“Caso luminarias”: proveedor de Itelecom usaba a personas en situación de calle para blanquear coimas a municipios

Claudio Medina Henríquez vivía en situación de calle en el sector de Av. Las Rejas con la Alameda, en Estación Central. Mientras consumía drogas y alcohol junto a otras personas, en octubre de 2019, se les acercó un hombre. Lo describió de contextura media, con pelo canoso y que vestía ropa sport formal.

Dijo que se presentó como Horacio y les ofreció unas “movidas”. Debían firmar unos documentos notariales, supuestamente todo legal, y recibirían a cambio $ 300 mil en efectivo. Hicieron intercambio de teléfonos. Pasaron los meses y en junio de 2020 Medina dijo que el sujeto lo llamó y le preguntó “cómo estás para la movida”, la que terminó aceptando “dada su necesidad económica”. Se juntaron el 7 de julio en el Metro Plaza de Armas y fueron a una notaría en Teatinos. Ahí firmó un documento relacionado a la compra de acciones de una empresa que dijo desconocer. A cambio le pasaron el dinero prometido.

El relato es parte de los últimos antecedentes allegados a la investigación de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, quien indaga el denominado “caso luminarias” y en el que se investiga el millonario pago de coimas en 11 municipios del país por parte de la empresa Itelecom. El dueño de esta última, Marcelo Lefort, lleva 10 meses en prisión preventiva como principal imputado de una de las tramas de corrupción más importantes que indaga en la actualidad el Ministerio Público. Diversas pesquisas llevaron a la PDI a descubrir en las últimas semanas la fórmula en que la empresa de luminarias led blanqueó los dineros con los cuales, según se sospecha, luego se pagaban las coimas y en el que se revela la instrumentalización de personas en situación de calle para tales fines.

“Me dedico a la venta de berlines en la vía pública (...); debo señalar que en ocasiones soy consumidor de drogas y alcohol, lo cual me ha llevado a perder mi familia y vivir en situación de calle en algunas oportunidades”, dijo Medina al ser interrogado por la PDI. Su nombre había surgido en un listado de presuntos dueños de sociedades ligadas a la firma que, según sospechan los investigadores, era usada como empresa fantasma para el blanqueo de dineros que tenían como objetivo el ocultamiento del pago de sobornos.

Sin saberlo, ese día Medina se convirtió en el dueño de GLH Ingeniería y Consultores SpA, uno de los principales proveedores de Itelecom. Según la contabilidad incautada en la indagatoria, entre diciembre de 2018 y abril de 2020 GLH emitió 26 facturas a Itelecom por $ 650 millones.

De acuerdo al documento notarial, las acciones fueron vendidas por George Latrille Hucke a Medina a cambio de $ 2 millones en efectivo. “Nunca pagué $ 2 millones, ni tampoco cifra alguna a Latrille, ya que no cuento con dinero, apenas me alcanza para subsistir”, declaró Medina, cuyo interrogatorio es parte de un informe de la la PDI, emitido el 20 de enero pasado, donde se detalla el modus operandi que usaba el verdadero dueño de GLH, George Latrille, apoderado del mismo colegio donde estudian las hijas de Lefort.

Pero no sólo es Medina. La PDI ha logrado contactar a otra serie de personas en situación de calle que también fueron usadas en la firma de documentos para GLH y que corroboran la misma historia.

De hecho, la empresa de Latrille ya había aparecido en la mira de la fiscal Mancilla y su equipo. Esto, ya que una de las aristas del caso involucra al municipio de Puente Alto y surge a propósito de la declaración ante la fiscalía, en octubre pasado, del director comercial de Itelecom, Ricardo Rodríguez. “En 2018, el amigo personal de Marcelo Lefort, Víctor Amado, junto a Álvaro Lavín (...), en coordinación con Lefort, se contactaron con el administrador municipal de Puente Alto, llamado Christian Gore, para gestionar la adjudicación de esa licitación, lo que efectivamente ocurrió”, sostuvo el ejecutivo. En esa oportunidad añadió que fue Lavín quien contactó a Gore. “Me imagino que Lavín tiene que haber recibido algo de los $ 350 millones’', y sostuvo que creía que esos pagos estaban vinculados con las facturas de GLH.

Actualmente, Álvaro Lavín se encuentra en calidad de imputado en el caso por hechos vinculados con los procesos de licitación de la Municipalidad de Puente Alto. Así consta en un escrito de respuesta del Ministerio Público a un requerimiento presentado por su abogado, Sergio Rodríguez Oro.

