A través de contactos con sus partidos y sus ministras del comité político, el Presidente Gabriel Boric ha monitoreado las negociaciones que llevan las colectividades, incluyendo a ambas cámaras del Congreso Nacional, para arribar a un acuerdo que permita reeditar el proceso constituyente tras el rechazo al texto propuesto por la extinta Convención en el plebiscito del pasado 4 de septiembre.

Pese a que el Mandatario acusó el golpe tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional y se ha replegado de la discusión pública de los denominados bordes, que ya asentaron la base de un posible nuevo acuerdo, Boric no se ha mantenido indiferente al grueso de las conversaciones que por estos días se han concentrado en el mecanismo electoral y un contrapeso que haga exigibles los principios ya pactados.

Así, el Jefe de Estado ha estado atento y -según dicen en el oficialismo- estaría en permanente contacto con figuras cercanas a él como el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, como también con el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre. Es conocido también que el Presidente intercambia puntos de vista con figuras como el presidente del Senado, Álvaro Elizalde; el timonel de la UDI, Javier Macaya, o el secretario general de RN, Diego Schalper.

Una de las preocupaciones del Presidente-dicen en La Moneda- son los plazos, sobre todo, ante la decisión de la derecha de no zanjar un eventual acuerdo antes de noviembre, como ya han notificado al oficialismo. Los efectos de una dilación mayor, según negociadores, podría seguir teniendo un impacto negativo en la percepción ciudadana sobre la necesidad de continuar un debate constituyente.

Las mismas fuentes afirman que otro tema que levantó las alertas del Mandatario fue lo que califican como intentos de Chile Vamos por incluir en los bordes constitucionales cuestiones de carácter programático y que pudieran frenar las transformaciones comprometidas en su programa de gobierno. De hecho, parte de ese mensaje también se transmitió a los partidos de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático hace algunas semanas en un comité político ampliado.

La ministra Ana Lya Uriarte (Segpres), dicen, es quien ha mantenido informado al Jefe de Estado sobre las tratativas en el rol de enlace que él mismo le asignó al asumir en el cargo el pasado 6 de septiembre. Pese al papel formal de la socialistas, otras ministras de su comité político como Camila Vallejo (Segegob) y Antonia Orellana (Mujer) también siguen las conversaciones a través de sus nexos con el Partido Comunista y la Convergencia Social, respectivamente.

“Todos hemos estado apoyando como podemos las tratativas”, dice un representante del gabinete.

Además de los plazos y los amarres de contenido, un punto que preocupa al Presidente es que el debate no se mezcle con las reformas estructurales: la reforma tributaria, que ya se tramita en la Cámara de Diputados y la reforma a las pensiones, que tiene como fecha de envío inicios de noviembre. Este tema ha sido conversado en el comité político entre Boric y sus ministros, donde han advertido que estos asuntos deben ir por carriles separados.

“El pueblo chileno se pronunció mayoritariamente el 25 de octubre de 2020 por una nueva Constitución escrita por un órgano 100% electo para ese fin, por lo tanto, la idea de que a una nueva Constitución se pueda llegar solamente entre un acuerdo de los partidos políticos o un grupo de expertos designados, me parece que no respondería al mandato que el pueblo estableció en el plebiscito de entrada. Y creo que eso es un consenso bastante general”.

Esa fue parte de las declaraciones que dio el Mandatario, en septiembre pasado en un conservatorio en la Universidad de Columbia en Nueva York. El Jefe de Estado profundizó en lo que para él debería ser el nuevo proceso constituyente, apuntando a la necesidad de “bordes más claros”.

Pese a eso, los partidos de sus coaliciones han cedido a que el órgano que redacte una nueva Constitución no sea electo en su totalidad por la ciudadanía, algo que también ha inquietado a personeros del gobierno.

Ante eso, en Palacio aseguran que el Presidente ha transmitido que si bien lo óptimo sería un órgano electo, lo relevante para él es que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y busquen un mecanismo que representa a la ciudadanía y que sea lo más democrático posible.

Pese a eso, en La Moneda recalcan que Boric no está encima de las tratativas y que, por el contrario, está enfocado en gobernar y dar respuesta a las urgencias de la ciudadanía, por ejemplo, en materia de seguridad. Por lo mismo, agregan, ha seguido recorriendo el país, con viajes al norte la semana a pasada, y prontamente a La Araucanía.

Los dichos emitidos por el timonel de la UDI, Javier Macaya, no pasaron desapercibidos en el oficialismo. “Habilita una estabilidad institucional para Chile si la próxima Constitución lleva la firma del Presidente Boric”, afirmó el senador a ExAnte.

En Chile Vamos explican que hay un consenso instalado de que la mayor garantía que puede tener la centroizquierda -más allá del mecanismo electoral y lo moderado que pueda ser el nuevo texto- es que lleve la firma del Jefe de Estado. “Es un incentivo para la negociación. Será un gran logro. Este gobierno pasará a la historia por eso, no deja de ser relevante. Hay un incentivo simbólico y para nosotros, el incentivo, es que se acaba el debate de la Constitución de Pinochet”, dice un representante del sector.

Otro líder opositor consultado asegura que “efectivamente ayuda, porque los sectores radicales la tendrán más difícil para reclamar ilegitimidad”.