Alcogal, el bufete de abogados que está en el ojo del huracán por los Pandora Papers

Las repercusiones luego que este fin de semana el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) hiciera público los “Pandora Papers”, un conjunto de millones de documentos confidenciales pertenecientes a distintas firmas de abogados que trabajaban en paraísos fiscales, aún se hacen sentir.

La investigación reveló el uso de los paraísos fiscales por parte de miles de personalidades y millonarios alrededor del mundo, desde el Primer Ministro de la República Checa y su castillo avalado en US$ 22 millones en el sur de Francia, las mansiones en Malibú del Rey de Jordania, hasta los entrenadores Carlo Ancelotti y Pep Guardiola y la cantante Shakira, entre muchísimos otros.

El total de los Pandora Papers abarca documentos de 14 firmas de abogados, pero una entre ellas fue la que más llamó la atención a los medios latinoamericanos: Alcogal, sigla para “Alemán, Cordero, Galindo & Lee”. Debido a sus enlaces con distintos clientes de alto riesgo, entre ellos, involucrados con la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, millonarios condenados por el Fifagate y funcionarios de petroleras venezolanas, el bufete ha estado en el ojo del huracán este fin de semana.

Desde el ICIJ aseguran que, “en total, casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen en los Pandora Papers estaban vinculados a Alcogal”, habiendo actuado como intermediario corporativos para compañías opacas de más de “160 políticos y funcionarios públicos, según muestran los registros”. Un análisis de los documentos revela que, al revelarse los Panama Papers en 2016, la firma Mossack Fonseca cayó en desgracia, y 113 empresas cambiaron de agente desde ésta a Alcogal.

A pesar de que la constitución de sociedad offshore, en sí, no constituye una actividad ilegal, estas son comúnmente utilizadas por millonarios para evadir impuestos y ocultar su patrimonio, poniéndolo a nombre de una empresa aparte en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Andorra y otros territorios, conocidos por sus legislaciones poco impositivas para las empresas.

Por otra parte, tanto personas involucradas en negocios fraudulentos o ilegales, como el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción, suelen usar estas sociedades para transferir grandes cantidades de un país a otro, sin que se nombre aparezca en aquellos traspasos.

Aunque Alcogal declara tener “una política muy clara de no prestar servicios a empresas posiblemente vinculadas a actividades ilícitas”, se le ha visto relacionada con criminales desde muy temprano. En los años 90, la firma creo al menos cinco empresas en paraísos fiscales, que después se supo, habían sido utilizadas por Augusto Pinochet, y quien estaba enfrentando al momento de su muerte cargos por delitos de lesa humanidad y robo de millones de dólares de fondos públicos.

Según la investigación del ICIJ, recurrieron a este “reconocido” bufete de abogados latinoamericanos tres expresidentes de Panamá, siendo éstos Ernesto Pérez Balladares, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, y uno de Honduras: Porfirio Lobo.

Entre los antes mencionados, Varela fue uno de los pocos mandatarios que afirmó en un comunicado, y sin tapujo alguno, ser accionista de la sociedad con la que se le vincula, pero declaró que dicha sociedad es “transparente”.

Por su parte, Martinelli negó rotundamente ser cliente de Alcogal o tener algún vínculo con la firma. Asimismo, manifestó que el informe contó con la colaboración de “algunos panameños resentidos sociales” y “que no puede ser del todo cierto”.

Otra de las actividades sospechosas que señala la investigación es el vínculo con el gigante de la construcción brasileña, Odebrecht, la compañía que sobornó a distintos funcionarios de toda Latinoamérica, ofreciendo dinero a cambio de licitaciones de obras públicas. Solo en Panamá, la empresa creo dos empresas ficticias en las cuales la empresa canalizó US$ 30 millones en sobornos, que fueron a parar a los hijos de Ricardo Martinelli, entonces presidente del país del canal.

El vicepresidente y sucesor de Martinelli en el poder, Juan Carlos Varela, también tenía empresas registradas por Alcogal, aunque en las Islas Vírgenes Británicas. Aunque este último admitió haber recibido donaciones por parte de Odebrecht, declaró que fueron donaciones de campaña conforme a la ley panameña.

Por su parte, funcionarios de la petrolera estatal venezolana también contactaron a Alcogal para crear sociedades de papel con ayuda de un banco en Andorra, el BPA (Banca Privada d’Andorra). Los panameños crearon una empresa en Belice, cuyo propietario era Javier Alvarado Ochoa, entonces viceministro de Desarrollo Eléctrico de Chávez, y más tarde presidente de Petróleos de Venezuela.

Otros funcionarios de Chávez también crearon empresas de papel, también llamadas “opacas” o “ficticias”. Más tarde, la Red de Control de Delitos Económicos del Departamento del Tesoro estadounidense sostuvo que el banco de Andorra trabajaba estrechamente con altos cargos venezolanos, con el fin de “establecer empresas pantallas que se usaron después para blanquear fondos públicos saqueados”. A pesar de que la agencia norteamericana no identificó acusados específicos, esto afectaba la reputación de Alcogal, por lo cual esta dejó de ser agente de algunas de estas empresas.

Finalmente, temiendo verse involucrada en actividades punibles, Alcogal dejó de ser agente de todas las empresas hechas en conjunto con el BPA.

Otra polémica en la que hoy se ve envuelta Alcogal es la relación con Nasry Juan “Tito” Asfura, uno de los candidatos a la cabeza en las próximas elecciones hondureñas. A través de Karlane Overseas S.A., se le transfirieron a Asfura 10 mil acciones. En ese tiempo, el candidato centroamericano era alcalde de Tegucigalpa, y el fiscal general del país lo intentó perseguir por presunta malversación de fondos municipales.

Alcogal fue fundada en los años 80 por el abogado panameño Jaime Alemán. En sus diarios, como muestra la investigación del consorcio internacional, desarrollaba este “negocio maravilloso” en el que consistía la creación de sociedades anónimas, permitiendo confidencialidad a sus clientes. Al crear estas empresas opacas, la firma de abogados llegaba a poner a sus empleados en los documentos de constitución, de tal modo que el propietario real quedaba oculto al público.

Jaime Alemán, al igual que sus colegas socios en el bufete, formaban parte de la clase política panameña. El primer nombre en la firma había sido asesor del presidente de Panamá Nicolás Ardito Barletta, además de Embajador de Panamá en Estados Unidos. Anibal Galindo era vicepresidente del partido de Martinelli, y uno de sus asesores, y Carlos Cordero había trabajado en Asuntos Exteriores. Por su parte Jorge Federico Lee había sido miembro del Tribunal Supremo de Justicia panameño.

A raíz de la investigación, y a pesar de los clientes de Alcogal, la firma ha declarado que nunca se han enfrentado contra la justicia. “De hecho, desde nuestra fundación en 1985, nunca hemos enfrentado cargos relacionados con actividades indebidas y mucho menos hemos sido condenados por cualquier tipo de actividad ilícita en las jurisdicciones donde trabajamos”, mencionaron, además de destacar su “sólida trayectoria profesional”.