La PDI también sospecha que los $ 37 millones en efectivo que le encontraron a Lefort cuando lo detuvieron a punto de sobornar a un asesor jurídico de la Municipalidad de Chillán era dinero que provenía de las facturas falsas de GLH a Itelecom. De hecho, así lo declaró Heriberto Bustos, otro directivo del holding.

“En la investigación ha podido establecerse el posible uso de facturas ideológicamente falsas emitidas a Itelecom por diversos proveedores, para, aparentemente, extraer fondos de dicha empresa (...) con el objeto de generar dinero en efectivo para financiar los sobornos entregados a empleados públicos”, dice un oficio enviado por la fiscalía al Servicios de Impuestos Internos el 29 de enero.

En este contexto, la fiscalía le encomendó a la PDI establecer si GLH tiene empleados. Para eso, primero revisaron la evidencia incautada en el domicilio de Latrille, ubicado en La Reina. Ese día de septiembre la policía le pidió declarar, pero él prefirió usar su derecho a guardar silencio.

Quien sí habló con la policía fue el contador Francisco Calderón, quien dijo que GLH no tenía trabajadores. “Contablemente, GLH no contaba con personal contratado, ya sea a honorarios o de planta. Me consta, ya que nunca hubo registro de pagos de cotizaciones previsionales”, indicó.

Asimismo, la PDI observó que la mayoría de las facturas emitidas a GLH eran por servicios de arriendo de personal y maquinarias para la minería y luminaria por un total de $ 649 millones. Para verificar si eran verdaderos esos servicios, los policías entrevistaron a los dueños de esas empresas. Uno de ellos era el propietario de Servicios y Comercializadora Latino SpA, Álvaro Méndez, con antecedentes por hurtos y lesiones. “Entre enero y marzo de 2020 me desempeñaba como vendedor en un local de frutas en Las Rejas con Libertador Bernardo O´Higgins. Mi empleador me ofrece $ 100 mil a cambio de facilitar mi carné para inscribir una empresa a mi nombre”, declaró Méndez. Al igual que a Medina, dijo que lo contactó un tal Horacio y fueron a la misma notaría en el centro. Firmó y le pasaron el dinero en efectivo.

Igual fue el caso de Nibaldo Becerra Carrasco, dueño de Comercializadora y Servicios C&S SpA. “Comercializo verduras y frutas en la vía pública en Las Rejas con Alameda. En octubre o noviembre de 2019 me encontraba en situación de calle junto a otros amigos, llegó un hombre un poco canoso de unos 58 años, quien nos ofreció dinero a cambio de poner firmas en documentos asociados a empresas. Ante mi necesidad económica acepté la oferta de este señor, que se hacía llamar Horacio. Un día nos llevó champú, desodorante y me arreglé lo más que pude, tal como me lo pidió Horacio, y fuimos a una notaría en Teatinos”, señaló Becerra a la PDI. Dijo que nunca le dieron los $ 100 mil que le habían prometido. El mismo modus operandi usaron con su hermano, Bernardo Becerra.

Así las cosas, la PDI tomó declaración a Horacio Cruz Rosso, sindicado como el hombre que captaba a las personas en situación de calle. Dijo que un día de 2017 se encontró con un conocido llamado Mario Ibáñez Santelices, quien le señaló que como abogado se dedicaba a rescatar empresas quebradas o con problemas de impuestos y que le ofreció trabajo. “Me entregaba instrucciones de buscar a personas con problemas económicos o en situación de calle a fin de que firmaran documentos notariales ligados a la creación de empresas en un día, las cuales servían de fachada”, declaró Cruz. Indicó que por cada diligencia le pagaban entre $ 80 mil y 200 mil y que en total llevó a la notaría a cerca de 20 personas en situación de calle. Incluso, él prestó su nombre para firmar estos documentos.

Las últimas diligencias han permitido al Ministerio Público y a la policía ahondar en los cargos de lavado de dinero, centrando las pesquisas en el rol de Latrille y GLH, urdiendo empresas y funcionarios fantasmas que le habrían permitido durante años a Itelecom tener una “caja blanqueadora” de dineros para el posterior pago a funcionarios municipales y alcaldes, en una de las tantas aristas del “caso luminarias”.

Consultado el abogado de George Latrille, Luis Gálvez, dijo que “mi representado no ha sido formalizado, está en una investigación de la fiscalía y ya nos hemos puesto en contacto con la fiscalía para poder tomar conocimiento y ejercer los derechos pertinentes en caso de que sea requerido”.