“Durante el segundo semestre se materializará la entrega de casi 15.000 hectáreas a la comunidad aymara Chusmiza-Usmagama, emplazada en la región de Tarapacá”. Casi a la mitad de la cuenta pública, cuando el presidente Gabriel Boric se refirió a los pueblos indígenas, un puñado de familias en la remota precordillera de Tarapacá no pudo evitar ilusionarse.

Fue a regañadientes, pues las promesas han sido muchas e incluso la Corte Suprema ha fallado en favor de la comunidad indígena (en 2009) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mostró a favor de ellos en 2018, pero aún no han visto reparados sus derechos ancestrales de aguas, arrebatados judicialmente en 1996, tras un mañoso litigio que la embotelladora Sociedad Agua Mineral Chusmiza (heredera de la tradicional embotelladora Papic, que se nutría de las aguas termales), abastecidos de Socavón, la principal vertiente en esta localidad de Huara, enclavada en la cordillera de Los Andes a 2.750 metros sobre el nivel del mar.

“Nunca tuvimos problemas con la embotelladora. De hecho, daban trabajo a muchas familias. Pero cuando comenzó a faltar el agua, ellos se apropiaron de toda ella, impidiéndonos acceder a nosotros. Hicieron todo un asunto legal para eso, pero olvidaron que nosotros hemos estado durante años aquí, mucho antes de la llegada de los españoles, y hay tratados internacionales que nos protegían”, explica Soledad Carvajal Taucare, tesorera de la comunidad.

Soledad es hija del histórico dirigente Luis Carvajal (94 años), quien lideró la pelea por el agua en Chusmiza-Usmagama. Ella, que creció en las alturas, el mismo lugar que sus ancestros habitaron durante siglos, vio cómo esa industria terminó secándoles todo, obligándolos a emigrar a Iquique o Alto Hospicio, ante la imposibilidad de continuar viviendo ahí. Recuerda que debieron vender durante años su plato típico, la calapurca (la sopa más tradicional de los pueblos andinos), para pagar a los abogados que les defendieron durante todos los litigios.

“Esto es una reclamación de aguas que comenzó hace muchos años y que en los 90 se agudizó, con la entrega de agua a esta empresa embotelladora en desmedro de la comunidad. Esta empresa acude a la Corte de Apelaciones (de Pozo Almonte), donde gana. En los 2000, la comunidad va a la Corte Suprema, donde obtienen un resultado favorable en 2009, pero sin que se le inscribieran nunca los derechos de agua en favor de la comunidad”, explica Juan Carlos Cayo, el abogado que hoy los defiende y sucesor de Nancy Yáñez, quien debió abandonar el caso al asumir como ministra del Tribunal Constitucional.

En 2009, el fallo de la Corte Suprema estableció que, “aunque la fuente de agua que abastece a la comunidad solicitante, denominada Socavón o Vertiente Chusmiza, se ubica en un predio inscrito a nombre de la empresa opositora Agua Mineral Chusmiza, tal circunstancia no impide aplicar la protección especial contenida en el artículo 64 de la Ley Indígena, que consagra una presunción de dominio y uso de las aguas de las Comunidades Indígenas Aymaras y Atacameñas, ya que no resulta acorde con el espíritu de la ley ni con el instrumento internacional aludido, restringir la presunción solo a las aguas que escurren en terrenos de propiedad de la comunidad”.

Pese a la contundente decisión, los derechos de agua y el daño causado por años nunca fueron reparados. “El fallo nunca dijo que el Gobierno debía reparar el daño ocasionado durante los 15 años de lucha, porque las chacras se secaron, nuestros animales se murieron y la gente debió irse hacia Iquique o Alto Hospicio. Y, encima, no podíamos postular a nada, porque como los derechos de agua estaban el litigio, no podíamos”, cuenta Soledad.

Al ver que las soluciones no llegaban, decidieron recurrir a la CIDH, que en 2013 declaró la admisibilidad del caso. “La negación de su derecho al agua es que los lleva a tomar un acuerdo de solución amistosa, donde recién ahora estamos viendo resultados”, recuerda el abogado Cayo. La decisión, aplicó expresamente al artículo 15 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Y tanta lucha, recién ahora parece haber servido de algo. Pues el gobierno del presidente Boric, haciendo valer el Acuerdo de Solución Amistosa que la CIDH propuso en 2018 y que tanto el Estado como la comunidad firmaron, para comenzar a reparar el daño a sus derechos humanos, realizará la entrega de 14.487 de las 30.000 hectáreas reclamadas, propiedad del ministerio de Bienes Nacionales.

Aunque aún se trabaja en el polígono que se les otorgará, se sabe que será en la misma zona que actualmente ocupan las 60 familias que componen la comunidad. “Este gobierno tiene la decisión de establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios y eso implica hacerse cargo de diversas deudas. En ese sentido, nos parece básico cumplir los acuerdos y aquí había uno ya firmado”, reconoce la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro.

Huara, que ha debido sufrir la crisis migratoria en carne propia -es parte de la ruta que une Iquique con Colchane- se ha sentido invisible durante años. Pero ahora, distintas investigaciones de la PDI ha sindicado la comuna como el centro de operaciones de la facción chilena del Tren de Aragua.

Soledad Carvajal reconoce que desde hace años la tranquilidad de su comuna y su comunidad cambiaron a causa de la migración irregular, por lo que también recuerda que el acuerdo amistoso adoptado ha comprometido millonarios recursos para desarrollar una red de Agua Potable Rural (APR) moderna, además de transformarlos en un polo turístico en la Tarapacá.

Aún muestran suspicacias ante esto. “En este gobierno ha habido buenas voluntades por parte de Bienes Nacionales, pero hay otros ministerios que siguen vulnerándonos. Tenemos problemas con el APR, porque se nos filtra mucha agua, pero la Dirección de Obras Hidráulicas no nos ha acogido nuestra petición”. Soledad exige una auditoría de obra y un operador que supervise la red de APR por, al menos, seis meses.

Sin embargo, hay proyectos para crear un balneario con las aguas termales de Chusmiza, lo que entusiasma a los comuneros. “Es una alegría inmensa que ya se esté concretando el traspaso de tierras por parte de Bienes Nacionales. Ahora, tenemos cinco proyectos para impulsar nuestra comuna, entre los que destaca una nueva plaza de armas, sedes sociales y las termas”, señala el alcalde de Huara, José Bartolo.

“Las aguas termales son milagrosas y esperamos que aquí la gente comience a viajar para conocerlas. Es algo que queremos hacer”, cierra Soledad Carvajal, quien no deja de dedicar esta victoria a los dirigentes que desde hace más de 30 años vienen peleando por un derecho milenario.