Blumel, la inusitada víctima de la ola neoconservadora que opera en el Congreso

"O Piñera no sabe lo que hace Blumel. O Blumel tiene su propia agenda. O esta, es otra vuelta de carnero del gobierno... La Segpres envió minuta a Chile Vamos diciendo que apoyará el proyecto (...) Presidente ordene a su ministro".

El mensaje furioso contra el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, es parte de un posteo que el 1 de julio hizo en redes sociales Marcela Aranda, la activista cristiana que se hizo conocida a través del llamado Bus de la Libertad, y que ahora es una figura habitual en los pasillos del Congreso como parte del denominado Observatorio Legislativo Cristiano, una suerte de contraloría cristiana del quehacer legislativo.

Esta vez Aranda y su colectivo abogan por el rechazo del proyecto de Reforma Constitucional que garantiza la protección de la infancia y la adolescencia y que se ha hecho conocido como Proyecto de Autonomía Progresiva.

Con la irrupción de figuras como José Antonio Kast y la creación de su partido Republicano, la aguja en el Congreso, y en particular en las huestes de Chile Vamos, giró más a la derecha, dando lugar y preponderancia a la acción de lobbystas conservadores como Aranda y otros grupos evangélicos que están permanentemente en el Congreso con pancartas.

El gobierno de Sebastián Piñera, según asegura un miembro del comité político, está consciente del fenómeno. Todavía no le preocupa el fenómeno Kast, pero reconoce que éste ha traído una ola "neoconservadora" que moldea el voto de varios parlamentarios del sector, aun a contrapelo del Ejecutivo.

"Sienten la presión de los grupos evangélicos en las tribunas que gritan con banderas en la mano. Se ponen nerviosos y piensan que eso representa al 60% de Chile", dice un alto funcionario de gobierno.

La misma fuente sostiene que bajo la acción de esta ola "neoconservadora" la bancada  UDI está tironeada porque se debate entre apegarse al gobierno y ceder ante la presión de los grupos cristianos que son parte de su base de apoyo. En tanto, la bancada evangélica y los parlamentarios cercanos a Kast privilegian ese nexo antes que seguir al lado del Ejecutivo.

La tramitación de la reforma constitucional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes  o proyecto de Autonomía Progresiva que refundió los proyectos presentados en 2018 por los diputados Marcelo Díaz (PS) y Raúl Soto (DC) es el ejemplo más reciente de la discordia que se puede producir entre la agenda de gobierno y la agenda de grupos conservadores.

El ministro Blumel alcanzó un acuerdo para apoyar el proyecto de la oposición y ponerlo en tabla. Pero el lobby de Aranda  generó  la disidencia de los parlamentarios más conservadores de la UDI y RN ( y de algunos DC) que acogieron en argumento de que aprobar la iniciativa abre la puerta al aborto sin consentimiento, al cambio de sexo y despenalizaría las relaciones sexuales con adultos.

En varios videos virales, Aranda  asegura que el proyecto permite -además- que operen criterios supuestamente "ideologizados" de órganos internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hay una campaña del terror que usa argumentos falsos, dicen a La Tercera PM los diputados Díaz y Soto, autores de la iniciativa.

Al gobierno el proyecto nunca le hizo ruido porque aseguran que consagra derechos que ya están en la legislación chilena y no abre la puerta a nada. En las discusiones internas, el equipo de Blumel -además- advirtió a sus parlamentarios que pensaran bien su decisión, pues rechazar la iniciativa es contradictoria con la aprobación de proyectos del gobierno como el Control Preventivo de Identidad. "¿Se dan cuenta de lo que están rechazando?", preguntó varias veces el ministro a los diputados disidentes de su sector, asegura un funcionario de gobierno.

Más allá de la incomodidad que ha provocado en La Moneda el impasse por el proyecto de Autonomía Progresiva, en el Ejecutivo dicen que si bien la ola neoconservadora puede traer algún conflicto interno, tiene algo positivo para el gobierno de Piñera: lo ubica más nítidamente en el centro político. Un objetivo que a La Moneda le interesa potenciar.