Cristián Riego, impulsor de la Reforma Procesal Penal: “Hay demasiada influencia política en la designación de los jueces, pero el Consejo de la Justicia la aumentará”

A Cristián Riego, director del departamento de Clínicas Jurídicas de la Universidad Diego Portales, lo que menos le preocupa es el cambio del nombre del Poder Judicial. “No me parece fundamental”, explica quien fuera jefe del equipo de abogados que trabajó en la Reforma Procesal Penal, y actual director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

Para Riego lo que es preocupante es el Consejo de la Justicia, entidad cuya creación ya fue aprobada en el pleno de la Convención Constitucional (CC) y que busca quitarle poder a la Corte Suprema, acortando los años de permanencia de los ministros y hasta creando una instancia de revisión “administrativa” del trabajo de los ministros.

Si al ex Presidente Ricardo Lagos esta revisión lo dejó “incómodo”, para Riego es “peligroso”. Más de una vez lo califica como “un desastre”.

¿Por qué tiene esta percepción tan crítica del Consejo de la Justicia?

Porque a pesar de que teóricamente dice que no se van a revisar sus fallos, esa revisión integral por parte de un Consejo integrado por representantes de los propios jueces y del Congreso, abre todas las oportunidades imaginables para presionar a los jueces y, sobre todo, a incentivarlos a que nunca vayan a realizar nada que pueda incomodar a un sector político.

Pero lo que han explicado los convencionales es que será una revisión administrativa, no se meterán en el fondo de los fallos...

Claro, no les van a decir que los sancionan por eso, pero todos sabemos que cuando uno se enemista con algún grupo, sobre todo si es un grupo poderoso, le pueden cobrar esa enemistad a través de excusas administrativas. Por ejemplo; que incumple horarios, que tiene desordenado el despacho, o cualquier otra cosa semejante puede servir para hacer pagar una manifestación de independencia respecto de algún grupo de poder.

¿Y eso no ocurre hoy, tomando en cuenta que los ministros de la Corte, si bien pasan por un proceso de selección en una quina, luego son nombrados por el Presidente y el Senado?

Sí y sabemos que algunos senadores vetan a candidatos porque han tenido alguna situación que los ha incomodado o molestado, que han fallado en contra de sus pretensiones. Por lo tanto, cualquier reforma debiera tender a superar eso: a que los políticos no puedan vetar a los jueces o sancionarlos por su comportamiento previo y, sin embargo, lo que estamos haciendo es manteniendo la misma posibilidad, pero ahora en un escenario nuevo, con este Consejo de la Justicia.

¿Sería un terreno más fértil para una eventual influencia de los grupos de poder hacia los jueces?

Yo creo que es peor y por varias razones. Hoy día, los políticos se involucran en la designación de los jueces, pero no en el ejercicio de las facultades disciplinarias, ni administrativas. En el nuevo modelo, los cinco representantes del Congreso que estarán en el Consejo sí estarán involucrados en la facultades administrativas, y aumentarán su poder de control sobre los jueces, no solo en la designación -que ya es malo-, sino también en estas otras materias.

¿Este modelo ha sido aplicado en otros países?

En los países más cercanos culturalmente a nosotros, como Argentina, España y en cierto punto Perú. En Argentina y en España los consejos han sido objeto de una permanente pelea política por el control del sistema judicial, entre los partidos políticos y grupos de influencia bastante politizados al interior de los propios jueces. La crisis es tan profunda que desde el año 2018 el Consejo General del Poder Judicial español se encuentra paralizado porque el Partido Popular -que es el que tienen más influencia en la designación de los jueces- se niega a renovarlo porque perdería la influencia que tiene con los antiguos miembros que pertenecían al Partido Popular, cuando estaba en el gobierno. Atención: no solo son influenciados los representantes políticos, sino también los jueces. O sea, hay jueces que responden a orientación ideológica del Partido Popular. Entonces, en España existe una crisis absoluta a raíz de la permanente lucha política por el control.

¿Y en Argentina?

