Diputado Andrés Longton (RN): “El gobierno es poco coherente, por un lado dice combatir la delincuencia y por el otro da indultos y pensiones a delincuentes”

Como “una contradicción”, así califica el diputado Andrés Longton (RN), y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, la decisión del Presidente Gabriel Boric de revertir las pensiones de gracia otorgadas a víctimas de violación a los derechos humanos en el contexto del denominado estallido social y que a su vez cuentan con antecedentes. El parlamentario, si bien valora la decisión, sostiene que dicha medida responde más bien a las presiones políticas, pero que se carece de convicciones y que aquello afecta la credibilidad.

En esa línea, el parlamentario emplaza al Ejecutivo a evaluar las 418 pensiones que se han otorgado para víctimas de violencia estatal a raíz de la crisis social de 2019. Para eso, argumenta que se debe acreditar la condición médica de las personas, ya que no puede ser que el Estado “entregue pensiones de gracia a personas que cometieron graves delitos en nuestro país”.

¿Cómo evalúa el manejo del gobierno en el tema de las pensiones?

Hay poca coherencia respecto del discurso, hay un cambio de posición constante que tiene que ver más con presiones políticas y comunicaciones que por convicción, y eso es preocupante y afecta la credibilidad de este gobierno, donde pareciera ser que se pone más en lugar de los victimarios que de las víctimas y eso obviamente le genera un costo. El gobierno es poco coherente, por un lado dice combatir la delincuencia y por el otro da indultos y pensiones a delincuentes.

El Presidente Piñera ha dicho que esto afecta el crimen organizado. ¿Comparte ese diagnóstico?

Son señales erradas. Si por un lado estás liberando delincuentes y entregando pensiones de gracia, cómo aquello conversa con la lucha contra el crimen organizado. Es una contradicción vital, no es creíble tu discurso. La verdad que es otra contradicción y la verdad es que eso tiene agotado al país y quiere a un Presidente con la firmeza, pero también con la convicción suficiente y de la cual ha carecido para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y el temor que está viviendo gran parte de nuestro país.

¿Qué le parece el anuncio de revertirlas?

Me parece positivo que el Presidente cambie de opinión en situaciones tan graves como estas, pero le pediría que no se equivoque dos veces porque hace algunos meses no decía nada y parte de sus ministros decían que esto no se podía hacer, no se podían dejar sin efecto cuando toda la oposición le insistía que estas pensiones se podían dejar sin efecto. Entonces estos cambios de posición revelan la falta de convicción del Presidente y que termina reaccionando por presión comunicacional y política. Le pido al Presidente que tome una buena decisión porque es lo que corresponde hacer y no deje pasar más tiempo, porque mientras más pasa, más se desangra el Estado entregándoles recursos públicos a delincuentes.

El subsecretario Monsalve dijo que la ley no protegió ni al Presidente Boric ni Piñera, ¿Cree que se requieren reformas?

La ley requiere cambios, pero eso no quiere decir que el Presidente Boric podría haber tomado buenas decisiones respecto a quienes se le otorgaban o no pensiones de gracia. Y eso tiene que ver con que en este proceso hubo sesgos y esos sesgos afectaron la imparcialidad y la objetividad a la hora de entregar las pensiones, y esos sesgos tienen que ver con el “octubrismo”, con la condescendencia por lo que ocurrió, con la violencia que se desató a propósito del 18 de octubre de 2019 y eso explicó que fueran desprolijos. Esas decisiones las tomó este gobierno y lo sorprendente es que siguen insistiendo en que esto fue ajustado a la normativa, cuando a todas luces se puede ver de que hubo vicios evidentes respecto a la verificación de los distintos antecedentes.

Esas acreditaciones las realizó el INDH. ¿Hubo negligencias también en eso?

Claro, porque esto tiene que ver más que nada con la bajada más legal. Primero el INDH pareciera ser que no acreditó esos elementos fundamentales que tenían que ver por incapacidad y la calidad de víctima, porque era juez y parte, era querellante en muchos de estos casos, y hemos podido ver que en muchas de estas personas no solamente no se les acreditó la calidad de víctima en un juicio, sino que además muchos de ellos estaban basados solo en testimonios y que bajo el contexto de que estaban cometiendo un delito dicen que fueron objeto de apremios, cosa que además no están acreditadas en un tribunal y lo que está acreditado en un tribunal es su calidad de delincuente condenado.

