El miércoles, un día antes del primer pleno de normas transitorias, los convencionales de izquierda y centroizquierda que integran la comisión homónima de la Convención Constitucional se conectaron a través de Zoom para ponerse de acuerdo en cómo votarían en la crucial sesión.

Fue en esa instancia en que, según presentes, al convencional Julio Álvarez (Colectivo Socialista) se le quedó el micrófono encendido por algunos segundos cuando hablaba por teléfono con una persona ajena al encuentro, a la que le dijo: “Votaremos en contra de los dos tercios”.

El episodio desencadenó una serie de movimientos, que derivaron en que finalmente gran parte de las propuestas relacionadas con el Legislativo fueran rechazadas en el pleno como estrategia para presionar y renegociar en los próximos días.

El resultado fue que gran parte de las normas referidas al Parlamento se cayeran: desde la exigencia de 2/3 para que el actual Congreso pueda modificar la futura Carta Fundamental, de ser aprobada, hasta el período de gracia que se había acordado para que los diputados y senadores en ejercicio mantuvieran su mandato hasta el 11 marzo de 2026, fecha en el que asumirían los legisladores elegidos con las nuevas reglas constitucionales. Esta última disposición, de hecho, fue rechazada por algunos convencionales de izquierda como represalia ante la negativa de los socialistas a aprobar los dos tercios.

Así, el debate de las normas transitorias solo dejó interrogantes sobre el futuro del Poder Legislativo.

Si bien se abre un proceso de días para proponer alternativas, lo que el pleno votó este jueves generó al menos tres hipótesis, entre juristas y parlamentarios, sobre lo que pasaría.

Algunos advierten que se pondría fin a todo el Congreso. Otros, por el contrario, dicen que las transitorias habrían alargado la vida de la actual Cámara Alta, aplazando la vigencia de la Cámara de Regiones. Una tercera lectura, en tanto, señala que el Congreso subsistiría, pero ello requeriría de algunos ajustes legales creativos en el período comprendido entre el plebiscito del 4 de septiembre y la publicación de la nueva Constitución en el Diario Oficial, si es que se aprueba.

Quienes sostienen que el Congreso llegaría a su fin se basan en la lectura del artículo primero transitorio que señala que la nueva Carta Fundamental -de aprobarse- entrará en vigencia dentro de los diez días siguientes a su publicación, lo que derogaría a la actual Constitución, todas sus reformas y leyes interpretativas. Esa disposición, en la práctica, remarca que el texto regiría “in actum”, es decir inmediatamente (salvo el plazo de 10 días).

Para el académico de derecho constitucional de la Universidad de Chile y San Sebastián, Jorge Barrera, ese artículo “no hace más que parafrasear lo ya establecido en el artículo 142 de la Constitución vigente, en virtud del cual, de ganar la opción Apruebo, a partir de la fecha de entrada en vigencia del nuevo texto, va a quedar derogada la Constitución actual, que incluye obviamente las reformas constitucionales”. Ello pondría fin al Senado y Cámara, al no haber otra disposición que habilite su continuidad, según la interpretación más catastrofista de algunos parlamentarios y juristas.

Sin embargo, Barrera advierte que el problema sería la mezcla con el artículo quincuagésimo primero transitorio (también aprobado) que dice que “las normas constitucionales relativas a los nuevos órganos constitucionales entrarán en vigor, en cada caso, con la dictación de sus leyes de organización, funcionamiento y competencia”. Ello aplazaría la entrada en vigencia del nuevo Poder Legislativo.

“Como existen normas transitorias más adelante que suspenden la implementación del Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones, va a quedar un vacío en el tiempo intermedio mientras no se dicten las leyes que rijan su organización, funcionamiento y competencias. Por lo tanto, hay un apagón, por lo menos en virtud de las normas aprobadas ayer”, concluye Barrera.

El abogado constitucionalista y académico de la Universidad del Desarrollo, Sergio Verdugo, si bien aclara que está a la espera de la votación de los próximos informes de normas transitorias, explica su preocupación: “En el caso de que las disposiciones transitorias no regulen el tránsito institucional de la Constitución primitiva a la Constitución nueva, entonces las normas de la nueva Carta Magna regirán de inmediato. Esto, en algunos casos podría traer consecuencias algo drásticas que, es de esperar, sean previstas y reguladas por los propios constituyentes”.

Por su parte, Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales, comenta que la aprobación de ambos artículos podría ser “problemática” en el caso de que no se extienda el funcionamiento del actual Senado hasta el 2026.

“Si esa norma no se repone (en la Convención) ahí se produciría un apagón complejo, porque si no hay una norma transitoria que haga que el Senado subsista hasta dos o cuatro años más, pensando que aún no comienza a funcionar la Cámara de las Regiones, nos quedamos sin un órgano que pueda aprobar las leyes. Frente a esto, es clave que se reponga el artículo que permitía la prórroga del Senado por dos, tres o cuatro años más. De no reponerse, se entraría en un tema complejo, ya que el Senado se quedaría sin piso constitucional. Y sin el Senado no se pueden producir las leyes que permitan que entren a regir las demás”, explica el jurista.

Entre los parlamentarios, el jefe de la bancada de senadores de la UDI, Iván Moreira, ha liderado la postura crítica por este eventual vacío.

Sin embargo, entre algunos senadores de centroizquierda existe una lectura más optimista, avalada por la opinión de algunos juristas.

“No es aplicable la interpretación de que se acaba el Senado y la Cámara porque no está convocada la nueva elección. Para eso debe haber una ley que convoque la elección de los nuevos órganos”, dice un legislador del oficialismo, quien sostiene que en el Derecho Público no existen vacíos, porque el Estado igualmente debe funcionar.

En ese sentido, al no haber vigencia del futuro Parlamento, se mantendría en funciones el actual Congreso mediante su ley orgánica, que -al igual que otras normas- no sería derogada.

Incluso, entre la eventual aprobación de una nueva Constitución y su publicación, hay un plazo en que los actuales senadores y diputados pueden hacer ajustes legales para adaptar su orgánica a la nueva Carta Fundamental.

Entre algunas autoridades de la Cámara existe una lectura similar, pero con un matiz. Esos ajustes legales debiesen considerar el cambio de nombre (Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de Regiones) y de atribuciones, para calzar en el nuevo marco constitucional. En otras palabras, a diferencia de lo que creen ciertos senadores de centroizquierda, el Senado y la Cámara desaparecen, pero los actuales legisladores mantienen su mandato.

En el gobierno el tema es visto con inquietud, sobre todo porque fue el propio Ejecutivo el que propuso a la Comisión de Normas Transitorias que el nuevo Poder Legislativo entrara en vigencia en 2026.

Por ello, en la sede gubernamental son cautos en el análisis y transmiten que hay que esperar a ver cómo queda el cuerpo general de normas transitorias y leyes adecuatorias para tener una interpretación legal definitiva.

“Es evidente cuando uno lee lo que pasó ayer que no se alcanzó el consenso entre los distintos sectores políticos. De hecho, la derecha y los republicanos se pararon y se fueron”, dijo esta mañana el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson en entrevista con Radio Duna.

“Espero y confío que en la última instancia que va a tener la comisión se va a poder llegar a los acuerdos”, agregó.

En La Moneda están conscientes que de no generar una solución, el nudo puede tensionar aún más la relación del gobierno con el Legislativo. Algo complejo cuando el propio Presidente Gabriel Boric anunció una veintena de proyectos en su pasada cuenta pública, entre ellos las reformas estructurales más relevantes de su programa como la tributaria y la previsional.