El lobby de los malls con el SII para bajar el pago de contribuciones en la pandemia

Desde que cerraron sus puertas, los centros comerciales han debido enfrentar no sólo problemas con sus arrendatarios por el pago de gastos comunes, generando un quiebre que por estos días incluso se ventila en tribunales. Sus ejecutivos admiten que es muy probable que las pérdidas del comercio sean irremontables durante fin de año y al temor de volver a las cuarentenas -en caso de un rebrote- se suma la presión por cumplir sus obligaciones.

El 18 de marzo, el ministro de Economía, Lucas Palacios acompañado por la presidenta de la Cámara Chilena de Centros Comerciales (CCHC), Katia Trusich, anunció el cierre de los malls a nivel nacional, con la excepción de aquellas tiendas fundamentales para el abastecimiento de alimentos y medicamentos. “Lo primero es siempre la salud”, escribió en un tweet el secretario de Estado poco antes de la comparecencia pública. Esta semana algunos malls reabrieron parte de sus tiendas.

La orden de la autoridad obligó a que los centros comerciales dejaran de operar grandes espacios y tiendas, con lo que se vinieron abajo sus ventas. El pago de tributos, como el impuesto territorial (contribuciones), se levanta hoy como un nuevo foco de interés del gremio, integrado por Mallplaza -filial de Falabella-; Cencosud -controlado por Horst Paulmann-; VivoCorp -ligado a Álvaro Saieh-; Parque Arauco -controlado por el Grupo Said-; Patio -ligado a la familia Jalaff- y Pasmar, de propiedad de la familia Mosa.

Ante la inquietud por las pérdidas, en junio el gremio acordó realizar gestiones a fin de plantear la necesidad de aplicar una flexibilización en el pago de las contribuciones, puesto que -para sus socios- es un impuesto al patrimonio que obstaculiza la reactivación del sector. Un ejecutivo de la industria explica que se trata de una paradoja, puesto que si bien el gobierno les pide cerrar parte de sus centros comerciales debido a la pandemia, al mismo tiempo les cobra los impuestos como si esto no hubiera ocurrido.

En junio, pocos días después del acuerdo entre los socios del gremio, el gerente de Estudios y Asuntos Gremiales de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, Sebastián Castillo, envió un correo electrónico a los máximos ejecutivos del gremio . ¿La razón? Solicitar por medio de una planilla Excel el detalle de los metros cuadrados que disponían previo a la pandemia y que en ese momento no pueden utilizar.

“Si me dicen que no haga esa actividad económica con la cual financio el pago de tributos, mal puedo pagar el impuesto territorial si no tengo el flujo que me permite pagarlo. Entonces, lo que se está planteando es cómo no van a hacer algún tipo de medida que nos libere del pago. Una rebaja como si no tuviéramos edificio, porque en la práctica no tenemos edificio”, acota un ejecutivo de una cadena de centros comerciales que pidió la reserva de su nombre.

Tras ello, en los últimos 50 días el gremio se ha reunido en dos ocasiones con funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), a fin de solicitar que en esta crisis por la pandemia se apliquen los mismos criterios que se usaron durante el terremoto del año 2010: la suspensión del pago de contribuciones a empresas ubicadas en las comunas más afectadas.

La primera reunión se gestó el 9 de junio pasado. Por medio de una video conferencia, el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, dialogó con representantes del gremio de centros comerciales “sobre situación excepcional en materia de contribuciones”, según consta en el registro oficial de Ley de Lobby.

El miércoles 29 de julio, se llevó a cabo una segunda video conferencia. Esta vez no con el jefe de la repartición dependiente de Hacienda, sino que con Alicia Muñoz Musre, Subdirectora de Avaluaciones del SII. A la video reunión -que se extendió por una hora-, asistieron por parte del gremio, su presidenta Katia Trusich; Sebastián Castillo, gerente de estudios, y Carolina Alid, gerente de Comunicaciones y Contenido. Según el registro oficial de la cita, también se conectaron a la reunión Catalina Valderrama, gerente Regional de Impuestos en Cencosud S.A.; Santiago Mangiante, CFO de Cencosud Shopping; Rafael Egaña, subgerente Legal en VivoCorp S.A y Pablo Cortés, gerente Corporativo de Administración y Finanzas en Mallplaza.

