Cristián Warner, ex secretario general del PRO hasta el año 2012, desde donde colaboró activamente con Marco Enríquez-Ominami durante sus dos campañas a la Presidencia, presentó un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

El pasado 16 de diciembre, el periodista, querellado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y formalizado por el Ministerio Público por la emisión de facturas ideológicamente falsas -en una de las aristas del caso SQM- presentó un requerimiento con el que busca declarar inconstitucional el artículo 97 N° 4 del Código Tributario.

Ello, pues este artículo establece la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de hasta 40 unidades tributarias anuales, y la Fiscalía lo invocó como sanción a delitos tributarios.

En caso de que sea rechazado el requerimiento por el TC, Warner no arriesga pena efectiva de cárcel. De hecho, puede ser condenado a una pena privativa, pero tendrá remisión condicional, ya que no tiene antecedentes anteriores y la pena solicitada por el Ministerio Público es menor a cinco años.

En efecto, las penas solicitadas por el Ministerio Público en contra de Warner son de 4 años de presidio menor en su grado máximo; una multa de 100% del valor del supuesto tributo eludido; una multa 20 UTA (poco más de $12 millones) y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

La presentación del empresario consignó que en caso de ser aplicado dicho artículo sería “total y completamente contrario a la Constitución Política de la República”. Warner es representado por los abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz y Carola Cotroneo del estudio RCZ Abogados.

Se trata de un total de 73 boletas emitidas por Cristián Warner Comunicaciones, Publicidad y Marketing E.I.R.L. Cono Sur Research y Cepe S.A. Todas ellas de propiedad del empresario, cuyos servicios supuestamente nunca habría realizado y que luego habrían sido facilitadas a una serie de sociedades. Entre ellas: Agrícola OGT Limitada; Cencosud Retail; SW Consulting S.A.; Inmobiliaria El Peñón S.A. y la brasileña Constructora OAS Limitada, investigada por corrupción.

“La aplicación del inciso final del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, incide de forma decisiva en la resolución del asunto, trayendo consigo efectos inconstitucionales, ya que mi representado puede ser sentenciado y condenado criminalmente por parte del Tribunal Oral en lo Penal respectivo, a una pena privativa de libertad total y completamente desproporcionada”, explicó la defensa de Warner en su presentación.

Por lo mismo, -al parecer de Warner y sus abogados- la aplicación del cuestionado artículo es inconstitucional por afectar el “principio de proporcionalidad”, ya que eventualmente las resoluciones y sentencias podrían ser apeladas por la Corte de Apelaciones de Santiago o por la Corte Suprema.

El litigio acumula más de cinco años y el próximo 15 de febrero se cumplirán seis años desde que comenzara su investigación. Se trata del caso de más larga duración desde la puesta en marcha de la Reforma del Sistema Procesal Penal. De hecho, a la fecha aún no se ha realizado siquiera la audiencia de preparación de juicio oral.

Por otro lado, el caso ha generado un lío de competencias en tribunales. En efecto, el Ministerio Público busca agrupar los juicios en uno solo, incluyendo a Wagner con el caso del ex ministro y senador Pablo Longueria, por ejemplo, pero sus defensas se muestran contrarios a dicha medida, pues aseguran que una unificación no daría plena certeza a un debido proceso.

El próximo 21 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago dará a conocer si acoge o rechaza la petición de la Fiscalía.

La arremetida ante el Tribunal Constitucional de Warner ocurre luego de que el 20 de octubre pasado se llevara a cabo la audiencia de preparación de juicio oral. Esto en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

La indagatoria se remonta al año 2015, y es conocida públicamente como una de las aristas del caso SQM, donde se indagó a una multiplicidad de personas por, principalmente, la comisión de delitos tributarios asociados al supuesto financiamiento irregular de la actividad política.

El 22 de septiembre de 2015 el Servicios de Impuestos Internos presentó la primera de las tres querellas que acumula en su contra Cristián Warner. La primera fue por la emisión de boletas a SQM Salar S.A. entre los meses de marzo de 2011 y diciembre de 2013.

Posteriormente, el 17 de abril de 2017, el SII interpuso una nueva querella. Ello en un proceso de recopilación de antecedentes y aquí el servicio estableció que durante los años tributarios 2013 y 2014, la sociedad Cono Sur Research habría registrado indebidamente en su contabilidad, como gastos necesarios para producir la renta, 15 boletas de honorarios falsas.

Posteriormente, durante enero de 2013 a agosto de 2014 la misma sociedad habría emitido 16 facturas falsas, por servicios que supuestamente nunca habría realizado. Aquí figuran las facturas que facilitó Warner a Constructora OAS, Cencosud Retail y Agrícola OGF Limitada.

Por otro lado, la sociedad Cepe S.A. -también de propiedad de Warner- durante los años tributarios 2015 y 2016, habría registrado indebidamente en su contabilidad como gastos necesarios para producir renta, 4 boletas de honorarios falsas, por servicios que jamás se habrían realizado.

Durante los períodos comerciales de septiembre de 2013 a agosto de 2014, esta misma sociedad habría emitido 3 facturas falsas, luego facilitadas por Warner a SW Consulting e Inmobiliaria El Peñón S.A., por servicios que, supuestamente, nunca habría realizado.