En su rol de presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches cuestionó abiertamente el modelo de concesiones para financiar la infraestuctura sanitaria del país. “Debemos evaluar la continuidad del modelo de concesiones hospitalarias. Para lidiar con estos privados se requiere un Estado ágil y fiscalizador, que supervise activamente, si no, termina siendo un buen negocio y un lastre para pacientes y trabajadores”, manifestó el 30 de septiembre pasado, cuando aún dirigía el organismo gremial.

En aquella ocasión, Siches hacía referencia a la cuestionada concesión del Hospital Regional de Antofagasta, tras manifestar sus reparos a los encargados de la materia en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Aquel recinto, obra del primer gobierno de Sebastián Piñera, se sumó a los centros de salud de La Florida y Maipú, desarrollados bajo un modelo de concesión impulsado durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, que incluyó desde la construcción hasta la posterior provisión de servicios, como alimentación, estacionamientos, ambulancias, aseo y seguridad.

Así, en marzo, la nueva administración del presidente electo, Gabriel Boric, se encontrará con 19 hospitales desarrollados bajo el modelo de concesiones a privados. De ellos, 14 ya están ejecutoriados, mientras que otros cinco hospitales -el Instituto Nacional del Cáncer, el de Neurocirugía, el de Coquimbo y dos en la Red O’Higgins- están en medio del proceso, y el último, el Hospital Metropolitano Norte, no lo ha iniciado aún. ¿Qué significa esto? Que son proyectos que podrían paralizarse y modificarse, en caso de que no cumplan con las expectativas del próximo gobierno.

Ya ocurrió antes. En 2014, apenas instalado el segundo gobierno de Bachelet, su ministra de Salud, Helia Molina, retiró de Contraloría seis proyectos que estaban para toma de razón: Quillota-Petorca, Curicó, Linares, Marga-Marga, Chillán y Sótero del Río. La decisión, en su minuto, se enmarcó en un análisis realizado por las carteras de Salud y Obras Públicas a los centros sanitarios concesionados que reparó la modalidad de funcionamiento y un elevado pago de subsidios por la operación que implicaban los contratos. La decisión, eso sí, arrastró diversas multas y retrasos en las obras, como en el caso del nuevo Sótero del Río, que fue retirado del proceso de concesión a mediados de 2014 y aún no comienza a ser edificado.

“En aquella ocasión se catalogó la decisión como ideológica, pero no fue así y el tiempo ha dado la razón. Los problemas que han generado estas concesiones son varios, desde su alto precio, ya que después de cinco años hay que comenzar a pagar la administración, como temas operacionales, donde el director médico de los recintos se ha visto muy limitado en la toma de decisiones. No se puede poner el lucro por sobre la salud de las personas”, asegura Molina.

Y el escenario se repite. Durante su campaña, Boric y sus asesores destacaron la necesidad de realizar cambios profundos al financiamiento público-privado de la red asistencial. Por eso, las próximas autoridades de Salud y quien encabece la cartera deberán resolver si dan curso a los proyectos tal como están formulados o si se paralizan para ser reformulados.

Al respecto, Matías Goyenechea, uno de los coordinadores programáticos de Salud de Boric y reconocido opositor al modelo de concesiones, explica que la situación será analizada. Y que no llegarán directamente a parar las iniciativas. “Primero, vamos a hacer una evaluación de todo lo que hay. No tenemos un plazo fijo, pero creemos que es necesario realizar un estudio serio y objetivo de cómo han funcionado las concesiones en el país, para luego tomar determinaciones”, explica.

Para Goyenechea, si bien ese tipo de concesiones representaron un lastre para la ejecución diaria de los recintos de salud, debido a la burocracia impuesta por las concesionarias, los actuales contratos podrían ser distintos. “Hay que ver los temas operacionales y, sobre todo, cambiar a los fiscalizadores que actualmente los entrega el MOP. Esa figura debe ser cubierta por alguien de Salud, que es la cartera especialista en la administración de los recintos sanitarios”, expresa el también presidente de la fundación Creando Salud.

Mientras, José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colmed, sostiene que “la única visión contraria que tenemos como Colegio Médico es que no ha habido una evaluación externa que nos permita tomar decisiones respecto del modelo de concesiones. La experiencia que hemos tenido en centros de alta complejidad ha sido de dulce y agraz, ya que los directivos no han tenido buenas experiencias, por insumos o contratos, y dificultades que han costado mucho solucionar”.

Al respecto, Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, plantea que “en el gobierno anterior se detuvieron proyectos, lo que significó varios retrasos. Hay proyectos que ya están adjudicados, otros se están construyendo como obra pública. De todas maneras, la nueva autoridad electa no ha manifestado ningún tipo de reparo y, al contrario, creo que estos hospitales son totalmente necesarios para mejorar la atención de salud de grupos muy grandes de la población, porque van a cubrir las necesidades más complejas de la población”, expresa.

Y Goyenechea es enfático: “No es definitivo, pero creemos que es necesario hacer una revisión a la Ley de Concesiones. Y lo que va a primar (al momento de resolver) es el estado de avance y el impacto en la comunidad que tengan estos recintos”.

A través del Plan Nacional de Inversiones del Ministerio de Salud, en conjunto con el MOP, se están desarrollando 19 nuevos recintos sanitarios bajo el modelo de concesiones y otros siete se edifican con recursos del Minsal.

En los 19 recintos concesionados se estima una inversión de US$ 2.267 millones y aportarán 3.984 nuevas camas a la red. Todos ellos implican contratos que parten de los 15 años y, en esta ocasión, no consideran servicios como alimentación, ambulancia y aseo, entre otros, a diferencia de los cinco hospitales concesionados que ya existen en el país. Sumando los otros siete, la inversión asciende casi a los US$ 3.000 millones y se llega a cinco mil camas.

“El Plan Nacional de Inversiones 2018-2022 beneficiará directamente a casi 4,5 millones de usuarios del sistema público de salud. En la misma línea, se proyecta que más de 36 proyectos queden en pleno proceso constructivo o adjudicados, consolidando la construcción de infraestructura en salud como una política de Estado con un proceso de continuidad en el largo plazo”, dice el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción, Carlos Zeppelin, su vicepresidente, hace hincapié en los plazos a considerar, en caso de una posible suspensión de contratos, como ocurrió en 2014. “Pensamos que es importante dar continuidad a los procesos en curso, para entregar en forma oportuna la infraestructura que necesitan los ciudadanos y ciudadanas. No sería aconsejable repetir lo ocurrido con el Hospital Sótero del Río. Hasta ahora, este hospital está lejos de ser una realidad”, señala.

En cuanto a la calidad de la nueva infraestructura, Moreno asegura que todas contarán con certificaciones de calidad: “Todos tendrán la obligación de obtener la clasificación CES (Certificado de Edificación Sustentable), además del sello Plus de operación, que ya lo tiene el hospital Quillota-Petorca, lo que significa que el edificio cumple con todas las medidas de sustentabilidad que da el confort interno, pero que minimiza los residuos”.