Caso Hermosilla: fiscalía interroga a Rodrigo Delgado y citan a exsubsecretario Galli a declarar por nombramiento de exdirector de la PDI
El exministro del Interior concurrió el jueves -en calidad de testigo- a la Fiscalía Oriente para ser interrogado sobre cómo fue el proceso de nombramiento de Sergio Muñoz como director de la PDI, y sobre el rol de Hermosilla en el gobierno de Sebastián Piñera. En paralelo, luego de que la Corte de Apelaciones rechazara el recurso de protección presentado por el abogado Mario Vargas para que no se liberen sus conversaciones con el abogado, la decisión final recaerá en el máximo tribunal. Se especula una ola de inhabilidades en las cúpulas del Poder Judicial.
“¡Un abrazo de felicitaciones! Me alegro mucho. ¡Misión cumplida!”.
De esta manera, el 10 de junio del 2021, Luis Hermosilla felicitaba a través de WhatsApp al recién nombrado director de la PDI, Sergio Muñoz. A esas alturas ambos cultivaban una buena relación que con el tiempo derivó en la remisión de antecedentes judiciales de, al menos, cinco causas: Dominga, Enjoy, el caso de Raúl Torrealba, Felipe Guevara, y de la indagatoria por la malversación de los gastos reservados del exdirector de la policía civil Héctor Espinosa.
Sergio Muñoz fue formalizado por delitos de violación de secreto, sin embargo, la indagatoria ahora avanza por otras aristas, y una de esas tiene relación con su nombramiento como director de la PDI. Es que el mensaje del abogado al detective con la frase “misión cumplida” no dejó de llamar la atención de los investigadores. Hubo gestiones irregulares que podrían significar o tráfico de influencia o no, es lo que buscan despejar fiscales y carabineros.
Por lo mismo, el Ministerio Público ya comenzó a trabajar respecto al contexto en que se daban las conversaciones entre Hermosilla y Muñoz. Para esto la toma de declaraciones de las autoridades que estaban en el gobierno durante la elección de Muñoz como director de la PDI es fundamental.
Uno de ellos fue el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien fue citado a declarar en la investigación que lleva el fiscal Felipe Sepúlveda. Su comparecencia -la cual se concretó el jueves- se solicitó en calidad de testigo.
Delgado fue ministro del Interior entre el 4 de noviembre del 2020 y el 11 de marzo del 2022 en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, por lo que en junio del 2021, cuando asumió Sergio Muñoz, fue uno de los encargados de conocer las razones de la elección del detective.
Sin embargo, fuentes del gobierno de la época señalan que Delgado poco tuvo que ver en esa selección, y fue algo que resolvió el propio Jefe de Estado. Las mismas fuentes consultadas agregan que se desconoce a qué se refería Hermosilla con “misión cumplida”, pues, aseguran, nunca supieron de una eventual intervención del abogado en el proceso.
En el Ministerio Público continuarán con este tipo de citaciones para despejar quiénes intervinieron en favor de Muñoz, y si tuvieron conocimiento de algún tipo de gestión por parte de Hermosilla para eso, como también del rol del abogado en Interior. De todos maneras, estas pesquisas apuntan a contextualizar los mensajes y si el detective debía algún tipo de favor al abogado.
Por ejemplo, también fue citado a declara, también en calidad de testigo, el exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien deberá concurrir a la Fiscalía el próximo 11 de abril.
La discusión que se abrirá en la Suprema
El caso Hermosilla tiene distintas aristas. La Fiscalía ya trabaja en el contexto de los chats, pero también en el contenido de las conversaciones, siempre y cuando existan indicios de delito.
Sin embargo, durante las últimas horas se sumó un nuevo flaco: el recurso de protección presentado por el abogado Mario Vargas para que sus conversaciones con Hermosilla no sean abiertas por la Fiscalía, ni tampoco por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El organismo es querellante en el denominado ‘caso Audios’ y también en el ‘caso Muñoz’, por lo que su interés en ambas investigaciones está formalizado. Pero, por ahora, el Consejo no ha tenido acceso al total de las 777 mil páginas que guardan las conversaciones de Hermosilla.
Pero el CDE busca ese acceso, algo que despertó la preocupación de Vargas. “Sin que yo haya tenido vinculación alguna con los demás intervinientes que participaron en la reunión que dio origen a la incautación del teléfono, el acceso a mis conversaciones privadas, por parte del Ministerio Público y la consecuente solicitud del Consejo de Defensa del Estado, constituyen actos ilegales que perturban y amenazan, respectivamente, mis garantías constitucionales de igualdad ante la ley, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y mi derecho a la honra y privacidad”, sostiene el escrito.
El recurso, este viernes, fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago porque no se encontraron “hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que en el recurso se habla de una posibilidad o eventualidad de que ocurra un acto respecto del actor que posiblemente pudiere afectar alguna de sus garantías fundamentales protegidas por la acción constitucional, en circunstancias de que en la especie se requiere que exista una acción u omisión concreta a efectos de determinar la concurrencia de un derecho indubitado del recurrente”.
Con esto, el recurso ahora pasará a otra etapa: una reposición en el mismo tribunal de alzada para luego elevarse a la Corte Suprema. Es ahí donde están las mayores dudas respecto de la tramitación de la acción judicial, cuentan fuentes del caso.
Es que las redes de Hermosilla en el Poder Judicial son extensas y mantiene una cercanía con más de algún ministro de la Suprema. Es por eso que genera expectación entre los intervinientes, y otros jueces, la tramitación del recurso, una vez que llegue al máximo tribunal, en específico a la Tercera Sala.
Quienes componen esta instancia de la Corte son los ministros Sergio Muñoz, Mario Carroza, Adelita Ravanales, Diego Simpertigue y Ángela Vivanco. En tribunales existe una especie de “expectativa” sobre quién se inhabilitará de votar el recurso, pues revelará de paso quiénes mantenían estrecha relación con el ahora cuestionado abogado y si dicha relación puede o no configurar un acto que se deba investigar.
*Este artículo fue actualizado a las 17.47 de la tarde del 5 de abril*
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