Ministro de la Corte que votó para revertir prisión preventiva de Héctor Espinosa es profesor en la Escuela de la PDI

“Profesores de excelencia académica refuerzan jefatura de educación policial”. De esta manera, en 2016, a través de la revista institucional de la PDI, la institución anunciaba el selecto grupo de docentes que impartirían clases en la Escuela de la policía de civil.

Jueces, fiscales y exmiembros de la institución integraban este cuerpo de profesores, donde se incluía al ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Fernando Carreño. Hoy, el magistrado integra el tribunal de alzada de Santiago, y sigue impartiendo clases en la PDI, institución que hoy ve cómo su exdirector general, Héctor Espinosa, es investigado por los delitos de malversación y lavado de activos.

Los caminos de Carreño y Espinosa -quien dejó la PDI el 10 de junio de este año- se volvieron a cruzar esta semana. El juez integró la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que revocó la prisión preventiva de Espinosa, luego de 10 días. El exjefe de la policía fue formalizado por la Fiscalía, quien le imputó la malversación de $ 146 millones en gastos reservados.

El que el ministro Carreño haya integrado la sala y votado en favor de modificar la cautelar de Espinosa generó ruido entre quienes indagan el caso. Dado que el ministro sigue siendo profesor de la Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI, conocedores del proceso señalan que el juez debió inhabilitarse.

“En cuanto al imputado Héctor Espinosa Valenzuela, que para garantizar los fines del procedimiento resultan suficientes medidas cautelares de menor intensidad a la que se impuso en primera instancia y de cual se ha reclamado, en consideración a que le beneficia la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 6 de Código Penal”, dijo la resolución de la Corte, firmada por los jueces Mario Rojas, Carreño y el abogado integrante, Jorge Benítez.

Consultado el juez Carreño, a través de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, se señaló que antes de verse la apelación a la libertad de Espinosa, el ministro consultó a sus colegas si era o no necesaria su inhabilitación y se resolvió que no.

Esto, explicaron, dado que el ministro Carreño ya se ha inhabilitado en causas que involucran a efectivos activos de la PDI y que son representados por la institución. Por lo mismo, agregaron, como Espinosa fue exdirector de la policía en una causa donde la institución no es interviniente en el caso, se decidió que no era necesario inhabilitarse.

De acuerdo a lo detallado por el Ministerio Público en la audiencia de formalización, $ 146 millones de pesos habrían sido desviados por Espinosa en 53 depósitos a él y a su esposa, entre junio del 2015 y marzo del 2017. Además, $109 millones fueron depositados a cuentas de Espinosa y 37 millones a cuentas de María Neira (su cónyugue). El exjefe policial tuvo a su disposición, por concepto de gastos reservados, más de 1.300 millones de pesos en el periodo.

Pese a que la Corte de Apelaciones cerró la puerta a las intenciones de la Fiscalía de mantener a Espinosa en prisión preventiva, el Ministerio Público sí logró otro objetivo importante para ellos en la investigación: las cautelares reales de los bienes adquiridos por el exjefe policial.

El Ministerio Público logró que se congelara cualquiera operación destinada a la venta o arriendo de los bienes de Espinosa, específicamente un departamento en la comuna de Las Condes y otro en Viña del Mar. Lo mismo corrió para sus vehículos. En caso de llegar a un juicio oral y el ente persecutor lograra una condena, podrían ser requisados y destinados al Fisco.

Espinosa hasta ahora no ha declarado en la investigación. Solo una vez concurrió a dependencias de la Fiscalía, pero, según una querella interpuesta por su defensa por el delito de violación de secreto, como había prensa presente en el lugar, se decidió usar la prerrogativa de guardar silencio.