El próximo 4 de enero la “luna de miel”, período de transición desde la elección hasta los primeros días de un gobierno, tendrá su primer test de resistencia.

A pesar del clima de entendimientos y gestos republicanos que se han dado tras el triunfo de Gabriel Boric, ese día se votará en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados la segunda parte de la reforma para una pensión garantizada universal, que detalla exclusivamente su financiamiento y que es la más conflictiva del proyecto.

En todo caso, la primera parte de esa reforma de pensiones (que garantiza un pago de $185 mil) ya fue aprobada este miércoles en la Comisión de Hacienda, de forma unánime en todas sus partes, convirtiéndose en un hito más de la actual “luna de miel”.

Según fuentes del oficialismo, el propio presidente electo, a quien esta reforma de pensiones le ayudaría a bajar la presión por un nuevo retiro de ahorros desde las AFP, ha transmitido que su idea es tratar de extender lo más posible el escenario de diálogo.

Las señales políticas favorables, hasta el momento, han generado una ventana de potenciales acercamientos y acuerdos (que todavía no se concretan), clima que a algunos legisladores veteranos hace recordar el verano de fines de 1989 e inicios de 1990 tras la elección de Patricio Aylwin.

Al igual que el período de convulsión social y polarización que ha vivido el país tras el estallido del 18 de octubre de 2019, a Aylwin le tocó una campaña en una nación dividida por la dictadura, pero su triunfo inmediatamente sofocó las campañas del terror, que pronosticaban el derrumbe institucional y la llegada del “comunismo”.

No obstante, a inicios de los noventa, la misma derecha sorprendió con algunos gestos. Uno de ellos fue la decisión del fallecido Jaime Guzmán, entonces senador electo y líder de la UDI, de allanarse a un acuerdo de gobernabilidad del Congreso, en el que le cedió las presidencias del Senado y la Cámara a la Concertación, a cambio de ser integrados en vicepresidencias y tener la titularidad de algunas comisiones. Ello permitió que Gabriel Valdés (DC) se transformara en el primer presidente del Senado y José Antonio Viera-Gallo (PS) en el primer diputado en liderar la Cámara.

Si bien el acuerdo Guzmán-Valdés era una mera repartición de cargos, se convirtió en la piedra angular de la llamada “política de acuerdos” que se mantuvo en todos los gobiernos de la Concertación.

El clima que se dio tras su triunfo en 1989, donde el contraste con el período previo fue muy notorio, motivó a que Aylwin, antes de asumir, mandatara a René Cortázar y Alejandro Foxley (quienes se convertirían en ministros del Trabajo y de Hacienda) iniciar conversaciones para preparar una reforma laboral y otra tributaria, que vieron la luz en su primer año de mandato.

A juicio del diputado PS, Jaime Naranjo, quien fue uno de legisladores que asumió en 1990, hay semejanzas con esa etapa. “El clima de adversidad que se generó en la campaña presidencial es equivalente al que vivimos el 89, donde a través de una campaña del terror, se quería sentar dudas del Chile que vendría. Hay una comparación clara”, dice y añade que, para muchos de su sector, José Antonio Kast representaba también un regreso a la dictadura de Augusto Pinochet.

Naranjo agrega que entre los políticos “hoy comienzan a tranquilizarse las aguas y veo un ambiente más de diálogo, pero obviamente hay que esperar el ingreso de los nuevos parlamentarios”.

Si bien el senador UDI Juan Antonio Coloma quien fue uno de los protagonistas del acuerdo Guzmán-Valdés del 90, es cauto con el desarrollo de los acontecimientos, señala que uno de los activos de Chile es que “el espíritu republicano renace después de cada cambio de mando”. “Hay una clima positivo, que si bien se ha dado al final de otras campañas, el momento actual venía precedido de un ambiente muy tenso. En esa línea se nota más el contraste. ¿Ahora, cuánto duran estas lunas de miel? depende de los gobiernos. Hasta ahora el país está más orientado hacia una lógica de entendimientos que de enfrentamientos”, comenta el senador gremialista.

Efectivamente, el contraste es lo que más llama la atención. De hecho, hace solo cinco semanas atrás la mayoría de oposición aún promovía una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera por sus eventuales vínculos en la venta del proyecto minero Dominga.

No obstante, el 19 de diciembre hubo dos gestos que terminaron de golpe con el ambiente de polarización que se había profundizado en la segunda vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Uno de esos hechos fue el reconocimiento temprano de la derrota por parte de Kast, a pesar de que sus partidarios habían sugerido antes de la elección que la definición presidencial -de ser estrecha- podría terminar en tribunales electorales. Ese gesto luego fue reforzado por la visita que le hizo el líder del Partido Republicano a Boric.

El segundo episodio de esa noche fue la videollamada que hizo Piñera al ganador. A pesar de que el diputado magallánico había advertido que en una eventual administración suya perseguirán las responsabilidades políticas y judiciales del actual Presidente por las violaciones a los derechos humanos ocurridos tras el estallido social, la conversación fue cordial. Incluso Piñera, en su estilo, bromeó y le sugirió que se sacara una foto antes de asumir para que se comparara cuando salga de La Moneda.

Los gestos republicanos continuaron el lunes. El mandatario electo fue a La Moneda a reunirse con el gobernante saliente, a pesar de que hasta el sábado en la tarde en el comando de Apruebo Dignidad había dudas sobre la pertinencia de realizar esa cita que se convirtió en una tradición de gobiernos democráticos desde 1990.

En el Congreso, por su parte, ese mismo lunes en la tarde, la bancada UDI hizo un sorpresivo gesto. El diputado Juan Antonio Coloma tomó la palabra en la Sala y propuso que la corporación le concediera a Boric un permiso especial para ausentarse, ya que era la primera vez en la historia chilena que un diputado saltaba directo a La Moneda.

Al día siguiente el presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN), llamó al presidente electo para proponerle una fórmula: que se registre su inasistencia, pero sin aplicarle la respectiva multa (del orden $ 70 mil por cada sesión) dada la justificación por su nuevo rol de Estado.

Luego, el miércoles, se aprobó en la Comisión de Hacienda el primer proyecto del gobierno de la pensión garantizada universal, con voto unánime, avance que hasta hace un par de meses era impensado.

Si bien legisladores del oficialismo y la oposición creen que esta reforma de pensiones será despachada en enero, algunos creen que puede dar pie para un cambio previsional mayor.

En el gobierno, en tanto, son cautos, a pesar de que valoran que esta “luna de miel” les puede ayudar a cerrar el mandato con un hito legislativo como la pensión básica. Si bien dicen que hay disposición de buscar más acuerdos, creen que que el problema está en el equipo de Boric, donde aparentemente no hay unanimidad respecto de cómo abordarán la reforma previsional.

Otro hito, en este sentido, es la negociación del Senado para conformar la mesa de la corporación y las comisiones. Al igual que el acuerdo Guzmán-Valdés, las fuerzas de la centroizquierda-izquierda y la derecha-centroderecha se repartirán los principales cargos de la Cámara Alta. La diferencia es que durante dos años la presidencia del Senado será ejercida por la UDI y RN, mientras que los otros dos, corresponderán a senadores del actual bloque opositor.