“¡Vecinas y vecinos de Peñaflor y Malloco, estamos hoy día en la huelga nacional convocada por Unidad Social (...) En Ukamau solidarizamos completamente con los compañeros de Lo Hermida en Peñalolén, estas barricadas son por ellos y no puede ser que el gobierno nos siga reprimiendo. Estamos con ustedes los pobladores del Ukamau. Arriba las y los que luchan!”.

El registro es del 12 de noviembre de 2019 y fue subido a redes sociales por la futura delegada provincial de Talagante -designada por la administración entrante-, Stephanie Duarte Moreno (Comunes).

Una vez que se confirmó su nombre en el cargo, los videos de la dirigenta de Ukamau en distintas movilizaciones en contexto del estallido social -uno de ellos con una barricada de fondo- se viralizaron a la par con las críticas desde la oposición al nuevo gobierno.

Y es que una de las críticas a la futura autoridad y excandidata a concejala por Peñaflor -en su nuevo rol- es que deberá formar parte del consejo regional de seguridad pública interior, presidido por la delegada presidencial regional, Constanza Martínez (Convergencia Social), el cual tiene el rol de la coordinación del orden público y podrá convocar a las policías si se estima necesario.

Consultada la presidenta de Comunes, Ka Quiroz -partido en el que milita Duarte- ratifica a la dirigenta y señala que “nosotras respaldamos el nombramiento de todos nuestros militantes, están con el apoyo del partido y han sido validadas por nosotras”.

En privado, si bien los dirigentes de los partidos de gobierno que forman parte de la nueva administración bajan el perfil al hecho en particular de la delegada de Talagante, coinciden en que debió existir una selección más “cuidadosa” de la nómina final de estos nombramientos en particular, alejándose de criterios de “cuoteo político”, arista en la cual también han existido molestias al interior de los partidos.

Sin embargo, y como en todas las designaciones previas, la empresa de análisis de datos Unholster ha revisado los nombres escogidos, acción que se replicará también para las seremías.

El ruido que ha generado el nombramiento de una de las líderes de Ukamau, también se ha replicado en al menos otras tres designaciones regionales.

En el caso de Constanza Martínez, futura delegada presidencial de la Región Metropolitana, las críticas opositoras han apuntado a comentarios hechos por la abogada en redes sociales. En 2018, y en el contexto del fallo del Tribunal Constitucional que a fines de marzo de ese año declaró inconstitucional la prohibición del lucro en la educación superior, Martínez tuiteó: “Si quiero prenderle fuego a algo, que sea a la Iglesia y a la Constitución de Pinochet #TC #lucro”.

Tras su nombramiento, el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, retrucó, citando la publicación de la designada delegada, “la violencia nunca es camino aceptable en democracia. La nueva delegada presidencial de la Región Metropolitana tiene que afirmar su compromiso irrestricto con el Estado de Derecho”.

En ese intercambio, desde el gobierno se optó porque Martínez aclarara el contexto de su publicación en la misma red social, aludiendo a la cita de una canción. “Ese viejo tuit mío es la cita a letra de una canción q tuitié sin contexto ¿Significa eso q no creo en una RM justa y ordenada? Por supuesto q no. Al contrario. Así q a dejar polémicas inventadas y, con humildad y trabajo, a construir la Región q soñamos y en donde tod@s cabemos” (sic), explicó la abogada.

Las críticas a la selección de autoridades no solo viene de la futura oposición al futuro gobierno de Gabriel Boric. En los partidos de Apruebo Dignidad también existe escozor frente a nombres como el de Fabio López (PPD) en la región de O´Higgins.

Las primeras críticas al exadministrador de la Municipalidad de Rengo -y exdirectivo del Servicio de Salud de la región durante el actual gobierno- las hicieron llegar los gremios de la salud de la zona, quienes explican que en su calidad de director subrogante del servicio, tuvo poca disponibilidad para recibir a los sindicatos durante su gestión, además de una “mala gestión” en la resolución de listas de espera.

Con esos antecedentes, dentro de los partidos y movimientos de Apruebo Dignidad también ha circulado una misiva -firmada por RD, FRVS, Fuerza Común, CS, UNIR y Comunes- cuestionando el nombramiento de López.

“Durante su dirección se cometieron irregularidades en la contratación de servicios con dineros fiscales, lo que generó un déficit presupuestario significativo (...) La división jurídica del Minsal propuso que se inicien sumarios administrativos en el Servicio de Salud de O’Higgins, incluyendo a Fabio López. Esta nominación pone en peligro la credibilidad del gobierno y la confianza de las organizaciones sociales y gremiales que se sumaron durante la campaña”, afirman en el escrito.

Consultado por La Tercera PM, López apunta que “la molestia no la entiendo, ejercí como director subrogante durante este gobierno y la molestia que plantean no la comparto para nada (...) Ese sumario está abierto, no es dirigido a alguien en particular”. Así, señala que tiene el total respaldo por parte de su partido.

En Tarapacá, por otro lado, el diputado UDI por la región, Renzo Trisotti, calificó a la nueva autoridad regional, Daniel Quinteros, como el “delegado de los migrantes”.

“Se nombró al delegado de los migrantes, esperaba alguien con más empatía con los tarapaqueños y no a un defensor de la migración clandestina y opositor de expulsiones. Espero entienda su nuevo rol y que le vaya bien”, comentó.

Quinteros, académico, ha investigado la relación entre criminalidad y migración. A fines del 2020, en entrevista con una radio, señaló que “la proporción de extranjeros que está detenida o enfrentada a un proceso criminal es muy menor a la de chilenos que ha cometido algún delito. Es claro que no existe ese nexo, pero se insiste en ello porque la imagen permite legitimar una serie de políticas que son -igual que del mercado de la droga- cortoplacistas y apelan a la emocionalidad. Así movilizan, ya sea a favor o en contra, un debate”.