Carga de trabajo y citaciones a última hora: las razones de la Convención para justificar el pago de 34 millones de pesos en multas a aerolíneas

Uno de los mandatos que se autoimpuso la Convención Constitucional mientras funcionó fue aminorar la centralización con la que históricamente se han tomado las decisiones en Chile. Con la mayoría de los convencionales provenientes de regiones, que no son la Metropolitana, era difícil que fuera de otra forma.

Con ese objetivo, al comienzo de su funcionamiento -antes del ajuste de cronograma para optimizar el tiempo- era usual que los convencionales viajaran el jueves en la noche a sus regiones para hacer trabajo territorial durante los fines de semana. Y, en caso de que no pudieran, de todas formas había una semana al mes destinada a la difusión del trabajo que hacían al interior del ex Congreso en sus respectivos distritos. También, con ese fin, se realizaron dos salidas regionales: al Biobío, primero, y luego a Antofagasta.

No obstante, dejar Santiago para visitar los territorios no estuvo exento de dificultades. Según información solicitada por La Tercera PM al Portal de Transparencia, el órgano constituyente debió pagar 34.113.212 millones de pesos en multas asociadas a cambios de pasajes aéreos desde el 26 de julio de 2021 y hasta el 5 de julio de este año.

En total, entre los 154 exconstituyentes se acumulan 454 multas. Eso sí, hubo algunos que nunca debieron pagar una. Ese es el caso de la mayoría de los exconvencionales provenientes de la Región Metropolitana, Valparaíso o la región de O’Higgins, quienes no requirieron de pasajes aéreos para viajar entre sus casas y el ex Congreso.

Entre quienes son de regiones más alejadas, destaca que Constanza San Juan (IND), Fernando Tirado (Pueblo Chango), Martín Arrau (UDI), Luis Barceló (Colectivo del Apruebo), Rodrigo Álvarez (UDI) y Mauricio Daza (No Neutrales), tampoco incurrieron en multas.

En la otra vereda, los exconvencionales que implicaron más sanciones fueron Daniel Bravo (Pueblo Constituyente), con 17; Harry Jürgensen (Renovación Nacional), con 16; Adolfo Millabur (Pueblo Mapuche) y Hugo Gutiérrez (PC) con 13; y Tammy Pustilnick (No Neutrales), con 12.

Al respecto, Bravo, quien vive en Coquimbo, explicó que siempre intentó solicitar los pasajes con la mayor anticipación posible, justamente para que salieran más baratos. Asimismo, también privilegió la presencialidad, tanto de su trabajo en comisiones como en las instancias en que se reunía el pleno, por lo que los viajes entre Santiago y La Serena eran frecuentes.

“En ciertas ocasiones, y con miras a no afectar el funcionamiento regular de la Convención, sea por el surgimiento de reuniones de trabajo importantes, fijación de sesiones de comisión o pleno que inicialmente no estaban previstas, o su extensión más allá de lo contemplado en su momento, fue necesario anticipar o postergar algunos de mis vuelos, para llegar oportunamente a tales reuniones o sesiones, o para quedarme todo el tiempo requerido”, justificó Bravo, quien se desempeñó como coordinador de las comisiones de Reglamento y de Armonización, además de participar en la de Sistema de Justicia.

“La mayoría de esos cambios fueron costeados por mi propio bolsillo, por lo que no implicaron un aumento de gastos para la Convención”, agregó.

El punto que menciona Bravo es relevante, pues, fuentes cercanas a la Segpres, explican que el registro que ellos llevan solo detalla las multas que fueron pagadas por la Convención. Por lo mismo, existen más multas asociadas a pasajes, pero que fueron financiadas personalmente por los hoy exconvencionales.

En este sentido, según se detalla en los informes de ejecución presupuestaria de la Convención, las modificaciones de pasajes son gestionadas por la Secretaría Administrativa del ahora disuelto órgano constituyente, pero solo en la medida en que se cuente con la autorización expresa de la mesa directiva, encabezada, primero, por Elisa Loncon (Pueblo Mapuche) y posteriormente por María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales).

En los informes también se especifica que, en caso de que no se haya contado con esa autorización de la mesa, el cargo debió ser financiado por el constituyente implicado.

Jürgensen, otro de los exconvencionales que acumuló multas, explicó a La Tercera que no lleva el registro de ellas, pero que descarta haber tenido que pagar una personalmente. Al igual que Bravo, sostuvo que la carga de trabajo hacía necesario cambiar la fecha de los pasajes. “Las citaciones de trabajo se hacían muy a última hora. Por eso era necesario cambiar los pasajes, tanto de Osorno a Santiago como de Santiago a Osorno. Eso era absolutamente necesario para estar en forma presencial en las reuniones en las que éramos citados”, argumentó.

“Todas (las multas) obedecían al afán de este convencional de participar presencialmente en la mayoría de las reuniones”, agregó.

En la misma línea, Millabur, quien vive en Tirúa, sostuvo: “Siempre pasaba que se cambiaban los horarios de sesión, se extendían las horas. A veces se decía que eran hasta las 22:00, pero se entendían hasta las 0:00. Era imposible poder regresar a la hora, había que cambiarlo para el día siguiente. Para mí era más importante quedarme en la sesión que cambiar un vuelo”.

“Yo vivo en el campo, entonces en la zona donde vivo no había posibilidad de sesionar telemáticamente. Por eso tenía que estar presencial permanentemente”, agregó Millabur, quien se desempeñó como coordinador de la comisión de Forma de Estado.

El período de tiempo donde más multas se debieron pagar fue desde el 16 de mayo de este año hasta el 22 del mismo mes. Entre esos días, la Convención debió pagar 7.772.149 millones de pesos asociadas a un total de 48 multas. Este período de tiempo coincide con la salida regional a Antofagasta. Por lo mismo, 43 de esas multas tuvieron como destino de ida o vuelta Antofagasta o Calama.