2018 sorprendió al reconocer que las aguas del Silala fluyen naturalmente hacia Chile, crecieron con el pasar del tiempo. El exmandatario se pronunció después de varias horas en Twitter sobre el fallo de La Haya. “Saludamos la sentencia de la CIJ que reconoce y consolida el derecho soberano de Bolivia sobre las aguas del Silala y los canales artificiales. Chile, según el fallo, ‘no reclama ningún derecho adquirido’ sobre el uso de ese recurso natural”, escribió.

“El tribunal más alto de justicia del mundo también determina el uso equitativo y razonable de las aguas dentro el marco de la cooperación continua entre ambos países. Este fallo que reconoce nuestra soberanía sobre las aguas del Silala es producto de una política de Estado”, agregó.

En tanto, el actual mandatario boliviano, Luis Arce, dijo en la misma red social que “la Corte Internacional de Justicia ratifica nuestros derechos sobre las aguas del Silala y nuestra soberanía sobre el desmantelamiento de los canales artificiales”, y que “Bolivia resolvió la controversia con un pueblo hermano gracias al trabajo basado en estudios científicos y a nuestra estrategia de relaciones internacionales. Continuaremos esta labor en beneficio de los pueblos”.

El exvicecanciller en el gobierno de Jaime Paz Zamora y exministro de Informaciones en la administración de Hugo Banzer, Manfredo Kempff, dijo a La Tercera que “esta nueva decepción, producto de la improvisación y el mal manejo diplomático, traerá conflictos internos en el país, principalmente en el departamento de Potosí, lugar donde emanan los bofedales del Silala. Cargaremos con nuestra suerte y habrá que aplacar los ánimos y la decepción”.

La Corte se hizo eco de las palabras del expresidente boliviano al asegurar que “expertos de ambas partes concuerdan que las aguas del Silala ya sean superficiales o subterráneas, constituyen un conjunto unitario que fluyen hacia Chile y desembocan en el mar, no hay duda de que el Silala es un curso de agua internacional y como tal está sujeto completamente al derecho consuetudinario internacional en lo cual están ambas partes de acuerdo”.

En un tono mucho más crítico, el expresidente boliviano Carlos Mesa calificó la política exterior de su país como “débil”, asegurando que “la decisión de la CIJ sobre el Silala, muestra la debilidad de la política exterior boliviana y devela la improvisación, irresponsabilidad y sobre todo opacidad por parte del Estado en un tema tan importante. El gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo, partido liderado por Evo Morales) debe una explicación clara y urgente al país”.

En La Haya, en Países Bajos, una pequeña delegación boliviana se encontraba esperando el resultado comandado por el canciller Rogelio Mayta, quien dijo a medios de su país que “hemos venido a resolver una controversia, el fallo en esa línea nos da importantes certezas”. El ministro de Estado aseguró también que “en primer término, el tribunal ha dejado claro que Bolivia tiene derecho sobre la canalización que se ha realizado en su territorio”, y que “la corte también ha dejado claro que Bolivia tiene derecho al uso equitativo y razonable sobre las aguas del Silala, por lo que queda claro que Chile no tiene ningún derecho adquirido para el uso del total de las aguas del Silala”.

En la misma línea, y con una interpretación victoriosa, la Cancillería de Bolvia dijo en un comunicado oficial que el país “ahora tiene derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala, por lo que Chile no tiene ningún derecho adquirido a usar la totalidad de las aguas de dicho recurso hídrico”, pese a que uno de los elementos destacados por el Presidente Gabriel Boric fue que se declarara que Chile “no debe compensación alguna a Bolivia”.

En el comunicado, la Cancillería boliviana aseguró que “la CIJ reconoce la potestad de Bolivia sobre el Silala y su soberanía sobre canales artificiales”, y que “también determinó que no se encontraron evidencias suficientes para aseverar que Bolivia haya incumplido alguna obligación de derecho internacional, como afirmaba Chile en su demanda”.

Consultado por La Tercera, el expresidente boliviano Jorge Quiroga dijo que “no puedo opinar sobre un tema tan delicado del cual no tiene los elementos técnicos necesarios”, pero agregó que “el gobierno boliviano manejó este caso en el mayor de los hermetismos y no hizo conocer ningún detalle al respecto ni a la ciudadanía, mucho menos a los exmandatarios, excepto a Rodríguez Veltzé”.

Samuel Doria Medina, excandidato presidencial y exministro de Planificación y Coordinación durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, dijo a través de sus redes sociales previo al fallo que “a lo largo del pleito por el Silala, Bolivia tomó decisiones erradas por falta de conocimiento adecuado de su territorio. Lo mismo que cuando las pérdidas territoriales del siglo XIX. Aún no tenemos un verdadero Estado nacional”.

Tal como se había dado en los días previos, numerosos políticos y asociaciones civiles criticaron la forma en que el gobierno boliviano llevó adelante el proceso. En los días previos, el exdiplomático Gustavo Aliaga había deslizado la posibilidad de judicializar la situación, realizando un juicio de responsabilidades contra Evo Morales y su equipo jurídico, misma postura que planteó la diputada Lissa Claros y su par Rolando Cuéllar.

“Nos han pedido acciones en contra los responsables, en caso de que la demanda salga negativa, estamos trabajando eso. Si la sentencia es negativa, corresponde un juicio de responsabilidades contra Evo Morales y quienes fueron parte de encarar este proceso”, dijo Claros, mientras que Cuéllar amenazó con la misma figura al exmandatario, afirmando que si el fallo no era favorable para Bolivia, llevaría adelante dicha acción legal.

En la misma línea y anteponiéndose a un mal resultado en la Corte, el Comité Cívico Potosinista culpó hace unos días a Morales al asegurar que “no hubo una política de Estado por parte de la Cancillería, la misma hizo que a esta altura fracase una situación de soberanía respecto a la posición de las aguas del Silala. Lo más preocupante es que la irresponsabilidad del expresidente, el señor Evo Morales, ha hecho que el Estado chileno nos demande y estemos en una situación muy complicada”. El comité ahora afirmó a través de su cuenta de Facebook que el expresidente “es el único culpable y responsable de la sentencia”.