Crisis de seguridad: el test electoral que inquieta al oficialismo y que detonó críticas a La Moneda por su “reacción tardía”

Para varios en el Socialismo Democrático, las vocerías que ha encabezado el gobierno del Presidente Gabriel Boric ante la seguidilla de asesinatos en la Región Metropolitana han sido difíciles de ver.

En la coalición -que agrupa al Partido Socialista, el Partido por la Democracia, los liberales y los radicales- no esconden su disconformidad ante la forma en que el Ejecutivo ha abordado la crisis de seguridad, y son varios los que -de forma pública- han hecho ver que la respuesta de La Moneda ante la crisis, que tuvo como clímax los homicidios de Lampa, ha sido tardía e ineficaz.

Detrás de ese descontento hay otro factor que en el oficialismo sopesan, pero que para algunos es incómodo asumir. A 101 días de las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales, para distintos dirigentes de la coalición se ha hecho inevitable pensar que el descontrol de La Moneda ante la crisis de seguridad podría golpearlos en los comicios. “Puede haber un castigo electoral simplemente porque la seguridad pública no está garantizada y la responsabilidad siempre es de los gobiernos, antes y ahora”, reconoce el senador Juan Luis Castro (PS).

Coincide con él el senador Pedro Araya, del PDD, quien planteó que “sin duda que si el gobierno no logra controlar la agenda de seguridad esto puede tener un impacto electoral importante, ya que se puede traducir en un voto de castigo para la coalición gobernante”.

“Claramente, si no hay medidas concretas, efectivas, el tema de la seguridad nos puede golpear fuertemente en lo electoral. No solamente en Santiago, sino que a lo largo del país”, sinceró el senador Fidel Espinoza, también militante socialista.

La postura de los senadores es algo expandido en la alianza de gobierno, pues sus dirigentes son conscientes de que la crisis de seguridad es algo que será utilizado por la oposición en tiempos de campaña para persuadir a la ciudadanía de votar por ese sector en desmedro de la izquierda y la centroizquierda.

Sin ir más lejos, ante los asesinatos en Lampa, Mario Desbordes, quien es el candidato de Chile Vamos por la alcaldía de Santiago, publicó en redes sociales: “Nueva masacre (...). Pero tranquilos, la ministra vocera nos dirá que estamos mejor que otros en el barrio. El subsecretario dirá que esto no se soluciona de un día a otro, pero no cuando anuncian plan de modernización de Carabineros (años detenido por esta administración), ni cómo cerrarán las fronteras al tráfico de armas o la migración ilegal”.

En esa línea, el diputado Marcos Ilabaca (PS) espera que “ningún sector trate de sacar un aprovechamiento político mezquino de una situación alarmante y trágica”. Junto con eso, él planteó que “no hay ninguna duda de que el proceso electoral que se avecina va a estar marcado por el tema de la seguridad pública. Allí no creo que vaya a afectar a uno u otro sector, va a afectar a toda la clase política lo que hoy día ocurre (...)”.

Más allá del factor electoral, lo cierto es que al interior del Socialismo Democrático se ha intensificado el malestar con el gobierno en las últimas horas.

Ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), anunció cinco medidas concretas para abordar la crisis, que van desde ampliar la labor de la PDI en fiscalizaciones a la población migrante hasta el reordenamientos de las tareas de las comisarías para lograr tener más efectivos policiales en las calles. En tanto, esta mañana el Presidente Boric adelantó la construcción de una cárcel de alta seguridad en la Región Metropolitana para líderes de bandas del crimen organizado y suspendió su gira a Francia, programada para la próxima semana. Sin embargo, eso no dejó satisfechos a los dirigentes de la coalición.

El senador Espinoza incluso ha pedido la salida del subsecretario Eduardo Vergara (Prevención del Delito, PPD). “Son respuestas tardías, que no vienen en nada a solucionar los problemas de seguridad que tiene nuestro país. Tardías y absolutamente insuficientes, desde mi punto de vista (...). Yo creo que no da más la permanencia de quien dirige la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre otras cosas. Se tienen que adoptar medidas fuertes, que demuestren que el gobierno quiere dar un giro en una materia de alta sensibilidad”.

“Los hechos avanzaron más rápido que las decisiones. Y, por tanto, la reacción aparece diferida”, complementó Castro.

En tanto, Araya agregó que “el gobierno tiene un problema de fondo, que es de carácter estructural: no tiene un diagnóstico claro de lo que está pasando con el fenómeno criminal en Chile. Eso lo lleva a tomar decisiones tardías, erróneas y poco efectivas para abordar el problema. En la práctica, estas medidas no van a solucionar nada y probablemente ni siquiera van a lograr contener el alza de la violencia que estamos teniendo, producto del crimen organizado. Mientras tengan ese error de diagnóstico, es muy difícil que puedan hacer una propuesta seria sobre cómo salir de esta crisis de seguridad. No nos podemos farrear lo que queda de administración del Presidente Boric”.

Por su parte, si bien considera que “van en la dirección correcta”, el diputado Raúl Soto (PPD) es de la idea de que las medidas anunciadas por el gobierno “tendrán efectos en el largo plazo”. En ese sentido, él enfatizó que “necesitamos medidas de shock, fuertes, en el corto plazo, dar una señal dura desde el Estado contra la delincuencia y el crimen organizado. Momentos excepcionales requieren medidas excepcionales, eso falta”.

Quien solicitó una “medida de shock” concreta fue el exministro del Interior José Miguel Insulza (PS), quien, ayer, en conversación con Radio Biobío, solicitó que se decrete estado de sitio en la Región Metropolitana, algo que fue descartado esta mañana por la ministra Tohá.

De todas formas, algunos en el Socialismo Democrático advierten que las críticas a La Moneda por el manejo de la crisis de seguridad deben hacerse con cautela, en consideración de que una de las -pocas- cartas que tiene el oficialismo para enfrentar las elecciones presidenciales del próximo año es justamente la ministra Tohá, quien es militante PPD.

Eso, sin embargo, es un elemento al que no responden quienes son partidarios de que la expresidenta Michelle Bachelet (PS) protagonice una tercera aventura presidencial. De hecho, es evidente que, dentro de la coalición, los más críticos de la respuesta del gobierno a esta crisis han sido militantes socialistas.

Pese a las críticas, institucionalmente los partidos han intentado mantenerse alineados con el gobierno. “Valoramos la labor del Ministerio del Interior en la coordinación interinstitucional y en la dictación de la política nacional contra el crimen organizado”, se lee en una declaración que emitió el miércoles la directiva del PS junto a sus bancadas parlamentarias.

Tanto así, que esta mañana el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que un estado de sitio correspondería a “una medida más”, aunque reconoció que no sería una que él propiciaría.