“El objetivo era matarme”: a dos años de la encomienda explosiva, Rodrigo Hinzpeter se querella por atentado frustrado en su contra

Carabineros trabaja por artefacto explosivo en Quiñenco
Rodrigo Hinzpeter conversando con carabineros en las afueras del edificio de Quiñenco, el día en que recibió un artefacto explosivo en su oficina. Foto: Hans Scott / Agencia Uno.

De acuerdo a la presentación, el paquete-bomba enviado al despacho del abogado en Quiñenco, tenía "el único objetivo de matarme". En el documento se detalla que el artefacto estaba compuesto por 105 gramos de dinamita.


“El día 25 de julio de 2019, alrededor de las 10:30 horas, en mi domicilio laboral ubicado en calle Enrique Foster Sur N°20, piso 14, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, se recibió una encomienda o paquete que fue entregada a través de la empresa Correos de Chile. La encomienda iba dirigida a mi persona”.

Así comienza la querella que presentó el actual fiscal de Quiñenco y exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por el frustrado atentado explosivo que se ejecutó en su contra a mediados de 2019. Solo por azares del destino, la bomba no se activó en su oficina. De haberlo hecho, han indicado fuentes de la indagatoria, pudo haber ocurrido el peor desenlace.

En los primeros párrafos del documento, el abogado realiza un pormenorizado detalle de cómo ocurrieron los hechos esa jornada: “Dicho envío (la encomienda) fue recibido por personal administrativo de mi lugar de trabajo y colocado sobre el escritorio de mi despacho personal; dado que me encontraba concentrado en mis actividades, no abrí el paquete en ese momento y luego debí ausentarme temporalmente de mi oficina”.

De acuerdo al exsecretario de Estado, “ese mismo día y antes de regresar a mi lugar de trabajo fui alertado por personal del Ministerio del Interior de que el referido paquete o encomienda podría contener un artefacto explosivo, ya que el mismo supuesto remitente había enviado, además, otro paquete similar a la 54° Comisaría de Carabineros de Chile de Huechuraba, el que hizo explosión al momento de ser abierto, causando serias lesiones al personal policial y daños a la propiedad pública”.

El relato continúa así: “Por lo anterior, el GOPE de Carabineros de Chile se dirigió a mi domicilio laboral, procedió a evacuar todo el edificio donde éste se ubica e identificó la encomienda recibida, estableciendo que efectivamente se trataba de un artefacto explosivo dirigido a mi persona, con el único objetivo de matarme”.

El artefacto, en concreto, estaba conformado por un cilindro de plástico, contenedor de 105 gramos de dinamita como sustancia explosiva y un sistema de activación eléctrico, mediante tracción, compuesto de una batería de 9 voltios, interruptor eléctrico, ampolleta, mecha industrial, detonador mecánico, pinza de madera, cables conductores, elementos de fijación. Todo esto se encontraba al interior de una caja de madera.

Y al final su testimonio, asegura que “la encomienda explosiva dirigida a mi persona, por su elaboración, mecanismo de detonación, sustancia empleada y por la cantidad de ésta, en caso de ser abierta, habría acabado con mi vida y la de cualquier otra persona que la hubiese abierto o se encontrara en las cercanías, pues fue remitida con el evidente propósito de ocasionarme la muerte y la de otras personas que tuvieran acceso al paquete remitido o se encontrara en las cercanías”.

La querella, si bien apunta a quienes resulten responsables, también apunta directamente a Francisco Solar Domínguez, alias “Cariñosito”, y quien se encuentra imputado por parte de la Fiscalía Sur como el presunto autor del envío de las encomiendas. El Ministerio Público, además, apunta sus sospechas hacia Mónica Caballero Sepúlveda, quien fue pareja de Solar y se le imputa acción en el envío del paquete explosivo que afectó al edificio Tánica, en Vitacura.

Ambos fueron imputados y absueltos del llamado Caso Bombas I, aunque después fueron detenidos y condenados en España por la instalación de una bomba en la Basílica del Pilar en 2013. Tras el cumpliendo de su pena, fueron deportados hacia Chile.

La querella, sin embargo, no es la única actividad que ha tenido esta nueva versión del caso Bombas. La Fiscalía ha ingresado escritos al 11º Juzgado de Garantía de Santiago pidiendo precisar algunos hechos imputados, tales como direcciones y otros asuntos menores. Para quienes conocen el sistema, esta es señal de que el Ministerio Público se encontraría próximo a cerrar el caso y presentar la acusación.

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