Defensa da 15 días a Fuerzas Armadas para entregar propuesta de cambio de reglamento de viajes en medio de investigación al Ejército

El 21 de septiembre, el ministerio de Defensa dio a las tres ramas de las Fuerzas Armadas una orden perentoria: entregar, en el plazo de 15 días a contar de esa fecha, las propuestas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para mejorar los mecanismos de fiscalización de los departamentos que autorizan y financian los viajes al extranjero que realizan los funcionarios de las diferentes entidades.

La exigencia, que fue confirmada a La Tercera PM por el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, busca establecer normativas más estrictas y se da en medio de la preocupación que existe en el Ejecutivo por la investigación que sigue adelante la jueza Romy Rutherford por la investigación del millonario fraude en el Ejército con fondos relacionados con la Ley Reservada del Cobre.

"Efectivamente por instrucción del ministro Alberto Espina hemos solicitado propuestas de actualización del reglamentos de pasajes y fletes que data de 1981 y que en nuestra opinión requiere ser modernizado", sentenció Galli.

Como es sabido, en la matriz del fraude a la ley del cobre, han surgido distintas aristas y una de ellas es el llamado "caso viáticos" en que se indaga a cuatro empresas de turismo y a quienes estuvieron en misiones en el extranjero desde 2009 a 2015. En un inicio, el ministro Alberto Espina había anunciado que se realizaría un amplio sumario al respecto, pero finalmente se optó por no concretar este procedimiento, que podría chocar con la investigación militar a cargo de Rutherford y la civil que sigue la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Lo que sí se hará es mejorar la fiscalización para evitar nuevas irregularidades y, por lo mismo, se pidió insumos a las instituciones.

Todo ello, tras los avances de la ministra de la Justicia Militar que ha corroborado que hasta el 2015, cuando se cambió el mecanismo de adquisiciones, el Ejército compraba pasajes para sus oficiales en comisiones de servicio al extranjero por un monto fijo dependiendo del grado. Una vez facturada la compra, el oficial que viajaba se contactaba con la empresa de turismo. Si los pasajes resultaban ser más baratos, se modificaba la ruta y se hacían escalas en Cancún u Orlando (paseos a Disney; se compraban tickets para terceros o se le devolvía al militar lo sobrante a través de un depósito en su cuenta corriente mediante el rótulo "exceso de equipaje".

En esta indagatoria, declaró el 12 de septiembre en calidad de inculpado, como reveló La Tercera, el general del Ejército, John Griffiths, segundo hombre al mando de la institución uniformada, y jefe del Estado Mayor General.

La información recopilada por este medio con fuentes que están al tanto de la investigación de Rutherford apuntan a que se revisa su comisión de servicio a Estados Unidos en calidad de secretario de la misión militar de Chile, desde enero de 2012. El periplo lo inició como coronel y retornó como General. Pues bien, Griffiths, por razones familiares –sus hijos debían retomar estudios- él pagó de su bolsillo los pasajes de regreso de toda su familia y posteriormente pidió el reembolso. El Ejército fijó el monto en 29 mil dólares, los que no necesariamente calzan con el gasto efectuado. En cualquier caso, en su situación particular no hay escalas en Punta Cana ni nada parecido.

En Defensa, lo de Griffiths es mirado con cautela, ya que se trata de un militar respetado en las filas y considerado como parte de la intelectualidad castrense. También recalcan que a diferencia de la causa madre, donde hay dolo, acá se estaría más bien ante una negligencia institucional que fue solucionada hace tres años al establecer la compra directa de pasajes.

La Tercera PM consultó formalmente al Ejército respecto del caso de Griffiths, pero desde la entidad declinaron referirse al tema al tratarse de una investigación abierta y una situación personal.

En la arista civil, en tanto, el fiscal Centro Norte, José Morales, recibió a fines de agosto desde la Subsecretaría para las Fuerzas Armada del Ministerio de Defensa, el listado de los 1.800 funcionarios militares que realizaron viajes en comisiones de servicios desde 2009 hasta 2015. El Ministerio Público estaría abocado a cruzar antecedentes con los datos recabados desde las agencias que mantuvieron en la época relaciones comerciales con el Ejército.