Con cuatro mujeres y un millonario presupuesto: INDH pone en marcha Mecanismo contra la Tortura

Será un organismo autónomo, con un presupuesto que alcanzará los $1.067 millones de pesos en su tercer año funcionamiento y que será clave en el marco del estallido social que la pandemia por coronavirus tiene en pausa.

Este lunes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos eligió a cuatro de los siete expertos que encabezarán el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, una figura exigida por la ONU, cuya puesta en marcha estaba pendiente.

En base a una terna entregada por el Sistema de Alta Dirección Pública fueron elegidas: la abogada Isabel Madariaga, la doctora en Historia Ana María Stuven, la experta en derecho penitencia y académica de la Universidad San Sebastián Alejandra Díaz y la médico familiar adulto de la UC Javiera Canessa .

Como en todas las decisiones INDH, fue ampliamente debatido el perfil y trayectoria de los postulantes a encabezar la nueva entidad autónoma del INDH.

Hay que recordar que los 11 integrantes del consejo directivo del INDH están divididos en una mayoría de 6 integrantes que respalda la gestión de Sergio Micco y una minoría crítica. El abogado Carlos Frontaura, exasesor de la Fundación Jaime Guzmán; Sebastián Donoso, designado por el Presidente Sebastián Piñera; el exdiputado DC Eduardo Saffirio y el ingeniero cercano a RN Cristián Pertuzé, se cuentan en el primer grupo; mientras que Salvador Millaleo, Debbie Guerra, Yerko Ljubetic, Consuelo Contreras y Margarita Romero están más lejos de la gestión del exdirigente DC.

De cara a la decisión del lunes hubo consenso en que el área de Derechos Humanos la mejor carta de la terna presentada era Isabel Madariaga, excoordinadora de la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Más debate hubo frente al resto de los seleccionados.

En la elección de la historiadora Ana María Stuven pesó su basta experiencia en realidad penitenciaria. Tras el inicio de la pandemia, la profesional y presidenta de la Corporación Abriendo Puertas abogó públicamente a través de una serie de cartas en El Mercurio la necesidad de descongestionar las cárceles para evitar brotes de coronavirus. Una postura que la llevó a enfrentarse con el economista Klaus Schmidt Hebbel.

Ademas de académica de la Universidad San Sebastián, la abogada Alejandra Díaz trabajó en el Ministerio de Justicia y tiene un doctorado en criminología en la Universidad de Leeds.

La profesional más joven del grupo es la doctora Isabel Canessa (33), quien hoy se desempeña en un consultorio en La Pintana.

El Mecanismo de Prevención de la Tortura implicará una reestructuración de las funciones del INDH que hoy en la práctica ejerce la labor de mediador ante casos de tortura.

Según la ley le corresponderá: “Examinar periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad y el trato que reciben; realizar visitas periódicas preventivas no programadas y de monitoreo a los lugares de privación de libertad que determine libremente; realizar visitas ad hoc, sin previo aviso, ante denuncias específicas de hechos que pudieran constituir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes...”

Además, podrá “requerir información relativa al número de personas privadas de libertad, a la ficha clínica de las personas privadas de libertad previo consentimiento de éstas o sin él cuando se trate de personas que estén impedidas de otorgarlo, y a todas las condiciones asociadas a la privación de libertad, para lo cual podrá acceder a documentos, fotografías, registros de las cámaras de video, entre otras, que obren en poder del personal de los lugares de privación de libertad”.

.La labor de la nueva entidad autónoma y vinculada al INDH será la de dialogar. Quedará en el INDH la facultad de iniciar acciones legales.

La ley, no obstante, establece una “excepción de denuncia". El texto detalla que: “en el desarrollo de sus visitas preventivas y con el propósito de resguardar los fines del Comité de Prevención contra la Tortura, los expertos y su personal de apoyo no estarán obligados a denunciar los crímenes o simples delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, los expertos y el personal de apoyo deberán denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que revistan riesgo vital para las personas privadas de libertad o sean víctimas de algunos de los actos definidos como tortura en la letra a) del artículo 2, sin perjuicio de remitir los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

En la creación legal del INDH se contempló una entrada en vigencia gradual para el Mecanismo de Prevención de la Tortura que contará con oficinas propias.

Según un informe de la Dirección de Presupuesto de 2017, en el primer año de funcionamiento el órgano contaría con un presupuesto de 572 millones; 781 el segundo y 1.067 millones al tercer año de funcionamiento, de los cuales 242 millones sería para la contratación de personal de apoyo.