Latam sabía que acogerse al capítulo 11 de la Ley de quiebras de Estados Unidos, en mayo de este año, no solo sería un proceso largo y complejo del que aspira a terminar saneada financieramente de sus deudas financieras por más de US$ 10 mil millones. También sabía que sería un proceso oneroso en asesores. Las cifras lo demuestran.

Un reporte emitido el viernes por la aerolínea chilena comunicó al mercado que hasta el 30 de septiembre el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York había autorizado pagos a profesionales por US$ 32 millones. De esa cifra, la mayor proporción corresponde a asesorías legales.

El mayor desembolso comprometido, hasta ahora no pagado, corresponderá al bufete Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que asesora a Latam en los tribunales estadounidenses: la factura aprobada hasta ahora llega a US$ 15.219.073. El estudio neoyorquino es uno de los más reputados y grandes de ese país, tiene 16 oficinas y más de 1.300 abogados en todo el mundo. En la lista de sus clientes destacados, además de Latam, figuran grandes corporaciones como Alphabet (Google), General Motors, Coca Cola, Citigroup, Samsung, Santander y la chilena Codelco o países latinoamericanos como las repúblicas de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. El pago autorizado a Cleary Gottlieb fue emitido el 30 de junio. Pero la cuenta ha seguido subiendo. Un informe de 360 páginas que detalla los trabajos hechos por el estudio para Latam solo en septiembre cuantifica en 3.434 las horas de trabajo dedicadas por sus abogados a su cliente, por un valor de US$ 2,9 millones.

Otra factura relevante por servicios legales corresponde a Dechert LLP, estudio que ha asesorado a los acreedores de la aerolínea. Dechert exige pagos hasta septiembre por US$ 6,2 millones. Según las reglas de la Ley de Quiebras de EE.UU., todos los abogados que representen a las partes pueden cobrar sus honorarios a Latam si acreditan ante un tribunal que tenido “contribuciones sustanciales” en el proceso de reorganización. Por ello todos los abogados que representen a acreedores podrán exigir el pago de las costas a Latam.

En la lista legal, el estudio Togut, Segal & Segal, que también trabaja con Latam, exige hasta ahora US$ 1,7 millones.

En Chile, el estudio Claro & Cia. ha sido el mayor asesor de Latam. Sus honorarios, sin embargo, son muy inferiores a los de los estudios estadounidenses: hasta ahora la Corte ha aprobado US$ 880 mil hasta junio. Como todos los estudios, Claro ha debido detallar al tribunal el trabajo de sus profesionales. Por ejemplo, el socio principal del estudio, José María Eyzaguirre Baeza, dedicó 140 horas a Latam entre el 1 y el 30 de septiembre. El plan de financiamiento fue aprobado el viernes 18 de septiembre.

Aunque no todos los cobros han sido autorizados hasta ahora por el tribunal, los cálculos de Latam consideran hasta ahora pagos por más de US$ 30 millones en honorarios legales a las decenas de bufetes que han participado en el chapter 11. A los ya autorizados, por ejemplo, deberían sumarse más adelante los asesores de otros actores que participaron en la discusión legal, como Knigthhead, Qatar, Delta y la familia Cueto. Y los acreedores. Este domingo 1 de noviembre, White & Case, que representa al comité Ad Hoc de acreedores, ingresó un escrito a la corte detallando en 80 páginas todos los servicios prestados entre el 30 de junio y el 5 de agosto: en total, por ello exige pagos por US$ 3,5 millones.

Latam también ha tenido importantes asesores financieros. Uno de ellos es la empresa FTI Consulting, que ayudó con el diseño del programa de financiamiento que terminó comprometiendo recursos por US$ 2.450 millones. Hasta ahora, el tribunal ha aprobado pagos por US$ 4,7 millones, el tercer pago más abultado en profesionales.

El otro asesor es PTJ Partners, que actuó como banco de inversión para Latam. En este caso, sus honorarios suman US$ 1 millón, pero a diferencia de FTI, tiene un premio mayor, al final del proceso, si la reorganización financiera resulta exitosa: US$ 25 millones.