Audios desaparecidos: PDI reconoce que llamadas entre Jadue y Lefort “no han sido encontradas” y advierte “negligencias” en grabaciones por causa de cohecho

No solo su formalización por cohecho y otros delitos de corrupción asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) es lo que complica a Daniel Jadue (PC).

El alcalde de Recoleta -quien vio frenado por la PDI un viaje a Venezuela durante la mañana de este jueves- también se encuentra investigado por las negociaciones con la empresa Itelcom, en el denominado ‘caso led’. Allí Jadue también figura en calidad de imputado por el delito de cohecho.

Sin embargo, esa investigación se encuentra en terreno pantanoso, a partir de un descubrimiento de la Fiscalía: en abril del 2023 la fiscal del caso reportó a la Fiscalía Nacional que una parte importante de la evidencia, contenida en audios, había desaparecido. Las escuchas contenían conversaciones entre Marcelo Lefort -gerente general de Itelcom- con Daniel Jadue, y también con su abogado Ramón Sepúlveda, además de otras personas vinculadas a la Municipalidad de Recoleta.

A partir de entonces se abrió una investigación por obstrucción a la investigación, donde hasta ahora figuran dos detectives como sospechosos, pues están en calidad de imputados. Por lo mismo, el Ministerio Público encargó una serie de diligencias a la PDI para esclarecer el caso.

En ese proceso se encargó elaborar un detallado informe al departamento de Asuntos Internos “V” de la PDI para “recabar todos los informes policiales que aludan a las escuchas telefónicas de la ‘arista Recoleta’ que permita establecer con claridad la cronología de las mismas”. También se encargó la toma de declaraciones y pesquisar todo tipo de pista que pudiera se útil para desentramar el caso.

El análisis, finalmente, llegó al Ministerio Público. Allí, en 74 páginas, se detalla el “paso a paso” del caso y cuáles fueron los resultados de la investigación. “En el marco de la arista correspondiente a la I. Municipalidad de Recoleta en la denominada causa LED (...), del análisis de la totalidad de las interceptaciones telefónicas efectuadas en el marco de la arista Iquique relativas al teléfono del imputado León Marcelo Lefort se encontraron solo 3 escuchas, sumadas a 4 ya identificadas y transcritas por la Brigada Investigadora de Anticorrupción Metropolitana, faltando 30 que pudieran ser relevantes para establecer o descartar la participación de los imputados Lefort, Jadue, (Rodrigo) Garay, (Ramón) Sepúlveda, (Luis) Moreira y (Alfredo) Parra en los delitos que se investigan”, se señala en el texto al cual accedió La Tercera.

En el documento se revela que entre enero del 2019 y marzo del 2020 Lefort se comunicó reiteradamente con “sujetos de interés para la investigación”, como el alcalde Jadue, su abogado, el director de Obras y la administradora municipal de Recoleta.

Entre Lefort y el alcalde PC, se detalla, existieron 20 comunicaciones, de las cuales 12 aparecen como “sin respaldo”. “De los tráficos antes indicados, según lo que se señala en el informe, solo se obtuvo respaldo desde el ‘máster’ entregado por la Fiscalía Local de Chillán de cuatro llamados telefónicos, descartando también los llamados en donde queda de manifiesto que solo hubo marcación”, dice el escrito.

Por lo mismo, el informe revela que “en cuanto al respaldo del llamado telefónico de fecha 30 de diciembre de 2019, entre Daniel Jadue y León Lefort, se realizó utilizando el sistema EGO, por lo que de no existir el respectivo respaldo en los dispositivos ya señalados, no será posible efectuar su recuperación, por cuanto la empresa prestadora del servicio, una vez finalizado el contrato realizó el formateo y retiro de los equipos empleados”. El resto de las grabaciones, se cree, aún pueden se recuperadas desde el computador donde fueron escuchadas, aunque eso aún está en proceso de análisis.

En total, las conversaciones de interés para la Fiscalía, en que Lefort se comunica con todos los imputados, son 37, de las cuales solo existen registros de siete. El resto está lisa y llanamente desaparecido.

Todos los audios debían quedar registrados en un software destinado para aquellos; sin embargo, el oficial a cargo de dejar grabada la conversación no consideró relevante, o de interés para la investigación, guardar esas llamadas. Tanto el detective a cargo, Gonzalo Vicencio, y el fiscal Gonzalo Guerrero declararon que el Ministerio Público nunca pidió el respaldo de los audios.

Vicencio, en su interrogatorio, indicó ante los fiscales que “realicé todas las acciones que estuvieron a mi alcance para la correcta descarga y custodia de los audios que sirvieran como medio de prueba y que tuvieran directa relación con los hechos investigados y con la participación de los imputados, siendo copiados y remitidos íntegramente a la Fiscalía correspondiente”.

El detective apuntó también al Ministerio Público. “Nunca ordenó el respaldo masivo de todas las llamadas durante el periodo investigado, debido a que estaba en conocimiento de la realidad operativa que teníamos, con esto me refiero a la cantidad de funcionarios y cantidad de escuchas que se interceptaban a diario, por lo que solo instruyó que se respaldaran los audios de interés para la causa”, indicó.

Para la PDI, sin embargo, “a pesar de no haber existido orden expresa, es de conocimiento que todo audio producto de una interceptación telefónica constituye evidencia, ya que no es posible realizar una selección subjetiva de lo que podría parecer importante o no a juicio personal, por lo que necesariamente los llamados telefónicos interceptados deberían haber sido respaldado en su totalidad”.

En esa misma línea se consignó que “hubo fallos en el sistema de interceptación” y que “existió negligencia” por parte del oficial Vicencio, aunque también su jefe, el comisario Marcelo Martínez, “no tomó las medidas necesarias para que el oficial investigador a cargo de las escuchas de interceptaciones telefónicas concurriera a dependencias” de la empresa que mantiene el soporte, y así solucionar el problema de no registro.

El subprefecto Martínez también figura en calidad de imputado en la investigación, aunque, citado a declarar por la Fiscalía, utilizó su derecho a guardar silencio.

El informe concluye que “a fin de corroborar o descartar alguna manipulación y alteración, intencional o accidental, de la información contenida en la evidencia levantada en la investigación (...) correspondiente a respaldos de llamados producto de interceptaciones telefónicas, es imprescindible efectuar pericias a fin de determinar las modificaciones que pueden haber tenido los dispositivos contenedores de audios, posteriores a su fecha de creación”.