Descoordinación entre Poder Judicial y Servel: dos exfrentistas acusados por caso Guzmán figuran como habilitados para votar

Fue en la sesión del martes pasado de la Comisión del Gobierno del Senado, donde el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, hizo sus descargos por los casos de fallecidos y de personas con casos judiciales que aparecen habilitados para votar dentro del padrón del próximo plebiscito.

El debate surgió a partir de información publicada en redes sociales por el diputado Gonzalo de la Carrera (independiente-republicano), que fue severamente cuestionado por la forma como levantó su denuncia, insinuando un presunto fraude electoral, lo que desató la reacción del Presidente Gabriel Boric.

En su explicación, ante la comisión del Senado, que debatía una norma para optimizar la transparencia del sistema de votaciones, Tagle -sin que se le consultara del tema- aludió por su cuenta a las denuncias y explicó que el Servel elabora el registro de votantes a partir de información que obligatoriamente deben proporcionar otras instituciones como el Servicio de Registro Civil y los tribunales.

Según se desprende de la misma Ley Orgánica de Inscripciones Electorales, es deber de los juzgados “comunicar” al Servel las personas que hayan sido condenadas o “acusadas por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista”. Esa información, según la ley, debe ser remitida dentro de los primeros cinco días de cada mes.

De acuerdo a la Constitución, por el mero hecho de ser acusado por delitos graves, se pierde el derecho a sufragio, más aún si esa persona está condenada por una conducta terrorista.

Si bien Tagle asumió que había errores y “descoordinaciones” en estos ciertos casos, que según el Servel son puntuales, delegó la responsabilidad a los organismos informantes como el Registro Civil y los tribunales.

Entre las personas que estaban habilitadas para votar -según la denuncia de De la Carrera y que se puede verificar en el sitio del Servel-, figuraba Ricardo Alfonso Palma Salamanca, exfrentista acusado y condenado por ser uno de los autores materiales del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán.

Palma se fugó de la Cárcel de Alta Seguridad en un helicóptero en 1996 y está radicado en Francia, donde cuenta con la calidad de asilado político. Hoy está habilitado para sufragar en Providencia.

El director de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jaraquemada, indicó que “estamos solicitando a tribunales que oficien al Servel para que haga efectiva su inhabilidad. En todo caso, Palma Salamanca está refugiado en Francia, pero solo puede votar en Chile porque acá tiene su domicilio electoral. Y si viene hay orden de detención pendiente”.

Según Jaraquemada, el problema se originó cuando se cambió de voto obligatorio a voluntario en 2012. “Ese año, cuando se instaura el voto voluntario e inscripción automática, los mayores de 18 años que no estaban inscritos pasaron a integrar el padrón y, por increíble que parezca, los tribunales no oficiaron al Servel quienes habían sido inhabilitados con anterioridad a esa fecha por haber sido condenados a pena aflictiva. Palma fue condenado en 1994″.

Pese a los descargos del Servel, fuentes del Poder Judicial señalan que “nosotros no tenemos nada que decir en eso. Cuando se condenó a Palma Salamanca se enviaron las comunicaciones al Servicio Electoral, el Registro Civil, la Contraloría General de la República para informar de las penas accesorias que implicó la condena”.

Tagle, en tanto, confirmó que el problema se generó porque Palma y otra exfrentista prófuga Maritza Jara -que también está habilitada para votar- no estaban en los registros electorales cuando recibieron sus condenas (antes el trámite era voluntario), por lo tanto, las notificaciones judiciales entonces no tuvieron efecto.

No es el único exfrentista que habría tenido una participación en el homicidio de Guzmán que hoy está habilitado para votar.

También podría sufragar Raúl Escobar Poblete, quien aparece asignado a una mesa en Ñuñoa.

El exfrentista, cuya chapa era el “comandante Emilio”, si bien no está condenado en Chile, está acusado por ser uno de los autores materiales del asesinato de Guzmán.

Escobar fue detenido en México en 2017, donde vivía con una identidad falsa, tras ser acusado de secuestro agravado contra una ciudadana franco-estadounidense. Posteriormente fue condenado por la justicia mexicana en junio de 2019 a 60 años de cárcel.

La justicia chilena pidió su extradición, solicitud concedida por México, y actualmente se encuentra en prisión preventiva en el penal de Santiago 1, en el marco de la investigación por el caso del fallecido fundador de la UDI.

Según las disposiciones constitucionales, ni Palma ni Escobar debieran tener derecho a voto habiendo resoluciones judiciales en contra de ellos.

Un caso distinto es el de otros dos exfrentistas fugados en 1991, Mauricio Hernández Norambuena, autor intelectual del homicidio de Guzmán, actualmente en prisión, y de Pablo Muñoz Hoffmann, condenado por el asesinato del coronel Luis Fontaine y por el atentado al general Gustavo Leigh. Tanto Hernández como Muñoz están inhabilitados para sufragar, según la información del Servel

Una situación aparte es la de Patricio Ortiz Montenegro, quien junto a Palma, Hernández y Muñoz se fugó de la Cárcel de Alta Seguridad en 1991. Entonces cumplía condena por maltrato de obra a Carabineros con resultado de muerte y tras su huida se refugió en Suiza. En enero de 2018, el Segundo Juzgado Militar decretó la prescripción de la pena en su contra, por lo tanto ya no tiene causas pendientes y hoy está habilitado para votar en una mesa de la comuna de Santiago.

El tema del registro de votantes no es el único flanco que ha tenido que hacer frente el Servel, sino que también ha debido sortear la fuerte ofensiva de la derecha por varias preocupaciones en torno a los comicios, entre ellos, que no se está informando debidamente, a su juicio, que el voto es obligatorio.

La oposición, además, se ha quejado particularmente por los casos de personas que no deberían estar en el padrón. Ayer, incluso, un grupo de dirigentes de Chile Vamos acudieron al organismo para entregar una carta y transmitir sus inquietudes.

“A menos de tres semanas del desarrollo del plebiscito, queremos manifestar nuestra más absoluta preocupación y molestia ante la falta de información que, a nuestro juicio, ha existido respecto a las características del proceso, específicamente lo relativo al carácter de obligatorio que tendrá y las multas asociadas para quienes no concurran a votar”, decía la misiva.