Según el registro oficial, en la audiencia abordaron el “análisis de la situación tributaria respecto del Impuesto Territorial de los centros comerciales, bajo las actuales circunstancias de pandemia”.

Katia Trusich, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales explicó a La Tercera PM que “tal como consta en los registros públicos, durante esta crisis nuestro gremio ha solicitado audiencias con diversas autoridades mediante la plataforma de Ley de Lobby, con el Servicio de Impuestos Internos en particular para conocer los criterios que aplicaría en relación al tratamiento tributario de las contribuciones de bienes raíces para nuestro sector en el periodo de emergencia. Lo anterior porque existían dudas con respecto a la condonación de recargos legales al pago de contribuciones, y por el anuncio de facilidades para los contribuyentes en el cumplimiento de estas obligaciones tributarias”.

“El servicio explicó que existen normas a las cuales todos los contribuyentes se pueden acoger durante esta emergencia e informó que evaluará la inquietud planteada por el gremio en cuanto al incremento sostenido que ha experimentado el valor de las contribuciones”, dijo. “El SII nos dijo que cada asociado recurriera a las instancias de reclamación por cada inmueble para una evaluación caso a caso”, afirmó Trusich al ser consultada si fue desestimada la petición.

En tanto, la presidenta de la Asociación de Marcas del Retail, Paula Valverde -agrupación que reúne a arrendatarios de tiendas de centros comerciales- respaldó la petición de rebaja tributaria del gremio de los malls. “Nos parece que efectivamente tiene un punto el tema del cobro de las contribuciones por un bien que hoy no se está pudiendo utilizar de manera completa. Ahora obviamente se espera que esto se traspase a los operadores, que somos los que pagamos las contribuciones o parte de ellas finalmente del centro comercial”.

Expertos en materia tributaria señalaron que la petición del gremio cobra sentido debido a que el impuesto territorial se basa en que el contribuyente puede hacer “uso”, “goce” y “disposición” de los inmuebles. Sin embargo, afirman que es difícil que sea otorgada por el SII, puesto que tendría que promulgar una ley por medio de una exención transitoria del periodo en el que los bienes no fueron utilizables.

Desde el SII precisaron que “el servicio analizó técnicamente la petición y considerando la normativa vigente les respondió que no era factible”. Además, aclararon que no hubo una presentación oficial del gremio de los malls, sino que en dos reuniones por Ley de Lobby en las que se planteó la situación tributaria del impuesto territorial de los centros comerciales dada la emergencia.

A pesar de las complicaciones, como el pago de tributos y otras operativas, algunos centros comerciales han comenzado a retomar su actividad en la Región Metropolitana. Ayer se conoció la apertura parcial de Casa Costanera de VivoCorp; Mall Sport, de propiedad de Jorge Gálmez, y Mallplaza Los Domínicos y Egaña. En estos dos últimos casos, Mallplaza habilitó una sección en su página web que permite agendar visitas, previo a una inscripción.

La solicitud permite a los visitantes asegurar un cupo dado que cuenta con una capacidad limitada de aforo para evitar aglomeraciones. Para ello, se solicitan una serie de datos personales que, luego, autoriza a comunicar y proporcionar a todas las empresas del grupo Falabella. Desde Mallplaza explicaron que están haciendo ajustes al sistema y que la autorización al uso del tratamiento de los datos personales será voluntario.

Para la Asociación de Marcas del Retail aún persisten dificultades en el proceso de reapertura. Si bien han tenido -dicen- más tiempo del esperado para la elaboración de protocolos de salud, sostienen que se generan complejidades y el más relevante está vinculado a las exigencias de aforo. De hecho, se permitirá el acceso de una persona al centro comercial cada 10 metros cuadrados, por lo que el beneficios de retomar la actividad no será equitativo en el comercio, pues las más complicadas serán peluquerías y patios de comida.