El espinoso debate abierto en España: Gobierno busca que la apología del franquismo sea delito

"En democracia no se homenajea a dictadores ni tiranos". Así, la vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Adriana Lastra, informó que el gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez buscará cumplir una de las promesas de campaña: que la apología o exaltación del franquismo sea tipificado como delito en el Código Penal. Hasta el momento no hay mayor información sobre el borrador de la reforma -que llegó a ser trendic topic en Twitter-, pero ya agitó las aguas entre los políticos españoles que se han dividido sobre el tema.

Pedro Sánchez y su socio Pablo Iglesias, líder del izquierdista Unidas Podemos, han decidido que es necesario seguir los pasos de Alemania, Italia y Francia donde hay medidas penales ante la "exaltación del nazismo y el fascismo".

Uno de los primeros pasos "simbólicos" en esa línea fue la exhumación del dictador Francisco Franco -que estuvo en el poder desde 1936 hasta su muerte en 1975- del Valle de los Caídos, en octubre pasado. Según el diario El País, los homenajes y los desencuentros entre los asistentes y contrarios "reforzaron" los argumentos para impulsar la propuesta. Para el diario La Vanguardia, es un iniciativa para que el electorado de izquierda dé la batalla contra el auge de la ultraderecha de Vox, que se convirtió a en la tercera fuerza del Congreso en 2019.

Así, la modificación en el Código Penal buscaría un equilibrio entre el delito de odio, que "requiere una incitación a la violencia", y la libertad de expresión.

Además, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos anunció que el proyecto estima también la exhumación de víctimas de la dictadura española que siguen en fosas comunes, el retiro de la simbología franquista de lugares públicos y estudiar "todas las vías legales" para remover las condecoraciones o prestaciones dadas a personas que realizaron actos criminales no juzgados durante el régimen de Francisco Franco.

"Saldrá una propuesta del Consejo de Ministros que luego el Congreso de los Diputados hará suya", sostuvo Lastra. La socialista, que sin formar parte del gobierno es una pieza clave del funcionamiento de la coalición, aseguró que el Ministerio de Justicia está "trabajando" ya en la redacción de la propuesta para reformar el Código Penal.

El diario español ABC sostiene que al ser un proyecto de ley del gobierno necesita ser aprobado por los organismos consultivos del Estado por lo que podría ser un proceso más lento que optar por debatirlo como propuesta de ley y por vía de urgencia.

Según la prensa española, a pesar de las disputas entre el PSOE y Unidas Podemos, las "políticas de memoria" siempre han encontrado consenso y mantienen un acuerdo en la hoja de ruta en la tipificación del franquismo como delito. Actualmente, el Código Penal español incluye los delitos de incitación al odio, discriminación y justificación del genocidio, pero no expresamente como franquismo.

Desde el franquismo, una de las primeras reacciones llegó desde la Fundación Francisco Franco, quiénes acusaron que no tienen fines políticos y que buscan su "ilegalización". En una entrevista con el diario español La Razón, el director de la fundación, Juan Chicharro, señaló: "Esperamos que Vox y el Partido Popular (PP) recurran a una medida que es inconstitucional".

En tanto, el portavoz de Vox, Iván Espinosa, acusó  al PSOE de intentar "limitar la libertad de expresión" a través de una "criminalización". Mientras la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, aseguró que es "una maniobra" del PSOE para tapar "la gravísima reforma que pretenden introducir en el Código Penal"

Los votos del PP permitieron que en 2013 fuera rechazada la iniciativa que consideraba como delito a la "tipificación de conductas que impliquen apología del franquismo, fascismo, totalitarismo o nazismo".

A diferencia de los primeros pasos que está dando España en cuanto a "memoria histórica", países vecinos como Alemania e Italia llevan una amplía ventaja en castigar la enarbolación de los símbolos de dictadura. 

En 1994, el Bundestag alemán votó a favor de un conjunto de medidas penales para combatir la "violencia xenófoba, la extrema derecha y el nazismo". Así, además de multas para quienes "aprueben, nieguen o minimicen, en público o en una reunión, los actos perpetrados durante la dictadura nazi", los infractores arriesgan hasta tres años de cárcel. Las medidas fueron conocidas como la "nueva legislación antinazi", en un intento de Alemania por borrar todo recuerdo de esos años y dejar atrás una sentencia del Tribunal Supremo que en los 90 afirmó que una "simple negación del holocausto judío no bastaba" para ser condenado por incitación al odio racial.

El artículo 86 del Código Penal de Alemania estipula que la apología del genocidio y la negación son penados por ley. A esto se suma la prohibición de consignas nazis -como el saludo por el que varios turistas han sido castigados-, la exhibición de simbología, afirmaciones favorables a Adolf Hitler y el nazismo en televisión.

En Italia el proceso fue más lento. Después de dos leyes, una de 1952 y una de 1993 que limitaban la resoluciones de los jueces, el país decidió incluir el artículo 293 en el Código Penal que en 2017 permitió que la "apología del fascismo" -que incluye la propaganda, simbología, gestualidad del partido fascista y del nacionalsocialista alemán y sus relativas ideologías, así como la "reconstrucción del partido fascista"- sea castigada con hasta cuatro años de cárcel. 

En el marco jurídico italiano son tipificados como "delitos contra la personalidad interna del Estado", lo que evidencia la postura de las instituciones estatales para combatir el fascismo en Italia.