Luego de una negociación que se extendió por casi un año -con parlamentarios de oposición y de gobierno-, ayer finalmente la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) ingresó una indicación para llegar a un acuerdo respecto de la Ley de Fármacos II. La moción, iniciada en 2015 por los senadores Guido Girardi, Carolina Goic, Manuel José Ossandón, Fulvio Rossi y Andrés Zaldívar, se convirtió en una prioridad para la “última milla” legislativa de este gobierno, según lo adelantó hace algunos días el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, en Radio Duna.

“Estamos a punto de llegar a un acuerdo en la mixta para la Ley de Fármacos II (...), hemos estado conversando con asesores parlamentarios sobre una nueva institucionalidad para la regulación de precios de los medicamentos. Eso está en una (comisión) mixta y saliendo de ahí podemos ir a la Cámara y al Senado. El proyecto se entrampó respecto de cómo regular los precios y hemos estado trabajando en la manera de poder lograr una institucionalidad nueva que pueda regular, mas no fijar, los precios de una industria que requiere regulación”, detalló Pavez.

Dichas tratativas quedaron plasmadas en 32 páginas de indicaciones que fueron ingresadas ayer por el Ejecutivo, que comenzarán a ser analizadas esta misma tarde por la comisión mixta donde está radicado el proyecto.

Las modificaciones propuestas por el Ejecutivo incluyen un Observatorio Nacional de Medicamentos (integrado por cinco expertos en regulación, tres escogidos por Salud y dos por Economía) que establecerá precios máximos de los remedios a nivel mayorista -es decir, desde el laboratorio a la cadena farmacéutica- en tres contextos: frente a medicamentos protegidos por patentes o nuevas tecnologías, que no tienen competencia en el mercado; los de alto costo que superan el umbral definido en la Ley Ricarte Soto, y en aquellos fármacos cuyo precio sea sustancialmente mayor al de otros países, cuando la Cenabast no logre intermediar y generar competencia.

Parte de la fórmula o metodología que deberá considerar esta comisión tendrá base en las recomendaciones del informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de 2019 sobre medicamentos, que contenía al menos 14 recomendaciones para disminuir el costo de los fármacos.

En el caso de la venta minorista, las farmacias y prestadores de salud estarán obligados a cobrar el mismo monto por la dispensación de los medicamentos para un mismo fin que sean competencia, “con el objetivo es desincentivar la venta del medicamento más caro”, según se lee en la minuta legislativa.

Salud determinará las categorías -con un máximo de 30- y los medicamentos que deberán integrar cada una serán propuestos por una Comisión Asesora para la Categorización de Medicamentos que incluirá, entre sus 17 miembros, a asociaciones de pacientes y otros representates de la sociedad civil ligados a la salud.

Todo lo anterior se suma a la obligación que establece el proyecto de ley de ofrecer el medicamento más barato, a la prohibición de dispensar los medicamentos cuando las recetas no vengan prescritas por Denominación Común Internacional (DCI).

El plan del Ejecutivo es que a fin de este mes, la Ley de Fármacos II ya esté siendo votada en ambas cámaras para despacharla a ley junto a otras iniciativas prioritarias, como la Pensión Garantizada Universal (PGU), en materia de seguridad social, y el control de armas, en la agenda de seguridad.

Consultado por La Tercera PM, el subsecretario Pavez señala que “en el escenario político y social actual, el gobierno quiso ir más allá de lo que tradicionalmente nuestro sector estaba disponible a mirar, pero con responsabilidad y criterio de realismo. Y quiero destacar que este acuerdo no fue pensando en ganancia política de un sector u otro. Esto es regulación de precios con competencia”.

Una de las contrapartes del Ejecutivo fue el senador PS Rabindranath Quinteros, quien explica que si no hay contratiempos, la iniciativa debiese estar aprobada a fines de enero. “En lo personal, yo puedo tener ciertas dudas, pues no es el ideal que hubiésemos deseado, porque la solución ideal para nosotros era fijar los precios de los medicamentos y eso no fue posible. Pero este es el mejor acuerdo al que se ha podido llegar con este gobierno, y la regulación es un avance sustantivo considerando la ideología de esta administración”, detalla.

Quinteros señala que “la clave para avanzar en este acuerdo fue el apoyo del futuro gobierno a este proyecto, pues será más fácil en un futuro incluir nuevas disposiciones para mejorar la ley”, comenta.

Por otro lado, la senadora Carolina Goic (DC) asevera que “tenemos la convicción de que los fármacos no son un mercado cualquiera, que requiere de intervención del Estado. Y es bien destacable el consenso al que llegamos, porque el gobierno no tenía esto como prioridad. Esto es un proceso, buscamos abordar toda la cadena de un medicamento, pues conocemos las malas prácticas de la industria”.

De aprobarse, señala Goic, será el próximo gobierno quien tendrá que fiscalizar arduamente el cumplimiento de la ley. “Va a ser un tema que el próximo gobierno va a tomar como central, pues le va a corresponder la implementación. Y en lo personal, partí como senadora presentando este proyecto y, si se aprueba, puedo terminar estos ocho años con tranquilidad”, concluye.