El Presidente estableció un criterio según los delitos para revertir la pensión. ¿Comparte ese criterio?

Eso es inaceptable, es inaceptable que el Presidente discrimine por tipos de delitos. ¿Qué pasa con los casos de violencia intrafamiliar? Eso es un despropósito y una vez más revela la poca coherencia del discurso del combate a la delincuencia del Presidente Boric; por lo tanto, yo creo que tiene corregir eso y no solamente ampliar el catálogo de delitos, sino que ceñirse a cada situación en particular, porque lo que no se puede dejar de lado es que un delincuente condenado independiente del delito siga recibiendo recursos públicos de manera impune.

¿O sea que cualquier persona sin distinguir el delito no reciba pensión?

El criterio es el siguiente. Las personas que no tienen ninguna calidad de víctima, que no está acreditado y que sí tienen calidad de victimarios condenados, a esas personas sí o sí, independiente del delito, se les tiene que quitar ahora ya la pensión de gracia.

¿Y si la persona sí es víctima, pero tiene antecedentes por otros delitos?

Eso habría que verificarlo caso a caso, habría que revisar el delito, la condena y la conexión que aquello tiene con la calidad de víctima que fue acreditada debidamente como corresponde. Yo creo que eso es sujeto de evaluación.

Ni los ministros ni el Presidente han hablado de los plazos. ¿Cómo debiese funcionar ese proceso?

Yo creo que respecto al plazo, es ahora ya, el Presidente anuncia, pero no pasan las cosas. Cuando anuncian las cosas tienen que estar pasando, porque resulta que todos los meses al Estado le cuesta más de $119 millones. Por lo tanto, no puede el Presidente de manera tan irresponsable permitir que los recursos públicos se dilapiden de esa manera.

El Ministerio de Justicia dijo que también revisarían hacia atrás las pensiones otorgadas...

Nosotros no tenemos ningún problema que se revisen en todas las pensiones. Muchas veces esto tiene una intención política, de tratar de buscar casos en otros gobiernos para efectos de que el daño comunicacional de este gobierno no sea tanto. Y la intención es precisamente mejorar el sistema de otorgamiento de las pensiones y, la verdad, es que a mí me parece que está bien. Pero, obviamente, creo que esto busca lo contrario. Sobre todo cuando se ha pretendido señalar de que el gobierno del Presidente Piñera también entregó pensiones de gracia como diciendo: mira, acá hay responsabilidad compartida. La verdad es que los casos que hemos visto ahora escandalosos han sido durante este gobierno. Sin perjuicio obviamente que nosotros pedimos una revisión exhaustiva de todos los casos, sin distinción del gobierno donde se haya otorgado

Usted habla de la agenda de seguridad. ¿Cómo evalúa los avances de aquello?

Va bien, algunos proyectos son más complejos porque requieren técnicamente, son de una envergadura mayor, como crear el Ministerio de Seguridad. Y por lo tanto queremos sacar una buena ley, para que sea un buen ministerio tiene que tener herramientas, con dientes, para efectos que tenga poder y las competencias para poder combatir de mejor manera la situación de criminalidad.

Ayer se aprobó el proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular. ¿Qué espera de esa discusión?

Me parece que estamos en una situación crítica respecto a ingresos irregulares al país. Lo mínimo cuando alguien ingresa por la ventana de nuestro país es que tenga algún tipo de sanción que sea disuasiva y que permita por vía expedita, como se establece en el proyecto, poder expulsar y reconducir.

Este tipo de normativa genera cuestionamientos, específicamente por la tipificación de un delito...

Lo que hace el proyecto es que cuando alguien ingresa a Chile, más que llevárselo preso es privilegiar la reconducción inmediata, sino la detención para efecto de tener tu identidad, huellas, etc., y después tener una salida rápida, una suspensión condicional, un procedimiento expedito de reconocimiento de los hechos para que la expulsión judicial se pueda llevar a cabo mucho más expedita.