Entre 2020 y 2021 se han presentado un total de nueve demandas de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile en el marco del conflicto de la Macrozona Sur, y es muy probable que a raíz del inédito fallo de la Corte Suprema, que hace dos semanas acogió un grupo de recursos de protección presentado por víctimas de violencia rural, las acciones de este tipo aumenten en el tiempo.

Las acciones judiciales que actualmente están en trámite en los juzgados civiles de las regiones del Biobío y La Araucanía suman en total $ 5.902.411.719, según una revisión realizada al Sistema de Consulta Unificada de Causas del Poder Judicial.

El pasado 13 de septiembre, por ejemplo, una familia víctima de violencia rural de la comuna de Victoria, en la Región de La Araucanía, presentó una demanda de indemnización de perjuicios en el 3º Juzgado Civil de Temuco, acusando falta de servicio por parte del Ministerio Público y Carabineros de Chile.

Se trata de Norma Castro Barriga (74) y sus hijas Ingrid (42) y Úrsula (39) Schifferli Castro, quienes denunciaron haber sido objeto de múltiples ataques durante los últimos 10 años, aproximadamente, siendo el fundo San Miguel sede de atentados o delitos cometidos en contra de la propiedad e integridad física y psíquica.

“Los atentados, como se dijo, no sólo consistían en amenazas e intimidaciones, sino que estas se materializaron con el ingreso y ocupación ilegal que realizó, y que actualmente mantienen miembros de una comunidad indígena cercana al predio de mis representadas, quienes han destruido, robado y quemado todo lo que estuviera a su paso o alcance”, consignó la demanda.

La acción de la familia Schifferli exige una indemnización total de $ 1.860.347.999.

Al igual que en el caso anterior, el empresario Miguel Toledo Cancino también apuntó sus críticas a la labor de Carabineros de Chile y el Ministerio Público en su demanda de indemnización de perjuicios que actualmente se tramita desde el 14 de febrero de 2021 en el 3º Juzgado Civil de Concepción.

En su presentación, el empresario maderero explicó que el 1 de junio de 2017 firmó un contrato con cinco comuneros que le permitían la explotación y cosecha de maderas en el fundo Canihual, ubicado en Tirúa, provincia de Arauco, Región del Biobío.

El negocio era sencillo: los vendedores facultaban al comprador para cosechar la madera de pino y eucaliptos existente en una superficie de 100 hectáreas del fundo Canihual. El producto líquido de la venta sería distribuido en iguales partes entre los vendedores (50%) y el comprador (50%). Poseía maquinaria, vehículos y trabajadores que se encontraban dispuestos al efecto para comenzar la faena.

Según su demanda, “la explotación y tala de la madera se realiza en una zona de conflicto a nivel regional y nacional, y que por lo mismo era de suma emergencia y seguridad la presencia de Carabineros de Chile, pero sobre todo esencial para el éxito de la actividad comercial. Pues justamente lo que sucedía y sigue sucediendo hoy en la zona es el hurto de maderas, como ocurrió en el predio Canihual”.

En el mismo escrito sostuvo que Carabineros ha presentado una actitud omisiva en la protección del ejercicio de la actividad del Toledo, aun existiendo una orden directa desde el Ministerio Público.

Ello -denunció el empresario- le ha generado pérdidas millonarias, pues se trata de más de 6.000 metros ruma de eucaliptos con y sin corteza, con un valor comercial aproximado de $ 220.000.000. En su demanda, Toledo exige al Fisco de Chile la restitución de $ 1.250.000.000.

Por otro lado, actualmente en trámite se encuentran las demandas que presentaron comuneros mapuches en contra del Estado de Chile por el denominado caso Huracán. Esto luego de ser detenidos por efectivos de Carabineros en una trama que incluso involucró al entonces jefe de Inteligencia de la institución uniformada, Gonzalo Blu Rodríguez.

Los demandantes son el líder de la Comunidad Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul Catrillanca (53), su hijo Ernesto Llaitul Pezoa (24), Claudio Leiva Rivera (33), Fidel Tranamil Nahuel (31) su esposa Ilwen Hernández Rain (31) y sus hijas L.W.T.H. (11), K.M.T.H (9) y Z.M.T.H (6), quienes exigieron una indemnización total de $ 1.713 millones, acusando ser víctimas de una persecución política basada en un montaje.

A ellos se suma el caso de Jaime Huenchullán Cayul, cuya familia solicitó ser indemnizada en $ 660.000.000, por lo que, en total, las demandas suman: $ 2.392.063.720.

El abogado Guillermo Chahuán, socio de la firma Chahuán, Letelier Lledó, sostuvo que “los recursos de protección acogidos por la Corte Suprema dan cuenta de una preocupación del máximo tribunal para que se tomen medidas necesarias para la protección de las personas y que garanticen la vigencia del Estado de Derecho en la zona”. Agrega que “parece consistente sostener que si el Estado no toma las medidas que la Corte Suprema está exigiendo al acoger los recursos de protección, los daños o muertes que se produzcan en la zona y en ese contexto podrían ser atribuibles a una falta de servicio del propio Estado”.

En un tónica similar, el abogado Juan Francisco Sánchez, especialista en Derecho Público señaló que es probable que a partir del pronunciamiento de la Corte Suprema las demandas de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile por falta de servicio aumenten.

A modo de ejemplo, explicó que la carretera más peligrosa de Arauco suma 75 atentados desde enero de 2020. Es decir, “una situación de excepcionalidad ha pasado a ser la nueva normalidad en la Macrozona Sur. Eso es ineludible”. “Desde luego que este año la Tercera Sala de la Corte Suprema con redacciones de la ministra Vivanco ha concedido demandas indemnizatorias en contra del Fisco, como en el caso Luchsinger y del fundo Alaska. Se advierte una nueva tendencia jurisdiccional que estimo favorable a estas futuras demandas de particulares afectados”, acotó.