¿Después de ratificarse la prisión preventiva, qué...?: La estrategia que prepara la defensa de Jadue para revertir complejo escenario

“Naturalmente no estamos conformes con la resolución”.

Con esas palabras el abogado del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, reaccionó a la determinación de la Corte de Apelaciones de Santiago que acordó rechazar el recurso de apelación que presentó la defensa en contra de la resolución que dispuso que quedase en prisión preventiva tras su formalización en el marco del caso Achifarp.

“Los antecedentes hasta ahora reunidos en la carpeta investigativa, el contexto aportado por el Ministerio Público en esta audiencia y los elementos de juicio descritos por los intervinientes son suficientes para desvirtuar las alegaciones del recurrente en orden de que Jadue desconocía las acciones delictivas imputadas”, comunicó la tarde del miércoles 12 de junio la ministra Jessica González. Y agregó que los “antecedentes calificados (reunidos) determinan que la única medida que resulta proporcional a los fines del procedimiento es la prisión preventiva”.

Por lo mismo, y a pesar de que quienes han podido conocer cómo tomó el alcalde la determinación del tribunal de alzada capitalino indicaron que éste se mantiene tranquilo, su defensa comenzó a delinear cuáles serán los pasos a seguir, pues insistieron en que la prisión preventiva es “desproporcionada”.

Al término de la audiencia, de hecho, Ramón Sepúlveda indicó: “Creemos que es una resolución infundada, injustificada y vamos a ejercer las acciones que correspondan para poder cambiar a la brevedad posible la medida cautelar de Daniel Jadue”.

¿Qué acciones se están evaluando? Por lo pronto, fuentes cercanas al jefe comunal descartan que su abogado vaya a recurrir de amparo para revertir la medida cautelar que lo mantiene recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, en la comuna de Santiago.

Según los personeros, de hecho, esperan reunir a la brevedad posible nuevos antecedentes que le permitan al penalista pedir revisión de cautelares ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

Entre ellos, como pudo conocer este medio, se pedirá que la fiscal a cargo del caso, Giovanna Herrera, instruya la realización de una serie de nuevas diligencias, como tomar declaración a otros funcionarios de la Municipalidad, de la Asociación Chilena de Farmacias Populares y también de la tienda liderada por Lautaro Carmona.

De igual forma, solicitarían se recopilen los testimonios de las personas que se vieron beneficiadas por el programa de prótesis auditivas y de otras prestaciones que incluía Achifarp.

Asimismo, conocedores del caso afirman que la defensa de Jadue está a la espera de informes policiales que la persecutora encargó a fin de precisar los costos de las especies que fueron incautadas y que habrían sido parte del patrimonio de la asociación.

No se descarta, en el mismo sentido, nuevas solicitudes para que efectivos policiales puedan recabar mayores antecedentes sobre máquinas que se encontraron en dependencias de la fundación Fulap -creada por Jadue y otros alcaldes luego de que Achifarp dejara de funcionar- para determinar si efectivamente corresponden a las que eran propiedad de la asociación.

Las tratativas de la defensa, de igual forma, incluyen el apoyo estratégico de dirigentes del Partido Comunista. Y es que como se pudo observar durante la audiencia donde la Corte revisó la apelación, Hugo Gutiérrez se sumó a la primera línea de apoyo al jefe comunal y seguirá en ese rol.

Tanto él como la diputada Carmen Hertz tienen un rol relevante en la defensa, pues aunque no tienen incidencia directa en las gestiones judiciales, sí abordan la arista más política del caso y hacen recomendaciones técnicas durante el proceso.

Por el momento, eso sí, está descartado que la defensa sea reforzada con otros abogados y, como ha recabado La Tercera, Ramón Sepúlveda seguirá siendo -al menos por ahora- el principal representante de Jadue en este caso.

Lo anterior, porque las evaluaciones realizadas en el entorno del alcalde, como transmiten, siguen haciendo referencia a que se ha hecho lo necesario para demostrar que no está vinculado a ilícitos y que han sido los magistrados los que han hecho ponderaciones erróneas de los antecedentes.

El escenario podría variar, en todo caso, si ante una eventual revisión de cautelares el jefe comunal vuelve a sufrir un revés.