Amenazas del crimen organizado: Ángel Valencia instruye reestructuración y crea unidad para la protección de fiscales

La tarde del miércoles 17 de enero, el fiscal ecuatoriano César Suárez fue acribillado mientras se encontraba al interior de su vehículo, en una avenida del norte de Guayaquil. Recibió una serie de disparos y, por lo mismo, su deceso causó impacto tanto en su país como en el resto de la región. Esto, además, porque justamente era el persecutor que se encontraba indagando la irrupción, por parte de un grupo altamente armando, en un canal de televisión de dicho país.

En solo minutos la noticia se tomó los distintos portales de noticias, incluidos los chilenos. Junto con ello, las alarmas en el Ministerio Público se encendieron, y el fiscal nacional Ángel Valencia convocó a una reunión de sus equipos para fijar medidas ante eventuales amenazas en territorio nacional.

El asesinato de Suárez no se leía como un hecho aislado, pues se sumaba a otros persecutores que también habían muerto a manos de estructuras criminales. Y si bien en Chile aquello no ha ocurrido, la disposición fue tomar acciones que permitan prevenir.

Así, tras un encuentro que estuvo liderado por la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía Nacional, y en el que participó la Asociación de Fiscales, se definió la creación de una nueva unidad que se abocará exclusivamente a la materia y que será encabezada por un encargado nacional de Seguridad de Fiscales.

“Este es un tema muy relevante para el fiscal nacional, y si bien hoy día tenemos el tema bastante más controlado, no queremos que las amenazas prosperen ni aumenten. Por lo tanto, la idea es generar medidas preventivas antes de que este tema vaya surgiendo con mayor fuerza a nivel país. Lo que estamos trabajando en primer lugar es la contratación de una persona que va a ser el encargado nacional de Seguridad de Fiscales, relevando la importancia del cargo”, explicó a La Tercera la directora ejecutiva nacional, Mónica Naranjo.

Según detalló, dicho profesional tendrá por objeto redactar un diagnóstico de cómo se encuentra la seguridad de fiscales a lo largo del país, recopilando antecedentes en las diferentes regiones, para así definir acciones específicas, tanto reactivas como preventivas, de acuerdo con cada zona.

La idea, complementó Naranjo, es “generar una institucionalidad potente en torno al tema”.

Ante ello, Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales manifestó: “Esperamos que esto signifique poder diseñar e implementar en el más breve plazo una política de seguridad a nivel nacional con mecanismo efectivos de prevención y con los recursos necesarios. Esta política debe incorporar mecanismos de coordinación permanentes y efectivos con otros órganos del Estado, como el Poder Judicial. Esto debe comprometer al Estado en su conjunto”.

Hasta ahora, como detalló la directora ejecutiva, el tema de la seguridad de fiscales estaba más bien “invisibilizado”, porque si bien se abordaba, se hacía en conjunto con temas de infraestructura e incluso con asuntos informáticos. Ahora, entonces, se apunta -como insistió Naranjo- a relevar la importancia que tiene el asunto.

“La importancia hoy es relevar la importancia del tema y asignar una persona con un equipo que va a estar dedicado en forma exclusiva a ver este tema”, recalcó.

Hasta ahora, cabe hacer presente, las causas referentes a amenazas a fiscales han recaído, desde el punto de vista penal, en el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros. Y si se requieren medidas especiales, según detalló la directora, se dispone de un fondo para otorgar medidas de protección.

Dentro de las labores realizadas, además, la profesional también destaca que se han entregado en prácticamente todas las regiones insumos de protección, como chalecos antibalas, cascos, protección de vehículo, botones de pánico, entre otros insumos.

Asimismo, considerando que en 2022 se fijó un convenio de colaboración con el Poder Judicial con objeto de otorgar protección a fiscales en tribunales de garantía y tribunales orales en lo penal, ahora también este será revisado a fin de establecer mejoras.

“Ese convenio, ya a más de un año de su implementación, se está revisando junto con el Poder Judicial de forma tal de poder generar mejoras que lo hagan más operativo y que permitan efectivamente resguardar las dependencias de tribunales”, destacó Naranjo.