Lo mismo. Lo que ocurrió allá fue que la señora Cristina Fernández de Kirchner, en su gobierno anterior, hizo una reforma para aumentar su control sobre el Consejo para la Magistratura y la Corte Suprema, que ahora declaró inconstitucional esa reforma para retener ellos el control. Esto dio vigencia -lo que es bastante irregular- a la antigua Ley del Consejo, donde el presidente de la Corte Suprema es también el presidente del Consejo, lo que está siendo cuestionado por el actual gobierno. Es decir, hay una pelea permanente entre la Corte Suprema y los distintos gobiernos por el control del sistema judicial, lo que deriva en una pérdida de legitimidad y confianza pública.

¿Ese escenario podría darse, cree usted, con el Consejo de la Justicia en Chile?

Es que los consejos en nuestro entorno cultural han mostrado ser una especie de escenario oficial. Es cierto que hoy existe mucha influencia de la política sobre la Justicia, y eso habría que superarlo, pero lo que se está haciendo con el Consejo es dándole a eso una patente de oficialidad. El Consejo será un espacio donde las carreras de los jueces, las sanciones de los jueces, las designaciones, los traslados, las cargas laborales y la revisión integral serán determinadas por los jueces organizados en grupos de influencia (de izquierda y derecha) y, además, sectores de la política. Ahí se producirá una negociación: a qué jueces nombramos, promovemos, sancionamos, a qué jueces los destinados a ciertos lugares, les asignamos cargas laborales. Eso es un desastre.

¿Por qué, si el escenario es tan catastrófico, se impulsó y se aprobó esta idea?

Están copiando esta idea de los consejos porque el gremio judicial está interesando en quitarle el poder a la Corte Suprema y asumirlo él. Si bien puede ser comprensible desde el punto de vista del interés gremial, va en desmedro del interés público. Los ciudadanos tenemos interés en que los jueces sean designados con métodos que no sean la negociación, que permitan evaluar el mérito, que permitan tener jueces independientes y muy imparciales e idóneos, y no quienes sean los más amigos de los propios magistrados y de los políticos. No quiero decir que lo que hoy hay sea bueno, porque hay demasiada influencia política en la designación de los jueces, pero con la creación del Consejo de la Justicia lo estamos aumentando.

¿Crees que hay desconocimiento de la materia por parte de los convencionales que votaron este artículo?

Yo creo que los convencionales recogen la opinión de la ciudadanía, que es muy crítica del sistema judicial, pero no hay un diagnóstico acabado, ni sólido, ni con propuestas. Entonces, para responder a este malestar se han buscado caminos, pero sin ideas bien pensadas, lo que ha tendido a copiar lo más cercano y escuchar a los gremios judiciales. Con estos, la Convención no está en condiciones de hacer una reforma, porque supondría convocar a mucha más gente, discutir, revisar más información. Lo que se debió hacer era manifestar el malestar -que yo creo que es real-, poner algunos principios generales en la Constitución y mandatar al legislador para encarar una reforma, pero con mucho más estudio y análisis. Se pusieron a hacer una reforma detallada que no requiere estar en la Constitución y con eso van a cometer un enorme error.

¿Cuándo la ciudadanía perdió la confianza en la Justicia?

Siempre ha habido una distancia con respecto a la confianza hacia justicia, pero el momento más crítico, sin duda, fueron los casos de financiamiento a la política, en que la clase política y empresarial consiguieron total impunidad frente a hechos que todo el mundo percibió como de gravísima corrupción, y esa impunidad la consiguieron interviniendo el Servicio de Impuestos Internos (SII). Ese fue el elemento fundamental y lograron que la culpa de esa impunidad recayera sobre la justicia y el Ministerio Público, que no digamos que fueron totalmente inocentes, pero su participación es menor, porque yo diría que fue una operación del mundo empresarial y político. El dolor, el escándalo que esa impunidad produjo en la ciudadanía es, sin duda, lo que generó más distanciamiento.

¿Crees que esa confianza sobre la justicia será aún mayor con el Consejo?

Sin duda. Si el Consejo se transforma en un espacio de negociación de las carreras de los jueces entre político y los representantes gremiales, esto va a ser un desastre.