El caso Ojeda no sale de La Moneda: cronología de un crimen sin responsables y que tensiona las relaciones con Venezuela

“Es que nosotros somos unos campeones. Si nosotros podemos hacer eso, ¿quién nos para en este mundo?”.

De esta manera, el 22 de febrero -un día después del secuestro del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda-, Diosdado Cabello, reconocido como el “número 2 del chavismo”, rechazó la hipótesis de que su país hubiese estado involucrado en el secuestro del disidente al régimen de Nicolás Maduro.

El caso por esos días era incómodo, tanto para autoridades chilenas como venezolanas. La Fiscalía era hermética, no se sabía el paradero de Ojeda, ni menos quiénes podrían ser sus captores. Eso, hasta el 1 de marzo, cuando la PDI encontró el cuerpo del exuniformado enterrado en una toma de Maipú.

De ahí en más la investigación avanzó y dejó a un detenido: un joven venezolano de 17 años, a quien se le situó como uno de los imputados que hicieron “vigilancia” fuera del edificio de Ojeda durante el secuestro. Su rol, entonces, quedó establecido como un cooperador para la concreción del crimen, pero no como autor intelectual, ni del secuestro ni del homicidio.

El caso es calificado en el Ministerio Público, y en la policía, como uno de los más graves del último tiempo. Ojeda era refugiado político y un activo opositor a Maduro, pero además tenía comunicación directa con otro militar (R) venezolano, quien poco antes de su secuestro había sido arrestado por agentes venezolanos para encarcelarlo en su país. “Operación Brazalete Blanco” fue calificada esa investigación, anunciada por el propio fiscal general de Venezuela, Tarek Williams.

El gobierno pidió colaboración a Venezuela y lo propio hizo la Fiscalía Sur, tomando en cuenta que había otros dos sospechosos directos del crimen: Walter Rodríguez y Michael Villegas, también venezolanos, y quienes habrían escapado a su país luego del homicidio.

Ambos se escaparon por la frontera, situación -al igual que el origen del caso- que no fue detectada por la Inteligencia de las policías chilenas, ni tampoco por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

El 13 de abril el fiscal Tarek Williams se refirió en su cuenta de “X” a una solicitud que recibió de la Fiscalía Sur. Allí se le pedían antecedentes de los sospechosos y también del propio Ojeda.

Según Williams, en ese entonces Venezuela estaba “procediendo a la ubicación de los sujetos señalados como presuntos involucrados en dicho crimen, para su inmediata detención en el caso de que los mismos se encuentren en nuestro territorio, ello conforme a nuestras obligaciones nacionales e internacionales”.

Poco antes el fiscal Héctor Barros, en Chilevisión, consultado si tenía la convicción de que el móvil del crimen había sido político, sostuvo que “hasta el momento no tengo otros antecedentes que nos demuestren o que nos indiquen hacia otro lado. En este caso, nosotros hemos descartado todas las tesis que tengan que ver con la participación de él en la comisión de algún ilícito, por lo tanto, la única tesis que queda vigente es la que usted indica”.

Después de esa declaración hubo matices y el Ministerio Público prefirió llamarlo un “crimen transnacional”, es decir, que fue ordenado desde Venezuela, pero no necesariamente por autoridades políticas. Aunque no se descartó nada.

Luego de eso las comunicaciones entre fiscales venezolanos y chilenos se reactivaron. Se envió información desde Caracas, pero en distintas etapas, donde se despacharon las fichas de los sospechosos, pero no novedades de su ubicación.

Con eso encaminado, sorprendió en el Ministerio Público cuando el propio fiscal Williams notificó al fiscal nacional, Ángel Valencia, que enviaría un equipo de investigadores a reunirse con él para conocer más sobre el caso. El objetivo, además, era acceder al expediente.

La Fiscalía Nacional dio un portazo a esta solicitud y solo autorizó a que el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional de Chile, Juan Pablo Glasinovic, recibiera a los fiscales venezolanos ¿El expediente? Era secreto y no sería entregado bajo ninguna circunstancia.

En el Ministerio Público asumieron que la explicación jurídica para no entregar la carpeta del caso fue convincente. Los fiscales venezolanos fueron cordiales, hablaron de las normas de cooperación internacional, se estableció un canal para comunicarse y se terminó de entregar lo referente a los sospechosos prófugos, en cuanto a sus antecedentes personales, pero no de su ubicación.

Eso fue el 30 de mayo, día hasta que duró una aparente cordialidad, porque siete días después el fiscal Williams, ya con su comitiva enviada a Chile en territorio venezolano, disparó: “Consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación de falsa bandera. Una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela, justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento. Qué casualidad”, planteó en una conferencia de prensa, asegurando que en esa supuesta operación “pueden haber participado cuerpos de Inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios”.

Estas declaraciones encontraron la reacción de las autoridades nacionales, obligando ahora al Presidente Gabriel Boric a referirse desde La Moneda a lo planteado por el fiscal Williams, anunciando la presentación de una nota de protesta -la segunda a raíz de este caso- a Venezuela.

“Chile es un país serio, en donde las instituciones funcionan, en donde hay separación de poderes y en donde la Fiscalía y el Ministerio Público están llevando una investigación seria, responsable (...). Por lo tanto, si desde otro organismo en particular de la Fiscalía venezolana tienen antecedentes serios, reales, los tienen que poner a disposición de la Fiscalía chilena”, dijo el Mandatario.

Antes también hablaron el ministro de Justicia, Luis Cordero; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el canciller, Alberto van Klaveren, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde. Es decir, los dardos del fiscal venezolano obligaron a que, además del Presidente, tuvieran que salir a dar explicaciones tres ministros y un subsecretario, en una causa que, por ahora, no da con sus autores intelectuales, y mientras eso no pase la muerte del teniente (R) Ojeda seguirá rondando La Moneda.