“Basta por la chucha!”. Con esa frase terminaba el tuit del entonces diputado, Gabriel Boric, al referirse a la muerte del malabarista Francisco Martínez (27) que fue abatido por el sargento Juan González de Carabineros el 5 de febrero de 2021 en Panguipulli en medio de un control de identidad. El fallecido, que era un artista callejero, portaba dos machetes y al negarse a la fiscalización se abalanzó contra el policía, quien desenfundó su arma y disparó. “El brutal asesinato de Francisco debe indignar a todo Chile y el mundo. No hay excusas, matices ni explicación que valga”, sentenciaba el ahora presidente electo. “Refundar Carabineros ahora. Lo hemos exigido hace más de un año. No da lo mismo quien tenga el poder. El gobierno de Piñera cómplice activo de esta locura”, volvió a escribir a pocas horas de ocurridos los hechos en la Región de Los Ríos.

A poco más de un año de este episodio, esta semana la Corte Suprema puso fin a la investigación que se abrió y en la que la Fiscalía de Los Ríos determinó que el uniformado actuó bajo legítima defensa, hipótesis que fue ratificada luego por los tribunales. Atrás quedaron las airadas reacciones de políticos, como la del futuro mandatario, y los intentos de perseguir penalmente la actuación policial, como la querella presentada por la diputada comunista y próxima vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y otro grupo de parlamentarios, que finalmente fue declarada inadmisible por la justicia. La abogada y también diputada del PC Carmen Hertz dijo en esa oportunidad que los policías “dispararon a las piernas de la víctima y después directamente al pecho. Se retiraron del lugar y ni siquiera se preocuparon de conocer el estado de la víctima. A nuestro juicio se trata de un homicidio calificado”.

La muerte de Martínez impactó en la comunidad a tal punto que hubo protestas que terminaron con la quema de la Municipalidad de Panguipulli, ya que un grupo de personas aseguraba que en el procedimiento había exceso de fuerza por parte de Carabineros. Tras una serie de peritajes la indagatoria apuntó a que se dieron todas las circunstancias para que el carabinero hiciera uso de su arma, luego que las imágenes captadas por veraneantes mostraran al joven malabarista increpando y lanzándose sobre el policía con dos machetes que resultaron ser verdaderos. El informe de la PDI estableció que éstos medían 50 centímetros de largo y que presentaban “filo en la parte inferior de las hojas”.

Antes que llegaran estas diligencias a manos del Ministerio Público, el sargento González ya estaba formalizado. De hecho el mismo día de la muerte del artista callejero fue detenido y se le imputó autoría por el delito de “homicidio simple”. En esa jornada se decretó la medida cautelar de arresto domiciliario. Sin embargo, al pasar el tiempo la determinación del fiscal regional Juan Agustín Meléndez fue exculpar al policía, al determinar que actuó para proteger su vida y se pidió sobreseerlo de forma definitiva.

De las reacciones de parlamentarios y autoridades ante la decisión de la justicia, que fue ratificada por el máximo tribunal el jueves 10, y que liberó de todo cargo al sargento González hoy sólo hay silencio.

Otro que se pronunció en esa oportunidad y que no se volvieron a referir al caso fue el diputado Marcos Ilabaca (PS), quien consideró “excesivas” las acciones de los carabineros que realizaron el control de detención a Martínez: “no es posible que a un joven que estaba desarrollando malabarismo, producto de un control de detención, le disparen en cinco oportunidades”. En la misma línea el diputado Pablo Vidal (Ind.) sostuvo que “nada justifica la reacción irracional y criminal de un carabinero que en vez de haber matado a Francisco debió haberlo reducido”. De hecho, René Saffirio (Ind.) aseguró que se debía tratar el tema en el Congreso antes de continuar con el trabajo legislativo, por lo que solicitó una suspensión de una sesión para aquello.

“No fue un incidente fue asesinato. No es un hecho aislado la brutalidad es reiterada”, de esta manera definía la diputada Camila Vallejo (PC) lo ocurrido en Panguipulli. La ahora futura ministra vocera de Gobierno también solicitó una sesión especial en la Cámara de Diputados para poder tratar el tema, la que no logró la unanimidad necesaria por ende no se realizó.

El 15 de febrero del mismo año, la bancada del Partido Comunista presentó una querella contra el sargento Juan González Iturriaga, el cabo Cristian Moraga y “contra todos quienes resulten responsables como autores o cómplices de la muerte del malabarista”. Vallejo encabezaba los nombres de los diputados que patrocinaban el líbelo ante la justicia que también fue firmada por las diputadas Carmen Hertz, Marisela Santibáñez, Karol Cariola, además de Amaro Labra, Daniel Núñez y Guillermo Teillier.

En el relato de los hechos, según la querella presentada por los parlamentarios PC, “los malabares se realizaban con dos machetes de utilería, que son de metal y no tienen filo, por lo que no se pueden considerar armas blancas, ni presentan amenaza alguna y que, además, dicha actuación callejera era conocida por la ciudadanía, pues la realizaba hace años sin haber tenido jamás problemas por utilizar en ellos machetes de utilería”.

El mismo día de presentada la acción que buscaba una sanción penal, el Juzgado de Garantía de Panguipulli la declaró inadmisible bajo el argumento de que no tenían legitimidad activa, ya que ellos no poseían la calidad de de víctima en el caso. A lo que sumó que los diputados, admitieron “expresamente tener domicilio fuera de la provincia de ocurrencia de los hechos relatados”, señaló el tribunal.

Al interior de Carabineros se levanta entonces la duda de cuál va a ser la relación de las más altas autoridades que llegan ahora al gobierno, teniendo presente el precedente que marca este caso que, de hecho, reinstaló en esa época la idea de acabar con la institución de Carabineros. Esto, pese a que una vez electo como Presidente, Boric ya no habla de ”refundar”, sino más bien de reformar a la policía.

Los habitantes de Panguipulli, a un año de los hechos, recuerdan la tensa jornada que se vivió en el balneario tras la muerte de Martínez. Ese día y luego de que se difundieran los videos de la muerte del joven de 27 años, una multitud se volcó a las calles de Panguipulli a manifestarse en contra de la policía uniformada. La noche de ese mismo viernes, una serie de atentados incendiarios hicieron arder varios lugares de la comuna.

Uno de los principales siniestros se registró en la propia municipalidad, la cual quedó reducida a escombros, al igual que el Registro Civil y el Juzgado de Policía Local de esa comuna que fueron alcanzados por las llamas.

Pero los hechos, que fueron ampliamente difundidos por redes sociales, generaron protestas en otras partes del país. En la Región Metropolitana se registraron barricadas y enfrentamientos entre Carabineros con manifestantes, además de la quema de un bus en Puente Alto y Maipú con el ataque a una comisaría. Junto a otras protestas en Concepción.

Lo que comenzó como un control de identidad, incluso, generó que desde La Moneda llamaran a un comité político de emergencia. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, interrumpió sus vacaciones y viajó inmediatamente a la zona.

Hace poco más de un mes, el Ministerio de Público comenzó a cerrar este capítulo y sostuvo ante la justicia que no perseguiría penalmente el carabinero. El 18 de diciembre el Juzgado de Garantía de Panguipulli rechazó esta solicitud de sobreseimiento de la fiscalía, pero la Corte de Apelaciones de Valdivia sí la acogió. Entonces quedó todo en manos del máximo tribunal. La sala penal revisó tres recursos de queja presentados por querellantes y los rechazó, finalizando entonces la trama judicial que comenzó el verano pasado.