Este lunes se espera que esté lista la reforma constitucional que habilitará el paso a un nuevo proceso constituyente con la creación del Consejo Constitucional. Los abogados designados se encuentran trabajando en la redacción de la moción, la cual se pretende que dé algunas luces sobre una de las incógnitas que quedaron sobre la mesa: ¿cuánto podría llegar a costar el nuevo proceso constituyente?

Una de las principales críticas que tuvo la pasada Convención Constitucional fue el desembolso de dinero que implicó para el Estado. Dicho proceso tuvo un costo superior a los $ 22 mil millones en total, incluyendo desde los sueldos que recibieron los convencionales, sus asignaciones, hasta otros gastos operacionales y administrativos de la Convención. Esa cifra no toma en cuenta el valor del plebiscito de entrada ni de la elección de convencionales.

Sin embargo, para este proceso 2.0 entre los partidos cunde la intención de que sea más austero, particularmente debido a las diferencias que habrá entre la Convención y el Consejo Constitucional que se constituirá esta vez. Si la vez anterior el proceso duró en total 12 meses, ahora se espera que se extienda por 5 meses, sin considerar la redacción previa del anteproyecto que deberá elaborar la comisión de expertos.

Otro factor que influirá es el de la cantidad de redactores. Si en la pasada Convención eran 155, ahora son 50. En el proceso anterior la reforma al Capítulo XV de la Constitución estableció que cada constituyente tenía un sueldo de 50 UTM, es decir, más de $ 2,5 millones al mes.

Para el proceso actual no se ha fijado la remuneración. Mientras algunos piensan que debiera mantenerse ese sueldo, otros plantean que el sueldo debiera ser equivalente a los $ 7.012.388 brutos que gana un parlamentario.

En el caso de los 24 expertos, si bien en un principio el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL), habló de que no recibirían remuneración, posterior a ello se generó un consenso entre los sectores políticos -incluyendo al Presidente Gabriel Boric- de que a estos expertos se les pague. En todo caso, algunos creen que se podrían ahorrar en remuneraciones si no se establece la dedicación exclusiva a la labor de redactores, y se permita que éstos puedan tener otro trabajo. Ayer en radio Duna el presidente de la UDI, Javier Macaya, opinó que no debiera haber dedicación exclusiva.

Algunos costos que se podrían ahorrar son los relativos a la instalación del órgano constituyente. Existe consenso en que se debería volver a ocupar la sede del Congreso Nacional en Santiago, donde funcionó la Convención, a fin de ahorrar dinero en preparar el lugar. En esa oportunidad se usaron $ 854.661.000 para habilitar el ex Congreso y también el Palacio Pereira que sirvió para lugares de encuentro.

También existe consenso de que se podrían reducir las asignaciones para los redactores, lo que implicaría una disminución en el gasto de personal y asesores. “Nos la vamos a jugar para que no haya asesores y que los expertos funcionen con sus propias capacidades”, dijo el miércoles el diputado de RN y uno de los articuladores del acuerdo, Diego Schalper.

En la Convención los constituyentes tenían varios asesores, entre periodistas, abogados y otros, lo que implicaba asignaciones de más de $ 4 millones por mes para cada convencional. Bajo el ítem de gasto de personal se utilizaron $ 5.867.849.000 en la Convención.

El exsubsecretario de la Segpres que fue uno de los encargados de la instalación de la Convención, Máximo Pavez (UDI), dice que “hay cosas de la Convención pasada que ahora no se tienen que volver a repetir, como por ejemplo que los consejeros sean una especie de parlamentario. Algunos convencionales contrataban periodistas, asesores territoriales, algunos oficinas y eso debiera estar prohibido en este proceso”.

En ese sentido, cree que “el convencional debiera tener como asesores a la comisión de expertos. Eventualmente tiene que haber una asesoría institucional, el secretario, la Biblioteca del Congreso Nacional, comisiones de servicio de la Cámara de Diputados y el Senado, y eventualmente alguna asignación mínima para un asistente, que no tiene que ser necesariamente un asesor legislativo”.

De ahí que algunos creen que se podrían reducir costos de viajes a las regiones que representa cada consejero, lo que emula las semanas distritales de los parlamentarios.

Además, otro gasto que se podría cortar es lo relativo a la transmisión del proceso constituyente. En el primer semestre del 2021 el gobierno abrió una licitación por $ 850 millones para el streaming, la cual finalmente fue adjudicada a un proveedor externo y fue aumentando de valor. A juicio de Pavez, se podría usar al canal del Senado y de la Cámara de Diputados para la transmisión.

Otros creen que se podrían cortar algunos gastos extraordinarios que tuvo la Convención, como la consulta indígena, que salió $ 269.349.844, viajes a Antofagasta y Biobío para celebrar sesiones, la impresión de 900 mil borradores de la nueva Constitución y eventos como la ceremonia de apertura y la de clausura, los cuales Pavez dice que costaron aproximadamente $ 250 millones cada uno. En solo diez meses de la Convención pasada se gastaron $ 3.952.465.000 en “bienes y servicios de consumo” y $ 1.763.821.000 en actividades de participación ciudadana y difusión.

“Debe ser un proceso austero, entendiendo también que el gasto público en el proceso constituyente es una inversión en estabilidad institucional y democrática. Debe existir remuneración a expertos y expertas, a los consejeros y sus equipos y deberemos establecer, junto al gobierno, dicho gasto”, dice el diputado Diego Ibáñez (CS), uno de los articuladores del acuerdo.

Mientras que otro articulador, el diputado Guillermo Ramírez (UDI), sostiene que “tendremos menos de la mitad de los convencionales, con menos de la mitad del tiempo de trabajo y sin asesores. El ahorro será cuantioso. Además, la austeridad será notoria, no solamente en lo referido al gasto, sino que también en el debate y en el texto final, que será más breve”.

Otra de las interrogantes que se hacen en el mundo político es qué dinero de repartición pública se usará para financiar al nuevo órgano constituyente. En eso existe un debate abierto entre los sectores políticos. El miércoles, Schalper dijo que “nos la vamos a jugar para que esos fondos salgan del Congreso y, por lo tanto, no impliquen un gasto adicional”.

Pero desde el gobierno piensan distinto, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo ese mismo día que ese dinero podría ir “dentro de lo que es la provisión para financiamientos comprometidos del tesoro público en la ley de presupuesto, que permite generar recursos para financiar esta instancia”.

Según la ley de presupuesto del 2023, dicho monto alcanza los $ 2.208.659.127.000, los cuales se usan a libre disposición para gastos no especificados en el presupuesto y que pudieran ser extraordinarios.