El balance judicial del INDH a once meses del estallido: 2.499 querellas y 28 formalizados (solo tres por daño ocular)

A cuatro semanas de que se cumpla un año del estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos prepara un balance sobre el estado de las causas judiciales iniciadas tras denuncias de abusos de agentes del Estado en contexto de protesta.

Uno de los puntos de preocupación entre los consejeros de la entidad que encabeza el abogado Sergio Micco ha sido el lento avance de las investigaciones judiciales. Tal como informó La Tercera PM en agosto, de las 2164 querellas presentadas por el organismo hasta el mes de mayo, solo había 21 formalizados, que representaban el 0.9% de los procesos, y se había tomado declaración a 764 víctimas (35.4% de los denunciantes).

Según las cifras actualizadas por el INDH, al 15 de septiembre -11 meses después del estallido- se contabilizan 2.499 querellas, 28 a nivel nacional, con 68 personas imputadas.

169 de las querellas presentadas por el organismo están asociadas a traumas oculares y, de ellas, hasta la fecha solo hay tres causas formalizadas: los casos de Gustavo Gatica, Fabiola Campillai y Brandon González.

En efecto, el 21 de agosto fue detenido el teniente coronel de Fuerzas Especiales Claudio Crespo, sindicado como el autor material de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica; mientras el 27 de agosto fue detenido el ex oficial de carabineros Patricio Maturana Ojeda, como presunto autor de las lesiones de Fabiola Campillai. En enero la fiscal Ximena Chong formalizó al excapitán Pablo Carvajal Díaz como responsable del trauma ocular de Brandon González de 19 años.

Según el balance del INDH, Carabineros es la institución con más imputados y querellas.

Del total de querellas interpuestas, 2.329 se dirigen contra Carabineros; 126 contra militares; 22 contra la PDI y una contra Gendarmería.

De los 68 imputados en las 28 causas formalizadas, 64 son miembros de Carabineros, tres son militares y uno es miembro de la Infantería de Marina. Asimismo, 24 de las querellas formalizadas están dirigidas a Carabineros y 4 contra miembros de las Fuerzas Armadas. (ver infografía)

INDH también clasifica el total de querellas por temática. Así, establece que de los 2499 procesos iniciados ante la justifica, 2.147 son por tortura y tratos crueles.

292 querellas son por tortura con violencia sexual; 8 por homicidios; 15 por lesiones; 36 querellas por homicidio frustrado y una por obstrucción a la justicia.

El lento avance de los procesos judiciales iniciados en el marco del estallido social y la estrategia judicial que es necesario seguir han sido discutidos varias veces en el consejo del INDH.

Al respecto, el director del INDH, Sergio Micco, plantea que “el avance de las causas judiciales vinculadas al 18 de octubre es clave para alcanzar la verdad y la justicia, y también son una forma de reparación hacia las víctimas. Por ello, como INDH nos interesa que éstas avancen lo más rápido posible. Otra verdad necesaria, es la que arrojarán los resultados de los procedimientos administrativos llevados por Carabineros, y por eso, insistimos en la importancia de que, a un año de la crisis social, seamos capaces de ver resultados concretos”.

El acta de la sesión del consejo del INDH del 25 de mayo pasado recoge parte del debate por el bajo número de causas formalizadas.

En esa oportunidad estuvieron convocados el jefe de la unidad de protección Rodrigo Bustos y el abogado Rodrigo Rivera, quienes entregaron a los consejeros un power point que evidenciaba 21 causas formalizadas hasta esa fecha y 10 regiones sin avances en las investigaciones.

“Se señala que hay dificultades en el Poder Judicial, principalmente por no contar con un buen conocimiento de la nueva Ley de Tortura, que no tiene formación en derechos humanos en muchos casos, lo que se ha visto en algunas resoluciones, recordando que algunos jueces no han admitido a tramitación querellas por considerar que si una persona estaba en una manifestación se podía suponer que podía estar sujeta a violencia o delitos en su contra...”, recoge el acta de la fecha señalada.

En esa oportunidad se agregan entre las causas de la lentitud en las indagatorias, “debilidades con el deber de investigar y dificultades probatorias en general”. También se apuntó a un cuello de botella en el SML y a la escasez de personal de la brigada investigadora de DD.HH de la PDI en regiones.

En esa sesión, el consejero Yerko Ljubetic planteó la gravedad de que los procesos no avancen particularmente en las provincias y advirtió que “no puede quedar en la sociedad la sensación generalizada de impunidad". “Señala que le preocupa esta situación, sobre todo proyectando que cosas como el estallido social probablemente vuelvan a manifestarse”, consignó el acta.

El consejero Carlos Frontaura, en tanto, propuso solicitar un fiscal especial para seguir los casos, pedir al Ministerio de Justicia recursos adicionales para el SML y la PDI, y establecer una política de vinculación y acompañamiento a las víctimas que el INDH representa.