Carlos Jornet, representante de la SIP: “Comisión Asesora contra la Desinformación de Chile debió haber sido debatida en el ámbito del Congreso”

El 20 de junio pasado, el Diario Oficial publicó el decreto de creación de una Comisión Asesora contra la Desinformación dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La instancia, de carácter temporal, tendrá una composición académica y de profesionales, cuyo objeto será asesorar al ministro o ministra de esa cartera y al ministro o ministra secretario(a) general de Gobierno en los aspectos que permitan “analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile”.

Compuesta por representantes de universidades estatales y privadas, ONG, fundaciones, la sociedad civil, además de organizaciones que se dedican a hacer fact-checking, la comisión se centrará en temas sobre desinformación y calidad democrática, alfabetización digital, desinformación en plataformas digitales y buenas prácticas digitales, y hará recomendaciones sobre políticas públicas.

La iniciativa, sin embargo, provocó de manera casi inmediata una gran cantidad de críticas. Por parte de la oposición acusaron que hubo falta de diálogo antes de implementar esta comisión. También aseguraron que su existencia podría poner en riesgo la libertad de expresión. Incluso, desde la UDI anunciaron que durante la primera semana de julio acudirán al Tribunal Constitucional para interponer un requerimiento de inconstitucionalidad con el fin de impugnar la Comisión Asesora contra la Desinformación.

Los cuestionamientos no se limitaron solo a los partidos opositores, sino que también se extendieron a organizaciones extranjeras. Fue el caso de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que este lunes, a través de un comunicado, mostró su preocupación por la decisión del gobierno de Chile de crear esta comisión oficial para combatir la desinformación. La entidad continental, dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas e integrada por más de 1.300 publicaciones, advirtió que de ese modo “se podría caer en la tentación de instaurar mecanismos de censura”.

Así, el presidente de la SIP, Michael Greenspon, expresó: “Más allá de lo loable que puedan parecer los objetivos, debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información, expresión, medios o periodismo”. Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó: “Las comisiones, los observatorios u otras formas gubernamentales de vigilancia siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico del diario La Voz del Interior, de Argentina, dijo: “Como organización favorecemos que los gobiernos promuevan la alfabetización digital y que los legisladores exploren la adopción de políticas públicas para combatir la desinformación”. Sin embargo, agregó que “es muy distinto cuando el Estado crea una comisión propia, estudia y busca determinar, desde su óptica, lo más conveniente”.

En la siguiente entrevista con La Tercera, Jornet profundiza en su análisis sobre los riesgos que supone el establecimiento de la Comisión Asesora contra la Desinformación tal y como está definida.

¿Por qué la SIP se opone a la creación de una comisión por parte del gobierno para combatir la desinformación en el caso de Chile?

La problemática de la desinformación se ha instalado como tema de debate en el mundo entero. Porque la difusión intencionada de información falsa o engañosa a sabiendas de su falsedad y con el propósito de engañar a la población (que no es un fenómeno nuevo) se ha potenciado en el entorno digital. Pero nos preocupa que se avance con decisiones que, bajo la aparente intención de neutralizar posibles daños en la comunidad, puedan luego ser utilizadas para acallar críticas y censurar voces disidentes.

Una iniciativa de la naturaleza de la que genera polémica en Chile, con potencial de afectar el derecho a la libre expresión y el trabajo periodístico, debió haber sido debatida en el ámbito del Congreso, con un amplio análisis sobre los eventuales impactos.

En este sentido, la Unesco ha advertido que los esfuerzos por regular la difusión de la desinformación deben garantizar que se contemplen excepciones adecuadas para compartir opiniones, información satírica, creaciones artísticas e informaciones de interés público.

Como señalamos desde la SIP, nos preocupa cuando desde los poderes ejecutivos se avanza en crear comisiones, observatorios u otras instancias gubernamentales que “suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa”. Porque de ese modo se puede caer en la tentación de instaurar mecanismos de censura, como ha ocurrido ya en otros países del continente.

¿Qué caminos recomienda entonces la SIP para enfrentar la desinformación?

Es claro que la desinformación, en especial cuando aprovecha al máximo el potencial de las redes sociales u otras instancias de viralización, puede generar pánico colectivo, contagiar odio, provocar una ola de protestas e incluso torcer la voluntad popular ante unas elecciones.

Pero para la SIP, los mejores antídotos contra la desinformación son los medios tradicionales -el periodismo profesional- y, sobre todo, la alfabetización digital de la sociedad en su conjunto. En particular, de las nuevas generaciones, en las que está menos desarrollada una cultura de vínculo con las noticias basada en la búsqueda de fuentes confiables y en la contrastación con fuentes alternativas.

Una información falsa lanzada a las redes sociales es, por lo general, consumida y compartida como verdad revelada, aun cuando sea claramente absurda o imposible.

En otras palabras, es necesario promover un ecosistema digital sano y equilibrado, en el que se garantice, además, la sostenibilidad de un periodismo de calidad.

Suele decirse que la prensa es parte del problema y no de la solución. Y es cierto que en los medios tradicionales se cometen errores y se difunde información no suficientemente verificada. Pero los medios disponen de mecanismos de control interno para enmendar informaciones erróneas.

Umberto Eco decía que si un periódico sólo publica noticias falsas, no merece ser comprado. Y cuando lo hace, está sometido a las críticas de sus lectores, de no lectores y de sus competidores. Porque el ecosistema de medios es plural en una nación democrática.

Vale subrayar, además, que no es lo mismo noticia errónea que una información deliberadamente falsa y dañosa.

¿Qué experiencias internacionales para abordar este fenómeno consideran que son un buen ejemplo a seguir?

Hay ejemplos, como en el caso de Europa, de gobiernos que incentivan medidas de apoyo al periodismo, a los medios, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil, pero que no se involucran de manera directa en la elaboración de soluciones. Dan relevancia al tema para que sea abordado en la sociedad con apertura, diversidad y pluralidad. Y asegurando las condiciones para que se preserven las libertades de expresión y de prensa, esenciales para un debate amplio y para que la ciudadanía pueda ejercer el control de quienes ejercen el poder.

Conviene recordar el punto 10 de la Declaración de Salta sobre Libertad de Expresión en la Era Digital, que la SIP aprobó en 2018. Este plantea que “la desinformación no se debe combatir con mecanismos de censura ni sanciones penales, sino con la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital”.

Es de esperar que el gobierno de Chile avance en este sentido y no por alternativas regulatorias que pueden llevar a la censura.

¿Qué opinión tiene la SIP respecto del llamado “Ministerio de la Verdad” que defiende el gobierno de Lula, en Brasil, para atacar la desinformación?

Gobiernos autoritarios como los de Nicaragua, Venezuela, Cuba impulsan iniciativas en esa línea. En Brasil, se alude al “Ministerio de la Verdad” para aludir a propuestas de Lula tendientes a regular contenidos falsos que circulan en redes sociales y que en buena medida son distribuidos por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.

El tema generó un debate similar al que vive ahora Chile, por el riesgo que implica el involucramiento directo del Estado en el análisis de la veracidad o no de una información.

Aunque iniciativas de este tipo se reiteran en otras culturas, no se debe olvidar la historia de rupturas democráticas que registra Latinoamérica.