Cómo funciona, cuánto se gasta y qué contempla el programa de testigos protegidos de la Fiscalía

Testigos protegidos. Esa es la denominación que durante los últimos días el Ministerio Público ha debido explicar con precisión luego de que un reportaje periodístico diera cuenta de que tres personas en esa calidad habían sido asesinadas.

Pese a que fue la propia Fiscalía Nacional la que desmintió que esas personas se mantuvieran con medidas de protección, el debate quedó planteado, dada la serie de condiciones que implica tener ese estatus. Se cuestionó, de hecho, cómo se aplica realmente el resguardo de aquellas personas que ostentan esa posición ante el incremento de los delitos en el país, sobre todo del crimen organizado.

El sistema de testigos protegidos depende íntegramente del Ministerio Público, específicamente de la División de Víctimas y Testigos de dicho organismo. Esa repartición de la Fiscalía Nacional, según da cuenta su informe presupuestario de este año, para el 2024 contempla $5.478.839.000 -9,7% más que 2023- para tomar medidas que protejan y apoyen a las víctimas y testigos de diversos delitos.

Pero esa unidad de la Fiscalía -según el mismo informe- establece dos categorías para entregar las “prestaciones” a las cuales están sujetas tanto víctimas como testigos: protección y apoyo.

Consultado al respecto, desde la mencionada división explicaron que “dependiendo de las necesidades de apoyo o de protección del testigo, pueden recibir del Ministerio Público distintas prestaciones, por ejemplo, apoyo y/o financiamiento para traslado a la audiencia en que prestará declaración”.

En el caso de la protección, “tienen distintos niveles de intensidad dependiendo del riesgo al cual está sujeto. Por ejemplo, rondas periódicas de carabineros y hasta cambio de identidad y reubicación en los casos más graves”.

Según la definición, las prestaciones de protección se entregan a “aquellas víctimas, testigos y peritos que se encuentran en situación de riesgo por ser, o haber sido, objeto de intimidación, amenazas o atentados”. Aplica para personas vinculadas a delitos como los de violencia intrafamiliar, haber realizado una declaración o denuncia bajo ese contexto; niños, niñas y adolescentes víctimas de algún delito de connotación sexual; así como también aquellos que se encuentran en etapa de juicio oral o bien vinculados a “delitos complejos”, como el crimen organizado.

Hasta el 31 de marzo, según un informe presupuestario al que tuvo acceso La Tercera, se han gastado $872 millones destinados a entregar 22.285 prestaciones de protección y apoyo de las víctimas y testigos por parte del Ministerio Público. De ese total, el 65,9% -$590 millones- se ha empleado en prestaciones de protección, mientras que otros $282 millones para labores de apoyo, como la atención psicológica.

Pero ¿qué implica ser un testigo protegido? Desde la División de Víctimas y Testigos del Ministerio Público definen al testigo protegido como aquel que está “sujeto a una medida de protección de mayor intensidad, dado que existe un riesgo excepcional en su contra, entendido como un grave riesgo a su vida o integridad física”.

Y es que precisamente en el programa los testigos bajo protección del Ministerio Público pueden acceder a múltiples asistencias que entrega la institución. Incluye que puedan ser trasladados desde donde residen -incluso fuera del país-, así como también el acceso a elementos de seguridad, asistencia social y médica, al pago de los gastos de alojamiento y alimentación.

“Las prestaciones son múltiples y variadas, y responden a un análisis de un equipo multidisciplinario que analiza caso a caso. Pueden variar desde resguardo de identidad durante proceso penal tanto en la etapa investigativa como durante el juicio oral; reubicación temporal o permanente; medidas de seguridad personales y domiciliaria; protección especial de las policías, entre otras”, explican desde la Fiscalía Nacional.

De todas esas categorías, en lo que va de este 2024 la Fiscalía ha destinado la mayor cantidad de fondos a elementos de seguridad de los testigos. En este ítem se han invertido $331 millones en pago de teléfonos, asistencia en línea o remota, alarmas personales, así como también la instalación de elementos de seguridad en las viviendas, como por ejemplo el reforzamiento de puertas y ventanas, además de sistemas de monitoreo por alarmas.

La segunda categoría en la que más recursos para protección de testigos se han destinado es precisamente en la reubicación, ya sea temporal o definitivo, de estas personas. En este apartado hasta marzo pasado se han gastado $174 millones en aportes mensuales a los testigos, arriendo de casas, traslado de bienes muebles, traslado de personas, ya sea en territorio nacional como internacional, en un caso.

Dichos recursos consideran que durante el primer trimestre del año la Fiscalía ha entregado 14.602 servicios de protección; de estas, 12.511 corresponden a elementos de seguridad personal de los testigos y en 534 casos de sus viviendas. Además, se contemplan 415 reubicaciones, 283 de tipo temporal, 131 definitivas a nivel nacional y un caso a nivel internacional. Por otro lado, también se ha pagado el traslado en 727 casos, 707 por medios terrestres.

El resto de los gastos ha correspondido a pagos médicos, de alimentación, así como también de pasajes aéreos o terrestres.

El informe presupuestario de la Fiscalía Nacional también expone detalles de cómo se entregan las prestaciones a los testigos protegidos a lo largo del país. A nivel regional, la Región de Tarapacá es donde más recursos se han gastado, con $57 millones, para la protección de quienes colaboran con las investigaciones, donde la mayoría de los montos fueron invertidos, hasta marzo de este año, en elementos de seguridad de la vivienda de estas personas, seguido de la reubicación de estos.

Le sigue la jurisdicción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, con $54 millones, donde, al igual que el resto del país, la mayoría de los recursos están destinados en elementos de seguridad de los testigos protegidos.

La destinación de recursos al programa de víctimas y testigos de la Fiscalía Nacional es, precisamente, lo que debe ser parte de la reforma al Ministerio Público, así lo señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá, este miércoles. La titular de gobierno aseguró que “hoy día hay en discusión en el Parlamento una ley de fortalecimiento de la Fiscalía que va a significar recursos adicionales, donde las prioridades han sido conversadas con ellos”.