Asonada regionalista por Ministerio de Seguridad: gobernadores se alzan contra de proyecto estrella de Tohá

Una ley corta para corregir la reforma que crea el Ministerio de Seguridad Pública, iniciativa que se encuentra en su semana final en el Congreso, exigieron algunos gobernadores regionales que se reunieron esta mañana durante una hora y media con la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).

A pesar de que Tohá ya cuenta con un acuerdo técnico con la oposición y el oficialismo para despachar a ley la nueva cartera -especializada para combatir la delincuencia, dirigir a las policías y mantener el orden público-, la queja de las autoridades regionales, que se oponen radicalmente a la iniciativa, se transformó en el último escollo de la accidentada tramitación.

Si bien esta reforma ingresó en 2021, durante el gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, se transformó en el proyecto estrella de Tohá y en el buque insignia de su agenda de seguridad. La creación de ministerio es una antigua idea de las administraciones de la Concertación desde 1990. Incluso, la expresidenta Michelle Bachelet lo incluyó en su primer programa de gobierno en 2005.

A juicio del gobierno y de varios parlamentarios, la discusión ya está completamente agotada luego de casi tres años de una trabada tramitación. Incluso, las críticas de los gobernadores eran conocidas por La Moneda. Por lo tanto, solo queda votar y, hasta el momento, los apoyos ya están garantizados para aprobar el informe de una comisión mixta de diputados y senadores, que desde agosto trabajó para lograr un texto consensuado. Ese informe se votó favorablemente este martes en el Senado y el miércoles en la mañana se realizará la votación final en la Cámara.

Con ello, la ley que crea el Ministerio de Seguridad quedaría en condiciones de ser revisada por el Tribunal Constitucional y su posterior promulgación y publicación por el Presidente Gabriel Boric.

Pese al pronóstico positivo que tiene la iniciativa en el Congreso, el reclamo de los gobernadores levantó una rebelión regionalista en contra de la iniciativa, que empodera al delegado regional presidencial como coordinador político y jefe directo del futuro secretario regional ministerial (seremi) de Seguridad, una suerte de sheriff en cada zona, según la antigua usanza anglosajona, quien estará a cargo de conducir y atender a Carabineros y la Policía de Investigaciones.

A juicio de grupos regionalistas, alentados por la misma crítica de los gobernadores, esta reforma debilita a las autoridades locales, al devolverle al delegado presidencial potestades que ejercían los desaparecidos intendentes.

“No tenemos acuerdo con la ministra en esta materia. La ministra habla de colaborar, no de coordinar, y esto no tiene que ver con adjetivos, no tiene que ver con adjetivos más, con adjetivos menos. No hay acuerdo en esta materia. Creo que todos los gobernadores tenemos una opinión unánime que esta figura lo que hace es que debilita el proceso de descentralización”, sostuvo Rodrigo Mundaca (independiente Frente Amplio), jefe regional de Valparaíso y presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile.

Incluso, debido a la resistencia que generaba el proyecto hubo gestiones con senadores para rechazar el informe o bien exigir el envío de un veto presidencial para corregir la norma, medidas que fueron desestimadas por la falta de apoyo en el Parlamento.

El fin de semana, el Consejo Asesor para la Política de Descentralización, instancia creada por el Presidente Boric para asesorar al Ejecutivo, también emitió una declaración contra el proyecto.

“El proyecto de Ministerio de Seguridad Pública, tal como está, más parece una medida que fortalece el centralismo en las regiones de lo que favorece a la descentralización del Estado, en una materia tan sensible como esta. En definitiva, se incorpora un seremi de Seguridad Pública y se refuerzan las competencias de los delegados presidenciales -figura que se prometió eliminar gradualmente- y que en este proyecto de ley aparece fortalecido”, decía la declaración firmada por académicos y figuras políticas como Amaya Álvez (exconstituyente), Yasna Cortés, Gonzalo Delamaza, Adriana Delpiano (exministra), Sergio Galilea (exintendente), María Ignacia Jiménez (exministra), Ramiro Mendoza (excontralor), Egon Montecinos, Julieta Suárez-Cao, Ismael Toloza y Heinrich von Baer.

La alusión del Consejo Asesor apuntaba a un compromiso del Presidente Boric de empoderar a los gobernadores eliminando precisamente a los delegados.

Sin embargo, la fórmula de la ministra Tohá para destrabar el Ministerio de Seguridad iba en el sentido contrario. De hecho, al defender el proyecto, dijo que la idea era convertir al delegado regional (el exintendente) en un “Presidente chico” en cada zona.

Para intentar sofocar la asonada regionalista, esta mañana la ministra se reunió con siete gobernadores, entre ellos el mencionado Mundaca y las autoridades de Atacama, O’Higgins, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

Sin embargo, de acuerdo al análisis del gobierno, la suerte del proyecto ya está echada, por lo que la jefa de gabinete, de acuerdo a la versión de los gobernadores, se comprometió a impulsar una agenda de regionalización y ayudar a las demandas financieras que tienen los gobernadores con el Ministerio de Hacienda.

Pese a ello, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS), insistió en su llamado a los parlamentarios “a votar en conciencia”. “Este proyecto crea más gasto, más presencia y más funcionarios, pero no mejora las capacidades de los gobiernos regionales ni aporta a la verdadera prevención del delito. Es esencial que los parlamentarios defiendan los intereses de las regiones y voten a favor de una ley que realmente beneficie a la ciudadanía”, agregó Crisóstomo.

El gobernador de O’Higgins, Pablo Silva (PS), dijo que “estamos respaldados por una cantidad impresionante de votos, y creemos, es cierto, que por lo menos tiene que haber una coordinación entre lo que es el ministerio y los gobiernos regionales. Ha habido una dejación, no hemos conversado con el gobierno en relación a este proyecto y nos parece de mínimo respeto que se converse con las autoridades que son elegidas en cada una de las regiones”.

En respuesta a las críticas, desde el Ministerio del Interior dicen que la nueva secretaría de Estado nace “con una serie de objetivos muy claros, pero no es la instancia encargada de resolver los temas pendientes en materia de descentralización. De hecho, existe una agenda y desde el Ejecutivo han promovido varias iniciativas que van en esa línea, como el royalty y los proyectos que entregan competencias en prevención del delito para los gobiernos regionales, el que fortalece a los municipios y el que regula las finanzas regionales.

“Somos partidarios de construir un acuerdo amplio respecto del modelo de descentralización del país, puesto que la creación de los gobernadores regionales electos no resolvió adecuadamente esa materia. Las inquietudes y propuestas de los gobernadores son recibidas con el máximo interés por el Ejecutivo, pero no parece adecuado que se elija el último día de tramitación para plantear por primera vez sus opiniones y críticas. Se ha trabajado por años en esta iniciativa y se han debido sortear diferencias y dudas entre los diversos sectores buscando acuerdos y flexibilizando posturas. El texto en votación es resultado de ese trabajo y lo responsable ante la ciudadanía es aprobarlo”, sostienen desde Interior.